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Editorial

La “colombianización” de México y sus consecuencias

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De todos los frentes de la guerra contra el narcotráfico en México ninguno es más importante para el Presidente Felipe Calderón que el del control de las imágenes utilizadas para describir el conflicto. Cuando la Secretaria de Estado Hillary Clinton advirtió que los narcotraficantes en México empezaban a parecerse a una insurgencia y que la situación en algunas zonas de la geografía mexicana recordaba a la de Colombia 20 años atrás, tocó el más sensible de los nervios del mandatario. Tanto  que, seguramente espoleado por Calderón, al día siguiente el Presidente Barack Obama se sintió obligado a enmendarle la plana a su canciller: la analogía de la “colombianización” de México no será más parte del lenguaje oficial.

En efecto, la comparación hecha por la Secretaria Clinton oscurece bastante más de lo que ilumina. Pese a la gravedad de la situación en México y a su deterioro en estados como Chihuahua, Durango, Guerrero y Tamaulipas en lo que va del 2010, la violencia de México es de un orden de magnitud enteramente distinto a la de Colombia. La tasa de homicidio de México en el 2009 (14 homicidios por cada 100.000 habitantes) es una quinta parte de la que tenía Colombia hace dos décadas (70) y se sitúa considerablemente por debajo del promedio de América Latina (22), que incluye casos de violencia endémica como El Salvador (71), Honduras (67), Venezuela (49), Guatemala (48) y, todavía, Colombia (32). Acaso más notable es que la tasa de México en 2009 era más baja que la que tenía el país en 1997. Además, está fuertemente localizada al punto que la tasa de homicidios de la Ciudad de México, donde viven 20 millones de personas, es tres veces menor a la de Washington.

Si la comparación con Colombia es objetable desde la óptica de las cifras, el tema de fondo es la descripción de los narcotraficantes como insurgentes. Empecemos por lo obvio: los carteles de la droga no buscan sustituir al gobierno de México; buscan, eso sí, controlar algunas de sus decisiones, esenciales para la continuidad de sus actividades ilícitas. Que pongan bombas no los convierte en la guerrilla armada de las FARC, sino en algo más parecido al fenómeno de Pablo Escobar en la Colombia de hace dos décadas. Esa diferencia es crucial. Para derrotar a alguien como Escobar los medios militares son de limitada utilidad; no se le somete con helicópteros artillados, sino con inteligencia de buena calidad, policías comprometidos y jueces incorruptibles. Eso fue efectivo en Colombia, por más que nadie pensara entonces en lo que vendría después: que las FARC estaban lista para asumir el control del negocio.

A diferencia de Colombia, México no tiene una guerrilla narcoterrorista con una estructura militar capaz de suplantar a los carteles. Tiene, en cambio, fronteras porosas hacia el norte y hacia el sur. Por el norte, el tráfico ilegal de armas hace a los carteles mexicanos más difíciles de combatir que los colombianos. La policía mexicana requiere más recursos y equipos, pero una parte esencial de la solución depende de la disposición de EEUU de regular adecuadamente la venta de armas. Por el sur, ni México ni EEUU pueden restar atención a los crecientes problemas de seguridad de Centroamérica, cuya vulnerabilidad al narcotráfico es mayor que la de México. Asignar a esta región menos del 20% de los recursos de la Iniciativa de Mérida es un error que debe enmendarse cuanto antes.

En la medida en que la lucha contra el narcotráfico en México sea vista como un esfuerzo de contrainsurgencia, acabarán por ser relegadas las tareas verdaderamente cruciales que México debe enfrentar para prevalecer en esta lucha. Se trata menos de operaciones militares de corto plazo que de pacientes esfuerzos de construcción institucional de largo aliento. No importa cuántos soldados ponga en pie de guerra contra los carteles, si el estado mexicano no reconstruye desde la base sus instituciones policiales y judiciales no existe ninguna posibilidad de que pueda revertir la proliferación del crimen organizado o de la violencia que va aparejada con él.

Hablar de la “colombianización” de México llama la atención, pero es desafortunado y puede conducir a estrategias equivocadas. Es necesario bajar el tono hiperbólico de los comentarios sobre la violencia en México y recalibrar el lente utilizado para analizar el problema del narcotráfico en la región. Aunque el consumo y las políticas de Estados Unidos son la fuerza que le da aliento a este último, la forma en la que se manifiesta cambia de país a país, dependiendo de sus instituciones e historia.

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