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Editorial

La coca y la inseguridad en Nariño, Colombia

El siguiente artículo pertenece a una serie de cuatro informes basados en el trabajo de campo de Vanda Felbab-Brown en distintas regiones de Colombia en enero de 2011. Aquí, analiza la seguridad en Nariño. Lea también su visita a las comunas de Medellín; su viaje a la frontera de Colombia con Venezuela donde el contrabando está descontrolado; y su síntesis sobre la estrategia de seguridad nacional del gobierno de Santos.

Comparada con los comienzos del año 2000, la situación general en cuanto a seguridad ha mejorado considerablemente en Colombia. El movimiento guerrillero de izquierda, las FARC, se ha debilitado sustancialmente llegando a unos 9.000 combatientes. Expulsados de los principales accesos, de los centros poblacionales y de sus antiguos fuertes, ya no representan la amenaza estratégica que eran hace una década. Los grupos paramilitares de la década de los años 90, que masacraron y desplazaron a cientos de miles de colombianos de sus tierras, fueron desarmados. Los crímenes, las masacres y los secuestros han disminuido.

Pero estos logros a nivel nacional no reflejan la realidad que se vive en toda Colombia. Las bandas criminales, como las llama el gobierno de Colombia, han emergido descendientes de los grupos paramilitares y se han reagrupado para llegar actualmente a casi 10.000 combatientes, que amenazan a muchas comunidades y participan constantemente de crímenes e intimidación. Es más, a pesar de muchos logros importantes contra el liderazgo de las FARC, el movimiento guerrillero está lejos de acabarse.

En la provincia sureña de Nariño, cerca del límite con Ecuador, la situación en seguridad hoy es mucho peor de lo que era tres años atrás. Explotan bombas en Pasto, la ciudad capital, y el límite con la provincia de Putumayo ha sido testigo de actividades violentas por parte de las FARC. Para aliviar la presión sobre su actual líder, Alfonso Cano, las FARC han estado llevando sus distintos frentes a Nariño para concretar allí sus principales operaciones de combate. La reubicación de la coca en Nariño también atrajo a las bandas criminales. La intensa fumigación aérea a principios del año 2000 en la ciudad vecina de Putumayo, redujo considerablemente el cultivo de coca allí, pero lo desplazó a otras regiones de Colombia, como Nariño. Varias de estas bandas, incluidas Águilas Negras, Organización Nueva Generación y Los Rastrojos, se disputan mutuamente y con las FARC el control de los campos de coca de Nariño y el comercio de la coca que sale de sus costas.

Cuando recientemente viajé desde Pasto hasta el puerto de Tumaco, al sur de Nariño, repitiendo el viaje de investigación que hice tres años atrás, muchos de mis contactos locales trataron de advertirme, haciendo énfasis en que los peligros eran mucho más serios que en el 2008. Y cuando finalmente terminamos en el camino a altas horas de la noche, el conductor que me llevaba no estaba para nada cómodo. Tumaco no sólo es un importante concentrador de droga con un alto índice de homicidios, representantes de la aterrorizada comunidad afro-colombiana sujeta a intimidación y masacres en forma permanente, y representantes de las organizaciones narcotraficantes mexicanas que coordinan la compra de cocaína a sus proveedores colombianos, sino también un lugar con una fuerte penetración de las bandas criminales que controlan distintas economías ilegales e informales, e incluso el mercado callejero de tarjetas de crédito para teléfonos celulares.

La municipalidad de Tumaco es también uno de los lugares con cultivo de coca más intenso en Colombia en la actualidad. Si bien están expuestos a las continuas e intensas fumigaciones aéreas y a la frecuente violencia tanto de las guerrillas izquierdistas como de las bandas criminales, los cocaleros de Nariño son demasiado pobres y están demasiado aislados en la selva de la costa del Pacífico como para tener otras alternativas. El desempleo en Nariño ronda el 20% y muchos de sus cocaleros migraron al departamento provenientes de otras regiones sometidas a la erradicación de la coca por parte del gobierno y al desplazamiento forzado por parte de los grupos armados y criminales, a comienzos de la década.

Más aún, la llamada política de “coca cero” del gobierno colombiano en Bogotá obstaculiza una respuesta antinarcóticos efectiva que podría ayudar a poner fin a la dependencia de los agricultores en el cultivo de la coca. La política de “coca cero” viene de los años de presidencia de Álvaro Uribe, y condiciona a todos los gobiernos y frecuentemente la asistencia para desarrollo de la USAID, al hecho de que una comunidad erradique primero la totalidad de sus cultivos de coca, antes de calificar para recibir cualquier tipo de asistencia. Los problemas con esta política son múltiples, y con frecuencia la hacen no solo infectiva sino también contraproducente. Más importante aún, la erradicación, que incluye la autoerradicación de coca, destruye las plantas de coca de un día para el otro, pero el desarrollo de una producción económica legal a menudo requiere muchos años. Es necesario superar primero al conjunto de factores estructurales del cultivo ilícito antes de que se pueda incorporar la producción legal: es necesario construir caminos en tierras de muy difícil acceso, otro tipo de infraestructura e instalaciones de procesamiento así como desarrollar cadenas de creación de valor. Sin embargo, estos factores estructurales rara vez se abordan en forma completa. Frecuentemente, la asistencia económica fluye lentamente, en forma dispersa y con recursos profundamente inapropiados. En algunos de sus programas, vinculados o no con la reducción de la coca, el gobierno da por cumplida la tarea de suministrar asistencia y de vincular una comunidad con el gobierno después de tan sólo haber entregado ese único recurso que la comunidad más desea, ya sea un generador de energía, una escuela o una clínica. Pero si bien una entrega de este tipo puede mejorar la vida en la comunidad, no cambia sus patrones socioeconómicos ni alivia la marginalización, la pobreza o el cultivo de coca u otros patrones de ilegalidad e inseguridad.

Mientras tanto, como resultado de haber erradicado toda la coca antes de recibir cualquier tipo de asistencia, el ingreso en muchas de las antiguas comunidades cocaleras se desploma un 80
% de su ingreso previamente en niveles de pobreza. En la llanura de Tumaco, donde la pesca proporciona la fuente de proteínas, y si asumimos que las bandas criminales no se roban la captura de los pescadores, algo que han comenzado a hacer recientemente sin gran interés de parte de la policía local, para quienes perseguir a los narcotraficantes tiene muchas más probabilidades de garantizarles una recompensa, la caída en los ingresos no necesariamente amenaza la seguridad alimentaria. Pero en la región andina de Nariño y en las demás regiones de Colombia, la autoerradicación de coca a menudo limita severamente la ingesta de carne a apenas una vez por mes. El programa de seguridad alimentaria del gobierno, que consiste en entregar algunos pollos y enseñar a los agricultores a cultivar plátano y arroz, a menudo resulta profundamente inapropiado. En consecuencia, la comunidad se desilusiona del proyecto y de la idea de desarrollo alternativo. En Putumayo, por ejemplo, el principal campo de batalla para la erradicación y las campañas antinarcóticos en los años 90 y principios del 2000, se ha producido un cambio generacional. Los cocaleros más viejos se organizaron para oponerse a la erradicación y exigir desarrollo alternativo. Pero muchos de los más jóvenes han visto que los medios de vida legales no se concretaban tras la erradicación: sólo saben de coca y de cómo evadir y adaptarse a las maniobras de erradicación. Muestran mucho menos interés en el desarrollo alternativo y en la conexión con el estado.

Para aquellos cocaleros que no han experimentado el incumplimiento de las promesas de medios de vida legales con la suficiente frecuencia como para abandonar al estado y perder interés en el desarrollo alternativo, la política de coca cero es un obstáculo importantísimo para romper el vínculo con la ilegalidad y la inseguridad. Cuando tan sólo un integrante de una comunidad regresa al cultivo de coca, toda la comunidad queda descalificada para recibir asistencia del gobierno. Este es el caso aún si los cocaleros fueran obligados a cultivar coca por parte de los grupos armados, de quienes el gobierno no ha sido capaz de protegerlos. En ocasiones, el resultado de erradicación sin asistencia económica significativa implica el respaldo tácito de los cocaleros a los grupos armados como las FARC. Éstos son brutales y su ideología ya no resuena, pero luchan contra la erradicación y preservan los medios de vida de los cocaleros.

Los funcionarios del gobierno colombiano en Bogotá a menudo rechazan preguntas acerca de los medios de vida de los cocaleros, argumentando que con suficiente presión, “los cocaleros se mudarán y se dedicarán a otra cosa, como trabajar en la tienda de autos de su tío”. El problema es, por supuesto, la falta de tíos con tiendas de auto y las oportunidades de empleo. Muchos cocaleros sí se mueven, pero se llevan la coca con ellos. Al menos hasta cierto punto, el gobierno de Bogotá es consciente de los peligros de la erradicación sin la suficiente asistencia económica, inmediata y efectiva para aquellos que dependen del cultivo de coca como medio de vida básico. En La Macarena, la vidriera de la contrainsurgencia de Colombia centrada en la presencia multifacética del estado y la vinculación de la población con el estado, a donde con frecuencia se lleva a los visitantes extranjeros de visita, la política de coca cero no se aplica.

Tampoco sucede que los grupos beligerantes o las bandas criminales quiebren como resultado de la erradicación, cuando las fumigaciones o la erradicación manual exterminan los campos locales de coca. Simplemente pasan a extorsionar a la comunidad para obtener beneficios de otras empresas locales, tanto si se trata del negocio legal de la extorsión o de robarles la captura a los pescadores.

El gobierno del departamento de Nariño trata de hacer lo mejor que puede en el marco de la política nacional de cero coca, para implementar al menos algunos proyectos de medios de vida alternativos para sus numerosos cocaleros. Su proyecto en las regiones montañosas finalmente ha visto el desembolso de ayuda económica proveniente de la Unión Europea. En las regiones de coca de Tumaco, se lleva a cabo otro proyecto para unas 2.000 familias afrocolombianas, asignando dinero para rehabilitación de plantaciones de café y un camino de la USAID, recibiendo algo de dinero del gobierno Colombiano y pidiendo dinero al sector privado para electrificación. Pero si bien sus funcionarios tienen algunas ideas acerca de cómo generar cadenas de creación de valor y quizás establecer una planta de procesamiento de frutas, carecen de los fondos. También han tenido que rechazar a varias otras comunidades que se ofrecieron voluntariamente para erradicar a fin de calificar para medios de vida alternativos, ya que el gobierno de Nariño no tiene el dinero. Mientras tanto, después de casi dos años de formar parte del proyecto y de erradicar casi 900 hectáreas de coca, los antiguos pero todavía muy pobres cocaleros de Tumaco se están poniendo impacientes y ansiosos. ¿Cuándo llegará el trabajo legal y cuándo se incrementarán sus ingresos al menos un poquito? Hasta los diligentes funcionarios temen que algunos de los cocaleros vuelvan al cultivo ilícito y violen la política de coca cero, y que Bogotá les corte todo tipo de envío de dinero y que su concienzudo esfuerzo se desmorone.

El gobierno del Presidente Santos ha conservado las políticas efectivas de su antecesor, pero también trajo ideas nuevas. Es tiempo de que abandone la contraproducente política de coca cero y que traduzca en hechos sus palabras sobre desarrollo económico y social. Después de todo, la campaña más efectiva en medios de vida alternativos, la única que tuvo éxito para eliminar el cultivo ilegal a nivel nacional, en Tailandia, experimentó y rechazó una política similar a la de coca cero. En su lugar, implementó la erradicación progresiva de amapola a medida que el desarrollo económico se instauraba y aparecían medios de vida alternativos en una comunidad. Es posible que una comunidad haya erradicado parte de sus plantaciones de amapola al comienzo para demostrar compromiso, pero la erradicación a cero no se exigió porque era claro que no se podía generar un ingreso legal con la misma rapidez. A medida que fueron apareciendo más ingresos, más empleos y más campañas de desarrollo rural, se fueron erradicando más plantaciones ilegales en el área. Colombia se está ofreciendo cada vez más al mundo como modelo de campañas antinarcóticos, contrainsurgencia, contra la delincuencia urbana y la desmovilización. Quizás también podría aprender de su propia historia y de Tailandia cómo mejorar y consolidar sus logros.

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