La elección de Barack Obama ha suscitado enormes expectativas en todo el mundo, incluyendo a América Latina y al Caribe (ALC). Aunque, comprensiblemente, durante su primer año en el cargo la atención del Presidente Obama se ha centrado sobre todo en los importantes retos a los que se enfrentan Estados Unidos, Oriente Medio y Asia, existen tres motivos por los que las relaciones dentro del continente son cada vez más importantes.
1. El descontento social en ALC, la región con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza y de los ingresos, amenaza la confianza de muchos de nuestros ciudadanos en la democracia. La rabia y la insatisfacción ante la situación actual están dando alas a los políticos que están reciclando peligrosas fórmulas populistas que ponen a los dirigentes por encima de las instituciones. En las calles de ALC podemos oír las voces de 200 millones de mujeres y hombres pobres y excluidos que no pudieron saborear los frutos económicos de la prosperidad anterior al colapso financiero global. Exigen un puesto de trabajo con un salario digno, acceso a agua potable y condiciones de salubridad, una asistencia sanitaria y educación de calidad, energía limpia, un entorno no contaminado y un acceso igualitario a la justicia. Los jóvenes están impacientes por conseguir acceso al mundo digital.
2. Mientras a EE.UU. le consumen otras cuestionas, potencias emergentes cruzan los océanos para acercarse a ALC, donde están avanzando considerablemente hacia la consecución de sus propios objetivos. China se mueve por los recursos naturales de la región, Irán está interesado en obtener materias primas para su programa de armas nucleares y también en una conveniente alianza con los gobiernos populistas autoritarios de nuestro continente.
3. Los vínculos entre América del Norte y ALC seguirán fortaleciéndose en un futuro próximo. Hoy en día viven 45 millones de latinos en EE.UU. (el 17% de la población); las previsiones sugieren que, en el año 2050, esta población casi se habrá duplicado.
Si el crecimiento económico de nuestra región no va acompañado de políticas sociales claras que ofrezcan unos resultados concretos y perceptibles para los más pobres de los pobres, y si carecemos de instituciones democráticas fuertes, corremos el riesgo de que la pobreza trunque nuestra prosperidad económica y conspire contra la democracia.
Las necesidades de nuestro continente
En los últimos quince años, los países de ALC han experimentado cambios drásticos en las esferas económica, social, política y diplomática. Estos cambios han propiciado muchos intentos de redefinir las relaciones entre los países de la región, así como su posición colectiva frente al resto del mundo, en especial a través de la creación de nuevas organizaciones multilaterales, como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Consejo Sudamericano de Defensa. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, fundada en Playa del Carmen, México, a finales de febrero, es el último intento de reformar las relaciones internacionales de la región.
La frecuente creación de instituciones nuevas sugiere que el organismo político multilateral establecido desde hace tiempo en la región, la Organización de Estados Americanos (OEA), que incluye a Estados Unidos y Canadá, debe esforzarse más por no volverse innecesaria. La Carta Democrática Interamericana adoptada en Lima, Perú, durante la Asamblea General de la OEA del 2001 es vinculante para los 35 estados miembros. La Carta advierte de que el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que tienen repercusiones negativas no sólo para nuestras economías, sino también para la consolidación de la democracia. Así, los gobiernos que firmaron el acuerdo reconocieron que la eliminación de la extrema pobreza es clave para la preservación del orden democrático; esta tarea crucial es una responsabilidad común y compartida de los estados americanos. Nuestros líderes e instituciones multilaterales deben actuar y obtener resultados para evitar que esta Carta democrática se convierta en poco más que una recopilación de palabras vanas.
La OEA, que es de todos los ciudadanos de América, se enfrenta al enorme reto de contribuir de forma significativa, clara y perceptible al fortalecimiento de las instituciones democráticas, para garantizar que sean independientes, participativas, transparentes, resistentes a la manipulación, y que ofrezcan espacio para la responsabilidad descendente (desde los cargos electos hasta aquellos a los que gobiernan).
En resumen, los estados americanos necesitan una nueva agenda compartida y explícita para la democracia. Debemos ir más allá de la extracción de materias primas e invertir de un modo inteligente en la materia gris de nuestro pueblo, que es necesaria para competir con otras regiones en las economías del conocimiento de la actualidad. Para conseguir estos objetivos también debemos ser conscientes de que tenemos la gran responsabilidad de proteger el medio ambiente por el bien de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.
Pocas veces en su historia ha tenido ALC un potencial tan grande para convertirse en una región prometedora con un papel clave en la economía mundial y la comunidad democrática internacional, como ocurrirá en los próximos diez o quince años. Para asegurarnos de que no malgastamos esta oportunidad, debemos construir juntos una Agenda Social común que promueva el crecimiento económico sostenido con distribución (porque no podemos redistribuir la pobreza), así como una inclusión social que respete nuestra diversidad cultural y refuerce la sostenibilidad de los sistemas políticos saludables.
La Agenda Social para la Democracia
Afortunadamente, la OEA no tiene que enfrentarse sola a esos retos ni llegar a un acuerdo partiendo de cero. En los últimos 28 meses, un grupo de veinte expresidentes de ALC, líderes en sus respectivos países y en la región, se ha unido a otros líderes y grandes expertos en desarrollo del mundo, que han aportado su experiencia para redactar una Agenda social para la democracia en América Latina para los próximos 20 años (una iniciativa encabezada por el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia).
Las 63 recomendaciones de política social para los sectores público y privado incluidas en la Agenda social han sido presentadas a los jefes de Estado actuales que asistieron a la Cumbre Iberoamericana de Portugal en diciembre del 2009.
Este conjunto de recomendaciones de política social constituye una modesta contribución, aunque de sólido contenido, para el fomento de un crecimiento económico más inclusivo y de una mayor solidificación de la democracia representativa en el sistema iberoamericano. Estas recomendaciones engloban 16 campos interrelacionados:
· Democracia y pobreza en ALC;
· Calidad e imparcialidad en la educación y la pobreza;
· Transferencias monetarias directas condicionales y pobreza;
· Seguridad alimenticia y pobreza;
· Salud pública y nutrición y la lucha contra la pobreza;
· Trabajo digno y pobreza;
· Políticas fiscales y los pobres;
· Agua potable y servicios sanitarios para los pobres;
· Acceso a la energía y pobreza;
· Acceso a la microeconomía y pobreza;
· El cambio climático y los pobres;
· Pueblos indígenas en ALC y el fortalecimiento de la democracia;
· Las mujeres en ALC y el fortalecimiento de la democracia;
· Envíos y reducción de la pobreza;
· Violencia armada, seguridad personal y pobreza; y
· Vivienda digna y reducción de la pobreza.
Además de estar interconectados unos con otros, cada uno de estos temas políticos está estructurado para cumplir con cuatro objetivos: un crecimiento económico sostenido, la erradicación de la pobreza, el aumento de la inclusión social y el fortalecimiento de la democracia.
Las políticas recomendadas en el epígrafe “Reforma de las instituciones políticas”, por ejemplo, intentan en primer lugar y de forma más importante investir de poder a poblaciones sin derechos de hecho fortaleciendo su inclusión en los procesos democráticos de su país. Este conjunto de recomendaciones a modo de ejemplo, que los veinte expresidentes han ofrecido humildemente a los actuales jefes de Estado de América Latina, incluye medidas para mejorar la transparencia, potenciar la receptividad, luchar por la democracia deliberativa y fortalecer la responsabilidad:
Mejorar la transparencia: Los gobiernos deberían adoptar tanto medidas activas para la transparencia, colocando tanta información gubernamental como sea posible en los sitios web de los departamentos gubernamentales, como medidas pasivas (como la Ley de Libertad de Información) que permitan a los ciudadanos solicitar y obtener información gubernamental que no deba ser ocultada necesariamente en interés de la seguridad nacional. Los ministerios y departamentos gubernamentales deberían detallar de un modo accesible cómo están invirtiendo sus presupuestos. Las peticiones de servicios, suministros y nuevos proyectos de capital deberían hacerse públicos en Internet.
Potenciar la receptividad. Los gobiernos deberían hacer un uso más creativo y activo de las nuevas tecnologías de la información para entablar un diálogo a dos bandas con los ciudadanos sobre temas de gobierno prácticos. Específicamente, los ciudadanos deberían disponer de medios en los que registrar sus quejas a través de líneas directas, sitios de Internet, defensores del pueblo, etc. y en los que recibir respuestas a sus peticiones. Los ciudadanos también deberían poder presentar quejas y peticiones a través de mensajes de texto a un teléfono gratuito del gobierno.
Democracia deliberativa. La tecnología de las comunicaciones puede ser utilizada para estructurar un debate sobre elecciones políticas entre una muestra representativa de ciudadanos a nivel local, regional o nacional. En primer lugar se elige una muestra de ciudadanos al azar. A continuación son reunidos en un mismo sitio para escuchar y discutir opciones políticas alternativas (o prioridades de gasto). Como consecuencia de esta deliberación más informada, la sociedad puede llegar a un acuerdo más amplio y sostenible sobre elecciones políticas y de gasto difíciles.
Fortalecer la responsabilidad. Los gobiernos elegidos democráticamente deben hacer más, y debe quedar patente que hacen más, por controlar, exponer y castigar la corrupción. Además de las medidas anteriores, deberían aprender de ejemplos exitosos en el control de la corrupción, como la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong (http://www.icac.org.hk/en/home/index.html), para modernizar y fortalecer los códigos éticos y los medios para controlar y poner en práctica esta lucha. Este objetivo no sólo exige una dotación de personal y una autoridad legal más sólidas, sino también enérgicas campañas de educación pública e innovadores medios para que los ciudadanos proporcionen información y presenten quejas acerca de la corrupción.
La implementación de estas medidas no sólo fortalecerá la democracia y mejorará la inclusión social, sino que también estimulará indirectamente la economía del conocimiento que necesita nuestra región para garantizar el crecimiento económico y la independencia a largo plazo.
Dentro de poco varios países de ALC celebrarán sus 200 años de autonomía política. Los dirigentes de ALC tienen ahora en su mano el reto de iniciar y acelerar nuestra segunda gran independencia: evitar que nuestras vulnerables economías se vean arrastradas por las fluctuaciones de los precios de las materias primas (oro, plato, cobre, estaño, petróleo, gas, café, etc.) en el mercado internacional, y construir sociedades del conocimiento que nos permitan producir productos con valor añadido. Sólo nosotros podemos conseguir unos niveles más altos de competitividad y flexibilidad para adaptarnos con éxito a este mundo cada vez más globalizado.
Las tecnologías de redes sociales de hoy en día nos permitirán activar nuestras economías y simultáneamente permitir una distribución más amplia de la inclusión política para que nuestros ciudadanos se comuniquen con los gobiernos municipales, regionales y nacionales, haciendo posible así un gobierno democrático bidireccional.
Es el momento
En ALC somos conscientes del hecho de que América del Norte y del Sur con continentes hermanos, y de que somos socios de Estados Unidos y Canadá. A lo largo de nuestra historia hemos recorrido un largo camino de intereses comunes, aunque éste no siempre ha estado libre de obstáculos. En vista de los nuevos y urgentes problemas a los que se enfrentan hoy en día el hemisferio y el mundo entero, los autores de la Agenda Social están convencidos de que este recién iniciado mandato de la OEA es el momento más oportuno para sentarnos alrededor de una mesa redonda para debatir y escucharnos entre nosotros, y para redefinir juntos los componentes de la nueva Agenda para la relación entre ALC y América del Norte.
Queremos una Agenda de compromiso, cooperación mutua y resultados apreciables que vaya más allá de nuestros obvios intereses comunes, aunque sin pasarlos por alto, en materia de seguridad, lucha contra el tráfico de drogas, tratados de comercio libre, y el tema de Cuba. El futuro exige unas nuevas relaciones continentales que den prioridad a la estabilidad económica, social, política y judicial, protegiendo el medio ambiente, la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la exclusión social, y la disminución de la brecha digital (el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia ya ha iniciado un proyecto de Democracia Digital para incluir a poblaciones marginadas en los procesos políticos de sus países).
Esta Agenda nueva y redefinida no persigue obtener mayores cantidades de ayuda exterior de América del Norte, sino que busca un diálogo horizontal en un espectro de temas más amplio que atañe en la actualidad a todo el hemisferio.
Aunque varias de las recomendaciones políticas incluidas en la Agenda Social para la Democracia conciernen a temas de gobierno interno, la OEA puede contribuir fomentando el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la responsabilidad, el respeto por la libertad de expresión y los derechos humanos en nuestra región.
Juntos debemos enfrentarnos a los retos de nuestro continente con pragmatismo, con la voluntad política de pasar a la acción y, como siempre, con esperanza.
Nota del editor:
Avi Tuschman, coordinador de proyectos internacionales del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, ha contribuido en este artículo.
Commentary
Op-edEl destino de la democracia y el multilateralismo en América
June 24, 2010