La visita del Presidente Felipe Calderón a Estados Unidos

El próximo 19 de mayo, el Presidente mexicano Felipe Calderón comenzará su visita a Washington, D.C. durante dos días en los que está prevista una reunión con el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y un discurso en el Congreso. Expertos de Brookings Institution comentan sobre la importancia de una visita que tiene lugar en un momento transcendental para las relaciones entre Estados Unidos y México. Los temas que se van a tratar incluyen: la guerra mexicana contra el narcotráfico que se libra en la frontera, las siempre presentes pláticas sobre el aumento de la cooperación económica y las creciente controversia en torno a la inmigración.

La ansiada relación entre EU y México

Kevin Casas Zamora, Senior Fellow, Política exterior, Iniciativa de Latinoamérica

Inevitablemente la seguridad en México, y los esfuerzos potenciales de EE.UU. por ayudar a ese país a restaurar el control sobre su territorio, serán los temas principales durante la visita del Presidente Calderón a Estados Unidos.. La lista de tareas pendientes en materia de seguridad ya es bastante conocida: cómo controlar la ola armamentista en Suramérica, cómo cortar los flujos financieros que sirven de motor a la maquinaria criminal en México, y cómo acelerar el desembolso de los recursos que se establecieron en la Iniciativa Mérida. Este enfoque ha sido preestablecido en gran parte debido a que Calderón ha apostado su presidencia, y su lugar en la historia, a la lucha en contra del crimen organizado. Para él es de vital importancia que el Presidente Obama manifieste públicamente su apoyo a los esfuerzos hechos por México, y que reconozca una vez más la responsabilidad que tiene Estados Unidos en la vorágine del tráfico de drogas. Aún cuando inevitable, la exclusión de otros asuntos bilaterales pendientes sería algo desafortunado. Desde la pueril polémica sobre el transporte de camiones en la frontera, que continúa sin resolverse después de más de un año, hasta el efecto nocivo que han tenido las normas recientemente adoptadas en contra los inmigrantes ilegales en Arizona; existen multitud de temas que de no ser atendidos pueden perjudicar seriamente los lazos, cada vez más estrechos, entre ambos países. Permitir que esto sucediera sería decepcionante. Sería maravilloso que ambos mandatarios manifestaran su voluntad de ampliar el alcance de las negociaciones. Independientemente de si nuestra opinión respecto a los resultados del TLCAN es positiva o negativa (me ubico entre quienes tienen una opinión positiva), debemos reconocer el extraordinario coraje y la visión que presidieron su creación en 1994. Uno sólo puede esperar que Obama y Calderón quieran reunir esta misma capacidad para pensar en grande, y a largo plazo, sobre esta importante relación bilateral.

Asuntos de seguridad entre EU y México en profundidad
Vanda Felbab Brown, Fellow, Política exterior, Iniciativa de Latinoamérica 

El Presidente Felipe Calderón visita Washington en tiempos difíciles para México. Desde que asumió la presidencia hace ya tres años, la violencia derivada del narcotráfico ha tenido como resultado alrededor de 23.000 muertes, con Ciudad Juárez como el foco principal del conflicto. No obstante, la violencia se ha ido esparciéndose e intensificando en nuevas zonas. Indicios de esta escalada de violencia incluyen ataques a funcionarios mexicanos e incluso quizás estadounidenses por los cárteles de la droga.

No obstante, el nivel de cooperación entre EU y México no tiene precedentes. Además, la nueva restructuración del esfuerzo conjunto entre México y EU contra las organizaciones del narcotráfico, conocido como el Plan Mérida, está mucho mejor encaminada y hay razones para pensar que la lucha contra estas organizaciones puede llegar a tener éxito. En lugar de limitarse a fijar como objetivos a los cabecillas de organizaciones de narcotraficantes, el nuevo enfoque, Mas Allá del Plan Mérida, es multifacético , y enfatiza la importancia de crear instituciones civiles efectivas, incluyendo a la policía, y de tratar los problemas socioeconómicos que afectan a los segmentos marginalizados de la sociedad mexicana,- quienes son más vulnerables a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. El gobierno estadounidense y el mexicano merecen un reconocimiento por la ampliación del Plan Mérida.

Aún así, hay varios asuntos por resolver: en primer lugar, es de vital importancia disminuir cuanto antes los índices de violencia. El Gobierno mexicano no puede quedarse satisfecho con declaraciones como “la violencia es un indicio de la eficacia de las políticas” o “que afecta principalmente a los criminales”. Aún si son los narcotraficantes quienes se están aniquilando entre ellos, las balas que vuelan por encima de las cabezas están destrozando a la sociedad que se encuentra debajo. En segundo lugar, el Presidente Calderón necesita ganar la confianza del pueblo en este nuevo enfoque multifacético, dado que muchos de los esfuerzos, como la mejora de las unidades judiciales y policiales tomará una, o más de una generación para su implementación. De lo contrario, al término de su mandato se elevará la presión para que se abandonen las reformas más difíciles en proceso, e incluso se puede llegar a caer en la tentación de establecer acuerdos con los narcotraficantes a nivel local. En tercer lugar, México necesita emprender reformas fundamentales, pero difíciles a la vez, en cuanto a su sistema político y económico, y deshacer los monopolios que obstaculizan la creación de empleo incluso cuando el PIB del país esté creciendo, dado que esto perpetúa la marginalización de amplios segmentos de la población. Si se devuelve la esperanza al mexicano común de que puede mejorar su condición sin tener que emigrar a Estados Unidos, o sin involucrarse en actividades ilegales, la lucha contra el crimen organizado se hará también mucho más fácil.

La competitividad norteamericana debe ser abordada
Diana Villiers Negroponte, Senior Fellow no residente, Política exterior, Iniciativa de Latinoamérica  

El Presidente Calderón viaja a Washington con tres tareas pendientes:

1.) Obtener el apoyo del Presidente Obama en su “lucha contra las drogas”.
2.) Definir lo que significa en la práctica el compromiso del gobierno estadounidense con la “co-responsabilidad” en esta guerra.
3.) Lograr que la administración de EU se una a él en materia de cambio climático ya que la continuación de Copenhague se celebrará en la conferencia de Cancún en diciembre, una reunión importante para un presidente mexicano comprometido con el medioambiente.

No obstante, aún falta algo, más concretamente un debate sobre la competitividad de Norteamérica.. Abordar este asunto a mitad de un año electoral es problemático. Aún así, existen dos modos de abordar este asunto con programas prácticos y nada sensacionalistas:

En primer lugar, dejar que los líderes acuerden un plazo para desbloquear las barreras a los camioneros mexicanos que transportan sus cargamentos dentro de EU. Bajo el TLCAN, el Gobierno estadounidense debería permitirles el acceso. Para lograr este cometido, las empresas de transporte mexicanas han logrado grandes progresos al elevar los estándares de seguridad de sus transportadores a un nivel comparable al de los de EE.UU. De hecho, algunas empresas mexicanas han declarado que sus estándares de seguridad son más altos. Un plazo de seis años supondría un aumento gradual de los transportadores mexicanos en las autopistas estadounidenses, y la oportunidad para comprobar los registros de seguridad. A cambio de ese plazo, se podría llevar a cabo una reducción en proporcional de los aranceles a productos estadounidenses como vinos, tinte para el cabello y perfumes. Estos aranceles han perjudicado a los productores estadounidenses, especialmente en California y zonas productivas del distrito al que representa la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

En segundo lugar, ambos gobiernos han favorecido el desarrollo de “fronteras inteligentes”, en las que la autorización de aduanas e inmigración se implementaría a la entrada de las fábricas y ranchos. Con GPS y contenedores sellados con dispositivos electrónicos de protección, los camiones y contenedores cruzarían la frontera a través de una “vía rápida”. Estas vías existen, pero los transportadores actualmente deben esperar en fila durante horas para poder acceder a esta vía, mas o menos una milla antes del puesto de inspección. Necesitamos sociedades privadas o públicas que construyan “vías rápidas” más largas, y zonas de estacionamiento más amplias para aquellos camiones que requieran una segunda inspección. Ambos gobiernos deberían estar dispuestos a estudiar la posibilidad de emitir bonos para financiar la expansión de nuestros pasos fronterizos. Con los despachos de aduanas situados antes, los camiones sellados y la vigilancia a través del GPS, podemos acelerar los flujos transfronterizos de mercancías.

El Presidente Obama se comprometió a duplicar las exportaciones en los próximos cinco años. Actualmente, el comercio bidireccional que se produce diariamente en la frontera EU-México está valorado aproximadamente en 650 millones de dólares.. Podemos aumentar este flujo si se aceleran los pasos transfronterizos. Permitir a los transportadores mexicanos que utilicen las carreteras estadounidenses podría interpretarse como una medida contraproducente, pero el aumento de las exportaciones, requiere de más camiones y por ende, más transportadores. La seguridad, la entrega fiable y puntual, y mejores salarios, pueden resultar en un beneficio mutuo para los ciudadanos a ambos lados de nuestra frontera.

La cuestión de la inmigración
Andrés Rozental, Senior Fellow, No residente, Política Exterior

La aprobación de la ley SB 1070, y su impacto sobre la comunidad mexicana de Arizona, coloca el tema de la inmigración en primer plano dentro del marco de las conversaciones entre Estados Unidos y México. La decisión del Presidente Calderón, desde que asumió el poder hace tres años, de no manifestarse sobre el tema de la reforma migratoria estadounidense y el debate a nivel doméstico, ha tenido un efecto totalmente adverso que actualmente se traduce en un creciente sentimiento antiinmigrante que poco a poco ha ido sustituyendo la falta de acción federal. Durante su visita a Washington para la próxima semana Calderón pronunciará un discurso ante el Congreso, se reunirá con el Presidente Obama y atenderá a los medios de comunicación. Deberá defender con firmeza los derechos básicos y las libertades de sus compatriotas en EE.UU. – independientemente de su estatus migratorio – y reiterar su llamado a los mexicanos a que se abstengan de visitar Arizona. Esto implica reducir el énfasis casi exclusivo que le ha dado a la agenda en materia seguridad entre México y EU – la lucha contra el crimen organizado y la guerra contra las drogas- y, hacer de la reforma a la inmigración una prioridad. Indudablemente la administración estadounidense preferiría que México continuase manteniendo un perfil bajo en este asunto, pero la imagen de Calderón -ya gravemente empañada en México- y su repetido compromiso de proteger a los mexicanos en los EE.UU. exigen que México se pronuncie fuerte y claramente sobre los efectos perjudiciales que las decisiones de Arizona están teniendo sobre las relaciones con ese estado, y sobre la agenda bilateral en general. El grado de cooperación y confianza sin precedentes que se ha establecido entre ambos países en materia de seguridad, y otros asuntos, podría verse amenazado si el tema de la inmigración queda en el olvido; si Obama decide no invertir su capital político en una reforma este año, y México decide continuar ignorando el tema.

Una oportunidad para discutir la inmigración
José Tessada, becario posdoctoral, Economía y Desarrollo Global, Iniciativa de Latinoamérica

La visita del Presidente Calderón a EU tendrá lugar en medio de acalorados debates sobre la política de inmigración provocados por la Ley de Arizona SB 1070. Aun cuando ambos sucesos han coincidido por casualidad, deberían interpretarse como una oportunidad. Hasta el momento, el Gobierno mexicano sólo ha expresado a EE.UU. cierta preocupación respecto al trato que se les puede estar dando a los ciudadanos mexicanos en Arizona con esta nueva ley. Habría que hacer mucho más. El Gobierno mexicano no puede ignorar el futuro de la reforma migratoria en EE.UU. ya que esta tendría serias ramificaciones en México.

Más concretamente, el aumento este tipo de leyes en contra de inmigrantes indocumentados y una reducción en el número de visas legales tendrían serias consecuencias para los mexicanos de EE.UU. Será especialmente difícil para inmigrantes ilegales, pero también afectará sus familias en México y a futuros emigrantes potenciales. Algunas simples cifras nos demuestran la importancia que la migración a Estados Unidos representa para México. Actualmente, hay 11,4 millones de mexicanos que viven en EE.UU., que equivale al 30% de toda la población extranjera en EE.UU., y aproximadamente un 10% de la población de México. Asimismo, según cálculos del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., hay 6,65 millones de inmigrantes indocumentados de origen mexicano en EE.UU. (62% del total de los inmigrantes sin autorización)

La reducción del flujo migratorio actual y/o el retorno de un número considerable de mexicanos que actualmente viven en EE.UU., implicarían una gran presión sobre el mercado laboral de México. Además, el establecimiento de leyes migratorias más severas se convertiría en un impedimento para los mexicanos que busquen salarios superiores al norte de la frontera.

¿Qué puede hacer el Gobierno mexicano? Principalmente, ofrecer cooperación y coordinación para resolver los problemas que están influyendo en la opinión pública estadounidense en materia de inmigración, principalmente en lo que a violencia en la frontera y el narcotráfico se refiere. El Gobierno mexicano también debería exigir a EE.UU. que asuma su responsabilidad y contribuya a afrontar estos problemas. En segundo lugar, el Gobierno de México debe demostrar voluntad para cooperar con el Gobierno estadounidense en materia de inmigración; después de todo, los mexicanos se benefician de las oportunidades que EE.UU. les ofrece. El Gobierno de Calderón debe responder en consecuencia para asegurar que la reforma migratoria no ponga fin a estas oportunidades.