¿Podrá nacionalizarse la ley de inmigración de Arizona?

Arizona agregó más veneno al debate inmigratorio al aprobar el Proyecto de Ley 1070 (SB 1070). Avalado por la legislatura estatal y ratificado por la gobernadora Jan Brewer, el SB 1070 tiene el objetivo de aumentar las prácticas en contra de los inmigrantes ilegales del estado. Tal como se esperaba, la propuesta de ley generó respuestas enardecidas en todo el espectro político, incluso antes de que fuera ratificado.

Aunque las demandas civiles en los tribunales federales impidan que se implemente el SB 1070, el problema permanece vigente: El Congreso a aplazado decretar la reforma inmigratoria. Seguir esperando solamente va a abrir las puertas para que se produzcan nuevos esfuerzos locales, o esfuerzos similares a los existentes, para poner freno a la inmigración ilegal. Además, postergar el proceso permitirá que la opinión pública se vuelque cada vez más en favor de dichas leyes, el cual nos podria llevar a ver el suficiente apoyo para que el SB 1070 “se nacionalice”.

Varios funcionarios públicos, incluido el Presidente Obama, criticaron de inmediato la nueva ley. En cuestión de días, se iniciaron demandas contra el SB 1070 de parte de la Coalición Nacional Latina de Ministros y Líderes Cristianos así como de parte de dos oficiales de policía, uno de Phoenix y otro de Tucson. El gobierno federal está estudiando la posibilidad de hacer lo mismo. En respuesta a la reacción pública, la legislatura de Arizona aprobó una nueva ley en menos de una semana que sustituye al SB 1070. Esta otra ley intenta reducir la probabilidad de que la policía utilize la caracterización racial como base de investigación de la situación legal de una persona.

No obstante, las encuestas nacionales muestran un apoyo generalizado al SB 1070; incluso una de estos sondeos muestra que el 51 por ciento de los encuestados considera que su enfoque es “más o menos el correcto” y el 9 por ciento señala que debería ser aún más estricta. Revelando la férrea ambivalencia de los estadounidenses acerca de la inmigración, la misma encuesta muestra sorprendentemente que el 64 por ciento de los encuestados están a favor de permitir que los inmigrantes ilegales permanezcan en el país como trabajadores temporales o con el derecho a solicitar la ciudadanía. Otra encuesta evidenció que, en los días posteriores a la ratificación de la ley, más de tres cuartos de los estadounidenses habían oído acerca de ella y, de estos, el 51 por ciento estaban a favor de la misma.

Con las elecciones del Congreso del otoño aproximándose, es improbable que el debate se apague. Las reacciones a la ley de Arizona han puesto la implementación de la inmigración y la seguridad en primer plano de la discusión de este tema. Las encuestas también indican que la actitud pública hacia el SB 1070 está dividida en gran parte según la afiliación partidaria, lo que seguramente ejercerá presión sobre las campañas políticas. Es probable que los republicanos utilicen la ley para abrir una brecha, mientras que los demócratas probablemente la eviten. Esto alimentará el debate nacional, garantizando que la aplicación de la ley será el elemento clave durante el debate.

Para empeorar aún más las cosas, los informes de noticias sobre el aumento de la violencia en la frontera de Arizona en relación con el tráfico de drogas contribuyen a la noción de que la inmigración ilegal está fuera de control. Aunque no se lo reconoce, la inmigración hacia Arizona estaba disminuyendo mucho antes de que se aprobara la ley. La devastadora crisis del mercado inmobiliario y la recesión cerraron fuentes de trabajo y redujeron los incentivos para que los inmigrantes se dirigieran o se quedaran en Arizona. Encabezado por las reducciones en la zona metropolitana de Phoenix, el estado fue testigo de un descenso en la población de inmigrantes de aproximadamente 60.000 personas al inicio de la recesión, entre 2007 y 2008, superado únicamente por California y del mismo nivel que el descenso de Texas y Florida.

Sin embargo, una de las principales críticas a la nueva ley, incluso por parte de algunos agentes locales del orden público, es que su trabajo se les dificulte no sólo distrayéndolos de sus tareas de combatir los delitos y la violencia, sino que también intimidando a los inmigrantes que sean víctimas de delitos o que puedan ayudar a resolver una investigación. Con varios grupos de defensa y ciudades como Los Ángeles y San Francisco solicitando realizar boicots, los inconvenientes económicos del SB 1070 para Arizona podrían empeorar la situación económica. Además, es posible que el SB 1070 provoque que los inmigrantes nuevos y los que ya instalados en Arizona se desplacen desde allí hacia otros estados, en lugar de reducir la afluencia total a nivel nacional.

Otros estados han sugerido avanzar leyes similares, como la legislación introducida en Pensilvania por el representante y candidato a vicegobernador Daryl Metcalfe. Sin embargo, las reformas a nivel estatal probablemente se estanquen en tribunales y, en el mejor de los casos, producirán respuestas polifacéticas.

La reforma inmigratoria debe resolverse de manera sensata, humana e integral y, por supuesto, de forma bipartidaria al nivel federal. De hecho, el Presidente Obama ha manifestado su opinión en este tema . El Congreso debe reconocer que marcar rápidamente el camino hacia el proceso de una reforma inmigratoria integral podría ser más fácil que luchar contra las iniciativas a nivel estatal, mientras esperamos que llegue el momento indicado.