RESUMEN EJECUTIVO
En el conflicto colombiano de larga duración ha existido una tendencia dominante de reasentamiento de población rural y de las regiones en las grandes ciudades y particularmente la capital. Las zonas periféricas y marginales de estos centros urbanos son el escenario donde los desplazados se reubican de manera permanente, compartiendo las condiciones de privación y las limitadas posibilidades del entorno con poblaciones que habitaban con anterioridad estas localidades.
El estudio se basó en grupos focales con poblaciones de desplazados y antiguos residentes en las localidades de Suba y Ciudad Bolívar en Bogotá, DC, caracterizadas por la alta recepción de población desplazada, así como en entrevistas con funcionarios del Estado y miembros de organizaciones que trabajan en la zona.
Las dos zonas estudiadas corresponden a la periferia de Bogotá y se consolidaron en los últimos 20 años a partir de procesos espontáneos de urbanización ilegal, por lo que tuvieron un lento acceso a los servicios públicos y no contaron con planeación urbanística.
La población de estas zonas en su amplia migrantes de todo el país que han llegado a Bogotá empujados en buena parte por la violencia y en menor medida por la necesidad económica. En las localidades estudiadas se considera como residentes a las personas que se asentaron en el barrio hace más de 10 años mientras que se consideran desplazados internos las personas que se han asentado en la última década y que han estado cobijados por el sistema estatal de ayuda a la población desplazada por la violencia, establecido desde 1997 en la Ley 387.
Relaciones entre residentes y desplazados
Los desplazados y residentes comparten las condiciones de marginalidad de las localidades periféricas pero bajo condiciones diferentes. Los residentes tienen mayor acceso a la vivienda, al trabajo formal e informal y a las instituciones. Las familias desplazadas se encuentran en posiciones de inferioridad por su desconexión de las redes locales, su dependencia de las ayudas del Estado y las dificultades de acceso al mercado de trabajo tanto formal como informal.
En las zonas estudiadas las comunidades identifican a la población desplazada ya sea por su reciente llegada al barrio, por su origen regional o por el acceso que tienen a la ayuda estatal.
Las relaciones entre residentes y desplazados son complejas. Hay relaciones de solidaridad, especialmente al momento de la llegada de los desplazados cuando reciben el apoyo de amigos, familiares o de las redes de oriundos que les ayudan a instalarse, por un período de tiempo limitado, de acuerdo con los recursos de cada familia.
Existen también relaciones de hostilidad. A los desplazados se les ve con temor por la persecución de la que son objeto y por sus condiciones tan precarias que hacen que los relacionen de manera general y abstracta con el aumento en la criminalidad. Las diferencias culturales, de origen regional y étnico, producen muchos conflictos entre las dos comunidades y se vuelven motivos de abierto racismo y discriminación que se manifiesta en la vida cotidiana, en los espacios de trabajo y particularmente al momento de condicionar el alquiler de vivienda.
La acción afirmativa del Estado para los desplazados muchas veces no es comprendida por la comunidad residente, lo que se convierte en hostilidad para con los desplazados y acusaciones abstractas sobre una supuesta incapacidad para aprovechar la ayuda, para organizarse o para superar la situación.
Relaciones Institucionales
El sistema estatal de apoyo a los desplazados internos es fundamental para su subsistencia, a pesar de todas sus limitaciones y problemas. La totalidad de los desplazados consultados habían recibido algún tipo de ayuda. Sin embargo, también resultó bastante claro que las prestaciones estatales son ampliamente insuficientes y temporales, de manera que la larga duración de la situación de desplazamiento sólo se ve acompañada por prestaciones estatales en el corto plazo y a lo sumo en el mediano plazo.
La relación entre el sistema nacional de atención y las iniciativas de los gobiernos de la ciudad y de las localidades resulta de fundamental importancia para la atención a los desplazados. Encontramos el caso de la localidad de Suba que se basa más en la presencia del sistema nacional de atención a la población desplazada, mientras que en Ciudad Bolívar el sistema está complementado de mayor manera con iniciativas locales que han puesto el desplazamiento forzado en la agenda pública local.
Dentro de las actividades del Estado se destacan los esfuerzos por garantizar el acceso preferencial al sistema de seguridad social y a la educación básica y secundaria para los menores de edad. El acceso a estos servicios se facilita en la capital del país que se acerca al cubrimiento universal, particularmente en el servicio público de educación. Sin embargo la satisfacción de estos derechos no es completa, pues encontramos limitaciones grandes para la consecución de los medicamentos, en el caso de la salud, y problemas de acceso a cupos escolares para ciertas edades o en zonas donde los colegios están rodeados de problemas de seguridad.
La población desplazada tiene menor acceso a los mecanismos de representación democrática que los residentes, que cuentan con redes políticas en las localidades. Los desplazados se apoyan en sus propias organizaciones de población desplazada y en la influencia que han conseguido particularmente a través de la acción judicial y especialmente la de la Corte Constitucional. Los grupos de desplazados afrodescendientes se reúnen en torno a organizaciones propias que realizan gestiones importantes a nivel local.
Entre las organizaciones sociales no gubernamentales que prestan ayuda a los desplazados se encontró que hay una presencia importante en las localidades. Particularmente destacada fue la presencia de la Iglesia Católica que lidera muchas actividades de apoyo y protección a la población desplazada desde sus parroquias.
Relaciones Económicas
El principal problema de la estabilización de la población desplazada en entornos urbanos marginales es la consecución de fuentes permanentes de ingreso. El acceso al empleo formal es muy limitado, especialmente para la población desplazada. Acceden ocasionalmente y de manera temporal a empleos en la construcción o en el servicio doméstico. Debido a que los empleos formales y su inclusión en el sistema de seguridad social les hacen perder las prestaciones especiales del sistema de seguridad social de los desplazados, esto se convierte en un obstáculo práctico para la formalización.
Los desplazados y buena parte de la población residente, obtienen sus precarios ingresos de los empleos informales. El apoyo del Estado a la generación de ingresos conduce a la formación de pequeños negocios de empleo informal que, si bien ayudan a resolver el problema de ingresos en el corto plazo, resulta bastante débil en el mediano y largo plazo por las dificultades para la sostenibilidad de los proyectos.
La creciente demanda de vivienda en espacios urbanos limitados hace que sea muy difícil para la totalidad de la población acceder a la propiedad de viviendas cada vez más costosas. El proceso ha generado una demanda de vivienda de alquiler que se incrementa con la afluencia de los desplazados. Alrededor del alquiler de habitaciones y fracciones de las casas de los residentes, se forma un nudo de relaciones económicas con los desplazados que reciben auxilio de arrendamiento por parte del Estado de manera temporal e intermitente.
Los residentes que tienen la propiedad o la posesión de sus viviendas buscan ampliar el espacio construido para alquilarlo a los desplazados y con ello generar fuentes adicionales de ingreso. La inestabilidad de los ingresos de los desplazados y las diferencias culturales se convierten en motivos de conflictividad entre las partes.
Recomendaciones
Las recomendaciones, que comienzan en la página 28, se enfocan en los siguientes campos:
- Regularizar las localidades urbanas
- Generar oferta de viviendas de interés social para la población desplazada
- Apoyar las redes familiares y de oriundos
- Sensibilización a la comunidad de residentes
- Mantener y profundizar la acción afirmativa del Estado en favor de la población desplazada en los términos legales y constitucionales
- Revisar la orientación de las políticas de atención a los desplazados en el largo plazo
- Implementar la corresponsabilidad entre nación y municipios
- Capacitar de manera permanente a los funcionarios
- Fomentar y proteger la participación y representación políticas de la población desplazada
- Mantener la intervención de organismos internacionales y no gubernamentales a través de acciones que estimulen la integración de la población residente y la población desplazada
- Capacitarla población desplazada para el empleo en sectores formales
- Generar ingresos permanentes en el largo plazo para la población desplazada y vinculación a empleos en el sector formal de la economía.
