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Editorial

América Latina, entre la hipocresía y el narcoterrorismo

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La reciente polémica por la utilización de las bases militares colombianas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses plantean ciertas preguntas cruciales sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. El acuerdo entre Estados Unidos y Colombia permitirá al ejército estadounidense acceder a siete instalaciones existentes con la finalidad de llevar a cabo operaciones antidrogas y contrainsurgencia. Esto permitiría a Estados Unidos mantener su presencia en tierras sudamericanas después del cierre de su base militar en Manta, Ecuador.

Como era de esperar, el anuncio de este acuerdo ha despertado la cólera del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que incluso ha amenazado con cortar sus relaciones diplomáticas con Colombia. No obstante, no parecía tan predecible que el acuerdo fuera recibido con inquietud por otros gobiernos sudamericanos, en concreto Brasil. Lula, el presidente brasileño, tocó el tema de un modo insistente en una reciente conversación con el presidente Obama. Entre tanto el presidente Uribe, de Colombia, se vio obligado a realizar un recorrido relámpago por las capitales sudamericanas para aplacar los temores regionales, un gesto diplomático poco usual que concluyó con resultados mixtos.

Estados Unidos debería sacar ciertas lecciones de este debate. Las políticas antidrogas son el motivo principal que argumentan tanto Estados Unidos como Colombia para realizar este acuerdo. No obstante, tal como demuestra la situación en México y América Central, éste no es un problema puramente bilateral. Por ello, los países latinoamericanos tienen motivos para sentirse preocupados ante las graves consecuencias que tendrá para la región la “Guerra contra las drogas” que quiere emprender Estados Unidos. Numerosas organizaciones e individuos, entre ellos la Comisión Alianza de las Américas del Instituto Brookings y la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, han pedido un cambio en la estrategia actual, la cual está enfocada en la erradicación forzada de los cultivos ilícitos.

Así, si Estados Unidos va a tener capacidades operativas en América Latina para sus campañas antidroga, al menos debería exigir que se establezca un diálogo adecuado entre los países productores, consumidores y de trasbordo. Es hora de que el hemisferio tenga una discusión seria sobre cómo enfrentar un problema cuya solución no sólo está en las selvas de Colombia, sino también en las calles de Washington, Los Angeles y Chicago.

La segunda lección tiene que ver con la forma y el contenido. El acuerdo fue anunciado de repente y no pareció ir precedido del trabajo diplomático necesario para evitar la fría reacción que provocó en ciertos aliados de confianza para Estados Unidos, como Chile y Brasil. Aparentemente resultó una sorpresa para todos. Si la intención es desarrollar una alianza respetuosa con América Latina, tal como anunció el presidente Obama en la Cumbre de las Américas, la diplomacia estadounidense debe esforzarce por hacer un mejor esfuerzo del que se ha hecho hasta ahora. Concretamente, debe ser consciente de la susceptibilidad de una potencia emergente como Brasil, que se considera un actor clave en el tema de la seguridad de Sudamérica.

No obstante, Brasil y el resto de Sudamérica también deben comprender un par de cosas. Brasil debería darse cuenta de que el poder conlleva la responsabilidad. Para que sus intereses de seguridad sean tomados en serio, no sólo por parte de Estados Unidos sino también de sus vecinos sudamericanos, Brasil debería redoblar de un modo significativo su cooperación con el resto de la región en materia de seguridad, y apoyar al gobierno colombiano en su legítima lucha contra el terrorismo de las FARC. Ante la mirada displicente de Brasil, la reciente Cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas celebrada en Argentina no manifestó su condena a las FARC ni amonestó a los países que las han apoyado. Si Brasil desea convertirse en un líder regional, debe empezar a desempeñar un papel más decisivo.

De igual modo, el resto de la región debe comprender que no puede jugar a dos bandas. Los demás países pueden contemplar la lucha contra las FARC como un problema únicamente colombiano en cuya solución no están dispuestos a ayudar, en cuyo caso el gobierno de Colombia puede formar las alianzas de seguridad que considere adecuadas. Alternativamente, pueden considerarlo un problema internacional, cuya solución requiere que se establezca un compromiso claro de apoyo y cooperación por parte de toda la región. Sólo en este último caso, el resto de la región merecería ser informado y consultado por Colombia en temas de seguridad. Dado que las consecuencias de la falta de seguridad por la presencia de las FARC han llegado hasta algunos países de América Central, por no hablar de Venezuela y Ecuador, está claro que el gobierno colombiano tiene derecho a solicitar una ayuda internacional contundente en esta lucha.

El éxito de una nueva alianza entre Estados Unidos y América Latina, incluyendo entre otras cosas en materia de seguridad, requerirá un cambio de mentalidad significativo de ambas partes. Aún así, la falta de sensibilidad, la hipocresía y el sentimiento de superioridad demostrado por los actores principales en la actual disputa sobre las bases colombianas, son indicios poco prometedores.

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