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Editorial

Las economías ilegales y el contrabando en Colombia: Los señores de las moscas

El siguiente artículo pertenece a una serie de cuatro informes basados en el trabajo de campo de Vanda Felbab-Brown en distintas regiones de Colombia en enero de 2011. Aquí, describe su viaje a la frontera de Colombia con Venezuela, donde el contrabando está descontrolado. Lea también su análisis sobre seguridad en Nariño; su visita a las comunas de Medellín ; y su síntesis sobre la estrategia de seguridad nacional del gobierno de Santos.

Un muchacho a bordo de una motocicleta se dirigió hacia nosotros y nos preguntó si necesitábamos ayuda. No se estaba ofreciendo a darnos instrucciones en el caso de que estuviéramos perdidos en la ciudad fronteriza de San Antonio, en Venezuela; nos preguntaba si necesitábamos ayuda para contrabandear algo a Colombia. A lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia, existen diversas zonas de entrada libre (sin visa) como ésta, entre San Antonio y Villa del Rosario, Colombia, y ambas constituyen el medio de vida de las comunidades fronterizas y el paraíso de los contrabandistas.

Debido al anacrónico tipo de cambio de Venezuela y a las diferencias impositivas y de precios, los colombianos de Catatumbo, una región pobre azotada por el desempleo, la coca y la violencia, prefieren ir a Venezuela a comprar un sinnúmero de productos básicos para el hogar. Pero en la frontera, se encuentran con los guardafronteras venezolanos y los potenciales derechos de exportación o la confiscación de sus productos. Es aquí donde los muchachos, conocidos como las moscas, entran en acción. Ellos saben quiénes de los notoriamente corruptos guardafronteras venezonalos son corruptos confiables, que por una comisión les permitirán pasar la mercadería contrabandeada. Los clientes se detienen y esperan con sus vehículos o a pie en las calles, no muy lejos de la frontera y las moscas se apiñan alrededor, ofreciéndoles sus servicios de contrabando. Cruzan los productos al otro lado de la frontera, comparten una parte de la ganancia con el guardafrontera y les entregan la mercadería a sus clientes en Colombia. Cuando con fines de investigación – en realidad no teníamos intención de contrabandear nada – le dijimos a nuestra mosca que queríamos comparar una red de básquetbol y llevarla a Colombia, él nos dijo que la red sería demasiado visible en su motocicleta y que necesitábamos una mosca con vehículo. Una vez que mi guía local de Catatumbo le aseguró que esta gringa de aspecto demasiado extraño no comprometería sus operaciones, nos recomendó a un colega con vehículo.

El contrabando serio, obviamente, involucra a actores mucho más importantes que las moscas. Hay mucho contrabando ilegal a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela que involucra drogas, gasolina y automóviles. Si bien la región de la frontera tripartita, donde se encuentran Brasil, Paraguay y Argentina, es más conocida como concentradora de contrabando en América Latina, la frontera entre Colombia y Venezuela es quizás aún más porosa y canaliza vastas cantidades de cocaína y otros productos básicos. Los perpetuados actores armados de Colombia – las guerrillas izquierdistas FARC y el ELN y los ex grupos paramilitares reconstituidos de extrema derecha, como las Águilas Negras, la Organización Nueva Generación, Los Rastrojos y otras pandillas criminales, luchan por el control de este tráfico enormemente lucrativo y de la frontera. Ambos grupos de actores usan el territorio venezolano para sus operaciones.

En Catatumbo, mientras las FARC y el ELN han sido empujados a la selva, los ex grupos paramilitares gobiernan las economías ilegales e intentan gobernar también la vida de las comunidades. El gobierno colombiano insiste en que estos grupos, que han emergido tras el proceso de desmovilización en 2005 de la antigua agrupación paramilitar, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), no son grupos paramilitares sino apenas bandas criminales sin ambiciones políticas. Pero en Catatumbo y en el resto de Colombia, exhiben un comportamiento muy similar al de las antiguas AUC: imponen toques de queda, dictan códigos de vestimenta, extorsionan a negocios legales e ilegales por igual e influencian las elecciones locales. En Cúcuta, la principal ciudad de Catatumbo, los organizadores de la comunidad local aún les temen y alegan que sus conexiones con la policía local, el ejército y las estructuras políticas están demasiado arraigadas como para permitirles denunciar los frecuentes crímenes en Cúcuta o las constantes desapariciones de personas de la región. Al igual que las AUC, luchan contra las FARC con distintos grados de participación, según las circunstancias locales. Y si bien no tienen una agenda nacional como los líderes de las AUC, entienden que su poder crece y las empresas criminales prosperan siempre que tengan buenas conexiones con los políticos locales.

El control que ejercen estos grupos es menor y más clandestino de lo que solía ser. En el auge de su poder a principios del 2000, los grupos paramilitares patrullaban abiertamente la ciudad de Cúcuta junto a la policía y al ejército. El pueblo vecino de Juan Frío, la sede del parajefe local, era conocido por los castigos a quienes lo desobedecían: existen rumores acerca de que algunas personas fueron cortadas en pedazos con una sierra o quemadas vivas en hornos. Hoy, Juan Frío está intentando reinventarse así mismo como centro turístico para los fines de semana, conocido por sus restaurantes de pescado. Pero cuando en una de estas cantinas locales intenté conversar con el mesero acerca de los nuevos grupos paramilitares, echó un vistazo a su alrededor y se alejó rápidamente.

Quienes logran superar sus miedos y están dispuestos a hablar sin identificación de fuentes, insisten en que la presencia de nuevos grupos paramilitares/bandas criminales es fuerte, sólo que ahora a menudo se presentan como empresas de seguridad privadas. Independientemente de si se las llama bandas criminales o grupos paramilitares, cinco años después de la desmovilización de las antiguas AUC, estos actores armados tienen ahora casi 10.000 combatientes en Colombia y una vez más atemorizan a las comunidades locales. En la década de los años 80, portaban fusiles AK-47; en los años 90, incorporaron uniformes oficiales a sus AK-47; y en la actualidad, visten de civiles o usan uniformes de compañías de seguridad privadas y llevan un silenciador en su Luger. Pero su capacidad de coercer a las comunidades locales y de corromper a las autoridades locales todavía es fuerte.

Asimismo, actúan como los señores de las moscas y dominan a otra clase de contrabandistas locales, los pimpineros, imponiéndoles impuestos y en ocasiones, exigiéndoles el pago de franquicias. Los pimpineros son pequeños contrabandistas de gasolina diseminados por las calles de Cúcuta y venden el combustible en botellas de plástico. La gasolina de contrabando se vende a casi la mitad del precio de la gasolina oficial en Cúcuta y a una cuarta parte del precio en Bogotá. Los actores que controlan el contrabando de gasolina a granel y que pueden traerla desde Venezuela a Bogotá, pueden ganar más dinero que aquellos que contrabandean cocaína a las fronteras colombianas y a la vez se cruzan mucho menos con la policía.

Sin embargo, el cumplimiento de la ley rara vez se aplica a los pimpineros. Cuando las autoridades de Cúcuta intentaron cortar las ventas de gasolina de contrabando durante algunos meses, se desencadenaron numerosas protestas sociales y demostraciones debido a que el contrabando de gasolina, al igual que cualquier otro tipo de contrabando, constituye el único medio de vida de muchos habitantes del lugar. Las autoridades locales cambiaron de opinión y permitieron la venta de gasolina de contrabando sólo si los pimpineros se limitaban a una determinada cantidad, se unían a un sindicato y pagaban un pequeño impuesto. Algunos obedecieron, otros no. Pero no quedó claro si los pimpineros estaban a gusto con ese estado de semi legalidad: algunos argumentaron que ahora debían pagar impuestos a los paramilitares y al gobierno local.

Una de las lecciones que nos aporta este pequeño ejemplo sobre economías ilegales es que la legalización no es una panacea para las complejas amenazas y desafíos que implican las economías ilegales. Siempre que el estado no tenga el control firme de la situación de seguridad y no pueda aplicar las leyes, las economías legales, al igual que las ilegales, pueden ser las fuentes de financiamiento y capital político para peligrosos actores no estatales y pueden verse invadidas por la violencia y la corrupción.

La otra lección también es un desafío para la nueva administración colombiana del Presidente Juan Manuel Santos: si su gobierno quiere expandir los avances de la anterior administración de Álvaro Uribe en materia de seguridad e implementar efectivamente las reformas socio-económicas planeadas, el gobierno colombiano debe enfocarse en las nuevas bandas criminales con la misma fuerza y de manera tan sistemática como lo hizo con las FARC. Empezar de inmediato resulta imperativo: los actores armados de Catatumbo y Colombia ya se están preparando para manipular las próximas elecciones municipales, en octubre de 2011.

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