El Muro:

El precio del muro

El muro implica una gran diversidad de costos. Algunos son evidentes, aunque de difícil cálculo. Uno de los más obvios es la enorme erogación de su construcción, independientemente de su formato final. Si bien durante la campaña electoral el candidato Donald Trump alegó que el costo sólo sería de 12.000 millones de dólares, un informe del Departamento de Seguridad Interior del mes de febrero señaló que ascendería a los 21.600 millones de dólares (aunque esa cifra también podría implicar una importante subestimación).

La gran variación de las estimaciones se debe a la falta de claridad en cuanto a lo que será el muro, más allá de las escasas especificaciones del Departamento de Seguridad Interior que indican que se tratará de una estructura sólida de concreto o transparente, con una “altura físicamente imponente” de entre 9,1 metros y no menos de 5,5 metros, soterrada casi dos metros para evitar los túneles subterráneos, sin posibilidad de escalamiento (ni siquiera con los implementos más sofisticados), resistente a la acción prolongada con sopletes y herramientas de impacto y de corte. Dicha descripción no cubre siquiera las cuestiones iniciales relativas a los detalles de la estructura física ni los pagos legales requeridos para incautar las tierras en las que construir el muro. Aunque el gobierno del presidente Trump puede aplicar el derecho de dominio eminente del estado a fin de adquirir los terrenos para la construcción del muro, deberá negociar las indemnizaciones y probablemente enfrentarse a juicios. Por ejemplo, en 2008 la actividad de construcción de una cerca en la zona sur de Texas generó más de 90 de esas acciones judiciales.

No resulta posible que el gobierno de Trump simple y llanamente incaute las remesas dirigidas a México para financiar el pago del muro, ya que esa medida aumentaría el flujo de trabajadores indocumentados a Estados Unidos. Las remesas permiten que muchos mexicanos tengan acceso a productos que de otro modo estarían fuera de su alcance. No obstante, para los mexicanos que viven en la pobreza (cerca de un 46,2% según datos de 2015 del organismo mexicano de investigación social, el CONEVAL) las remesas son una verdadera línea vital que en muchos casos representa el 80% de sus ingresos. Estas familias dependen de los fondos remitidos para cubrir sus necesidades básicas: alimentos, vestimenta, salud y educación para sus hijos.

Las remesas permiten el desarrollo humano y económico en el país, por lo que reducen los incentivos que llevan a que más gente quiera emigrar a Estados Unidos, que es precisamente lo que procura el gobierno de Trump.

En un pueblo de una zona montañosa del estado de Guerrero, lozana pero terriblemente pobre, conocí a una mujer que encabezaba una de esas familias. Rosa, de carácter fuerte, se mostró sospechosa al principio aunque después decidió confiar en mí. Expresó que hacía ocho años que su hijo había cruzado a Estados Unidos. Las remesas que le enviaba permitían que los nietos de Rosa recibieran atención en la clínica más cercana, a unos 50 kilómetros. Al igual que en el caso de Rosa, muchos de los pueblerinos indicaron que los varones de sus familias trabajaban ilegalmente en el país del norte para ayudarlas a cubrir sus gastos básicos. La Sierra de Atoyac puede ser un paraíso para quien, como yo, disfruta de la observación de las aves, pero Guerrero es uno de los estados mexicanos más pobres, abandonado y azotado por la violencia y la delincuencia. “Aquí uno tiene pocas oportunidades” me dice Rosa. “Si eres listo, como mi hijo, cruzas la frontera y llegas a Estados Unidos. Si no eres listo, te vas con los narcos. Si eres estúpido, pero suertudo, te incorporas a la policía [municipal]. Si no, te quedas atrapado aquí haciendo tareas agrícolas, cortando leña y muriéndote de hambre”.

Costos estimados de la construcción^*

La incautación de las remesas dirigidas a estas familias tendría un efecto devastador. En la última década las remesas a Estados Unidos fueron de entre 20.000 y 25.000 millones de dólares y representaron cerca del 3% del PIB mexicano, lo que las coloca en tercer lugar entre las fuentes de ingresos externos más importantes, después del petróleo y el turismo. Permiten el desarrollo humano y económico en el país, por lo que reducen los incentivos que llevan a que más gente quiera emigrar a Estados Unidos, que es precisamente lo que procura el gobierno de Trump.

Un túnel entre Tijuana y un depósito en California, con un elevador. Getty Images

El muro no pondría fin al tráfico ilícito

No queda claro por qué es que el Departamento de Seguridad Interior cree que un muro de casi 10 metros de alto no puede escalarse y que no pueden construirse túneles a una profundidad superior a los dos metros.

Los traficantes han utilizado túneles para ingresar drogas a Estados Unidos desde que el pionero del método, Joaquín “El Chapo” Guzmán del cártel de Sinaloa, el más célebre narco mexicano, lo utilizara en 1989. Estos pasadizos soterrados son cada vez más sofisticados. En abril de 2016 un grupo estadounidense de fuerzas del orden descubrió un túnel para el transporte de drogas de Tijuana a San Diego de más de un kilómetro y medio de longitud, equipado con rejillas de ventilación, rieles y energía eléctrica. Es el más largo de que se tiene conocimiento a la fecha, y uno de los 13 túneles de gran extensión y pericia tecnológica que se hallaron desde 2006. Entre 1990 y 2016 se encontraron 224 túneles en la frontera entre México y Estados Unidos.

Los drones y las catapultas son algunos de los otros métodos que cada vez se utilizan más para el tráfico ilícito, así como los sistemas cloacales compartidos por ciudades de un lado y otro de la frontera, conformados por amplios túneles o ductos que permiten el paso de personas a rastras y el traslado de drogas. Un marcado aumento en la seguridad de las zonas fronterizas solo serviría para exacerbar el tráfico de personas y bienes mediante embarcaciones que navegan bien hacia el norte hasta desembarcar en las costas de California.

Otro elemento que debe tenerse en cuenta es que una barrera tipo muro resulta cada vez menos pertinente para detener los mecanismos actuales de comercialización de drogas, ya que la mayoría de ellas ya no ingresa ilegalmente al territorio estadounidense en las espaldas de los que cruzan la frontera clandestinamente. Según la DEA, la mayor parte de la marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina que llega al país en forma ilícita proviene de los 52 puertos legales de entrada en la frontera, los cuales tramitan semanalmente el ingreso de millones de personas, automóviles, camiones y trenes. Los traficantes esconden su mercancía ilegal en compartimientos secretos con tecnología de avanzada diseñados para automóviles, o la colocan debajo de mercaderías legales en los acoplados de los camiones. Aplican las muchas técnicas que han aprendido para burlar a la patrulla de fronteras. Mike, un oficial de la patrulla fronteriza estadounidense de pelo entrecano a quien entrevisté en El Paso en 2013 me comentó, encogiéndose de hombros, que “a veces los narco nos pasan datos para que interceptemos un vehículo lleno de drogas, mientras que mandan otros seis por una ruta distinta. Esas pérdidas forman parte de los gastos del negocio. En otras ocasiones las pistas son falsas: nos la pasamos inspeccionando automóviles, atascamos el tránsito durante horas, y no encontramos nada”.

En la actualidad hay 44 grupos delictivos importantes que operan en México aparte del cártel de Sinaloa. Las luchas en el seno de cada uno de ellos y las que libran entre sí han hecho de México uno de los países más violentos del mundo. Tan solo en 2016 esa situación de violencia cobró la vida de entre 21.000 y 23.000 personas. En el periodo de 2007 a 2017 se registró una cantidad increíble de asesinatos en el país: 177.000. Es probable que hoy esa cifra sea muy superior, ya que muchos cadáveres se colocan en fosas comunes en lugares ocultos que nunca llegan a encontrarse. Las ciudades mexicanas de la frontera, que constituyen los principales puntos de ingreso de las drogas a Estados Unidos, se han visto particularmente afectadas por la ola de violencia.

Tomemos, por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez, ubicada directamente al frente de la tranquila ciudad fronteriza de El Paso. En 2011, durante mi estancia en Ciudad Juárez, era probablemente la urbe con los mayores índices de violencia en el mundo. Representaba el epítome de lo que puede suceder en estas guerras de las drogas. Ese año el cártel de Sinaloa se encontraba en plena batalla con el cártel local, el de Juárez, en una lucha por el control de las rutas del tráfico de la ciudad hacia Estados Unidos que estaba causando un verdadero baño de sangre. Los habitantes señalaban sitios en donde alguien había sido asesinado el día anterior, o tres días antes o hacía cinco semanas.

Juan, un joven delgado de 19 años que conocí allí ese año, me confió que estaba tratando de salirse de una de las pandillas locales (cuyo nombre no me quiso revelar). Me dijo que había empezado a trabajar para ella como halcón (vigía) a los 15 años y que ahora que la guerra de las drogas se había encarnizado en la ciudad y que las bandas locales se habían visto envueltas en las luchas internas de los grandes cárteles se le había pedido a sus amigos pandilleros que hicieran mucho más de lo que estaban dispuestos a hacer: se les pedía que asesinaran. Les entregaron armas de asalto sin ningún tipo de entrenamiento previo. Al carecer de práctica de tiro disparaban a mansalva alrededor de los blancos que se les habían asignado con la esperanza de que al menos alguno de los que asesinaban fuera la víctima correcta, ya que si no tenían éxito en su misión ellos mismos podrían perder la vida a manos de los que los habían contratado para ejecutarla.

Conocí a Juan a través de Valeria, cuya ONG intenta ayudar a pandilleros como él a volver al buen camino. Las cosas no son nada fáciles para Valeria, ni para sus colaboradores. Como me explicó Juan, el miembro de la pandilla que se niegue a cumplir la misión que se le asigna podría perder la vida por no cooperar.

Valeria, con tono exclamatorio, me dijo: “Estados Unidos no hace nada para que las armas no lleguen aquí”.

Aunque el presidente Trump acusa a México de exportar drogas y delincuentes violentos a Estados Unidos, muchos funcionarios mexicanos y gente como Valeria (que están en el terreno luchando en contra de la guerra de las drogas) se quejan de la ola de violencia y corrupción que fluye en la dirección opuesta. Cerca del 70% de las armas de fuego que se incautaron en México entre 2009 y 2014 se originó en Estados Unidos. Si bien se incautaron más de 73.000 armas, es probable que esa cifra represente una fracción de las traficadas ilegalmente desde Estados Unidos. El mercado estadounidense de comercialización ilegal de drogas representa miles de millones de dólares por año, que vuelven a ingresar a México por canales ilícitos, ya que los cárteles dependen de esos fondos para financiar sus operaciones básicas. Aunque en ocasiones se recurre a esquemas complejos de blanqueo de activos, como convenios basados en transacciones comerciales, gran parte del dinero obtenido se contrabandea a granel en efectivo: se lo oculta en compartimientos secretos y entre mercaderías en los automóviles y trenes que cruzan a diario la frontera con destino a México.

Cerca del 70% de las armas de fuego que se incautaron en México entre 2009 y 2014 se originó en Estados Unidos.

Queda claro que la demanda de drogas en Estados Unidos es la razón principal de su tráfico ilegal desde México. Tomemos el ejemplo de la epidemia de heroína en Estados Unidos, generada debido a un recetado sin control de opiáceos médicos para el tratamiento del dolor. Las medidas que se tomaron subsiguientemente para reducir el recetado incontrolado de analgésicos hicieron que los estadounidenses adictos a ellos recurrieran a la heroína ilegal, lo cual a su vez estimuló una importante expansión del cultivo de la amapola en México (en especial en el estado de Guerrero). En 2015 la superficie cultivada con amapola opiácea era quizás de unas 28.000 hectáreas, lo suficiente como para destilar 70 toneladas de heroína (una cantidad muy superior a las 24 a 50 toneladas que se estiman necesarias para cubrir la demanda estadounidense).

Los grandes cárteles mexicanos, como el del Chapo Guzmán en Sinaloa (que según se calcula suministraba entre el 40 y el 60 por ciento de la cocaína y heroína que se comercializaba en las calles en Estados Unidos), son los principales proveedores mayoristas de drogas ilegales en Estados Unidos. Para la venta minorista generalmente utilizan asociados que seleccionan de entre los integrantes de pandillas delictivas estadounidenses. Gracias a la capacidad de disuasión de las fuerzas del orden de Estados Unidos, en la medida en que los grupos de narcotraficantes mexicanos tienen operaciones dentro del territorio de su vecino anglófono (tales como las de venta al mayoreo) se han comportado de modo increíblemente pacífico, sin recurrir a los despiadados actos de agresión y luchas intestinas que son característicos de sus actividades en México. Es así que Estados Unidos no ha sido víctima de las explosiones de violencia por narcotráfico que han azotado a tantas zonas mexicanas de producción y contrabando de drogas.

Los gobiernos de George W. Bush y de Obama reconocieron la responsabilidad conjunta de Estados Unidos y México relativa al tráfico ilícito de drogas, actitud que permitió una colaboración sin precedentes en materia de lucha contra la delincuencia y protección fronteriza. Esa colaboración permitió que los agentes estadounidenses de inteligencia y del orden operaran en México y ayudaran a sus homólogos en ese país a desarrollar sistemas de inteligencia y a capacitar, seleccionar e implementar procedimientos y protocolos policiacos, además de operaciones de interdicción. La cooperación binacional también hizo que México estuviera más dispuesto que nunca a patrullar sus fronteras, al norte con Estados Unidos y al sur con Centroamérica, en el marco de las gestiones para aprehender trabajadores indocumentados que intentaran el cruce a su inmediato vecino septentrional.

La hostilidad del gobierno de Trump para con México podría poner en peligro los avances logrados. El gobierno mexicano podría, digamos, cesar sus actividades de protección de la frontera meridional o dejar de compartir información de inteligencia antiterrorista con Estados Unidos como represalia por la edificación del muro, por las gestiones estadounidenses para obligarlo a que financie su construcción, o por el colapso del TLCAN. No obstante, la colaboración de México es muchísimo más importante para la seguridad estadounidense que cualquier muro.

La policía de Chicago en la escena de un tiroteo en el barrio de Englewood. Getty Images

Implicancias del muro para la delincuencia en Estados Unidos

Si bien el presidente Trump se expresó con clamor en contra de la “matanza” generada por la delincuencia en Estados Unidos, los datos estadísticos en materia delictiva nos pintan (con poquísimas excepciones) una imagen muy distinta.

En 2014 se cometieron 14.249 homicidios, lo que representa el índice más bajo desde 1991, año en el que se registraron 24.703, y demuestra un patrón de disminución constante en los delitos violentos en todo ese periodo. No obstante, en 2015 cantidad de homicidios en Estados Unidos aumentó marcadamente, ascendiendo a 15.696. Este incremento se debió en gran parte a la actividad en tres ciudades: Baltimore, Chicago y Washington, D.C. La población de Baltimore y Chicago se halla en una etapa de disminución, en tanto que las tres urbes registran un índice de desempleo y pobreza superior al de la media nacional, una gran desigualdad racial y de ingresos, así como una relación problemática entre los residentes y las fuerzas policíacas. Todas estas condiciones implican un aumento en la cantidad de delitos violentos. En 2016 se observó una baja en la tasa de homicidios de Baltimore y Washington, D.C., pero la de Chicago continuó incrementándose.

No obstante, no hay pruebas de que los residentes indocumentados de Chicago (ni de ninguna otra localidad) fueran la causa del aumento en la tasa delictiva ni del importante número de delitos registrados. La gran mayoría de los crímenes violentos, incluidos los homicidios, fueron cometidos por personas nacidas en Estados Unidos. Existen diversos estudios criminológicos que señalan que el nivel delictivo de los nacidos en el extranjero es muy inferior al de los estadounidenses nativos. En California, por ejemplo, en donde hay una gran cantidad de inmigrantes (parte de los cuales son indocumentados) el índice de encarcelamiento de los varones nacidos en Estados Unidos es 2,5 veces superior al de los oriundos de otros países.

Desafortunadamente está propagándose la estrategia de acción de las fuerzas del orden, diseñada por gobierno de Trump, que insiste en dar prioridad a la persecución de los trabajadores indocumentados (incluso mediante el uso de oficiales de la policía común) así como este tipo de política insensata de aplicación de la ley. En Texas, en donde se calcula que hay 1.500.000 inmigrantes ilegales, el gobernador republicano Greg Abbott acaba de promulgar una ley que impone sanciones para las ciudades santuario, tales como medidas draconianas (remoción del cargo, multas, y periodos de prisión de hasta un año) dirigidas a los oficiales de la policía local que no hagan cumplir la normativa inmigratoria. Abbott promulgó la ley a pesar de la declaración condenatoria publicada en un editorial del Dallas Morning News suscrita por los jefes de policía de las cinco ciudades más grandes de Texas (Houston, San Antonio, Dallas, Austin y Fort Worth), en la que expresaron: “Esta legislación es negativa para Texas y hará que nuestras comunidades sean más peligrosas para todos”. Alegaron que la aplicación de las normas inmigratorias es una responsabilidad del estado nacional y no de cada uno de los estados de la unión y que la nueva ley ampliaría la brecha entre la policía y la comunidad de inmigrantes, desalentaría su cooperación con las fuerzas del orden en materia de delitos graves y reduciría sustancialmente las denuncias de los ilícitos cometidos contra los integrantes de dicha comunidad. Existen pruebas contundentes y sistemáticas de que la población deja de denunciar los delitos, y el índice de homicidios aumenta, cuando comienza a cuestionar la imparcialidad, equidad y legitimidad de las instituciones gubernamentales y policíacas.

Los jefes de policía de otras localidades del país (como Los ángeles y Denver) expresaron inquietudes similares, así como su consternación por tener que asignar sus ya muy limitados recursos a la persecución de trabajadores indocumentados.

El gobierno de Trump ha ampliado los requisitos aplicables a la “deportación sumarísima” (expedited removal) establecida durante el mandato de Obama. Durante la presidencia de Obama podía deportarse sin debido proceso a todo inmigrante detenido dentro de un radio de 160 km de la frontera que hubiera estado en Estados Unidos por un periodo inferior a los 14 días (es decir, antes de que pudiese establecer un arraigo en ese país). Resultado: en el ejercicio fiscal 2016 el 85% de las deportaciones (forzosas) y de los retornos (voluntarios) correspondieron a personas que cumplían dichos criterios y que no eran ciudadanas estadounidenses. Casi la totalidad (más del 90%) del 15% restante correspondía a condenados por delitos graves.

No obstante, según la normativa actual puede deportarse a todo indocumentado, independientemente de la localidad estadounidense en la que se encuentre, que haya estado en el país durante un periodo de hasta dos años. Si bien el gobierno de Trump alega que se concentrará en los inmigrantes que cometieron delitos graves, está aprestándose para la deportación colectiva de muchos de los 11.100.000 indocumentados que viven en Estados Unidos, la mayoría de los cuales proviene de México (6.200.000), Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador y Colombia. A esos efectos el gobierno actual está ampliando la tipificación de los delitos que pueden generar una deportación, incluido el dolo en asuntos oficiales, como el fraude en la utilización de “cualquier programa relativo a la percepción de prestaciones públicas” y la utilización de un número falso de seguro social para el pago de impuestos estadounidenses. El gobierno de Trump ha dado nueva vida al polémico programa 287(g), según el cual puede recurrirse a los oficiales de las fuerzas locales del orden a fin de que desempeñen funciones inmigratorias, habilitándoselos para la averiguación de la condición inmigratoria de una persona durante acciones policíacas de rutina, como el caso de un peatón que cruza la calle imprudentemente.

Muchos de los que son objeto de estas iniciativas han vivido en Estados Unidos durante décadas y actuado en un marco de legalidad, seguridad y productividad. Aproximadamente el 60% de los indocumentados ha residido en Estados Unidos durante al menos una década. Un tercio de los indocumentados de más de 15 años de edad tiene por lo menos un hijo que es ciudadano estadounidense nativo. La desgarradora separación de esas familias tiene consecuencias trágicas para quienes la sufren, como lo he visto de primera mano.

“Muchos de los que son objeto de estas iniciativas [de deportación] han vivido en Estados Unidos durante décadas y actuado en un marco de legalidad, seguridad y productividad.”

En 2013 conversé en Tijuana con Antonio, quien vivió durante años en Las Vegas empleado por el sector de la construcción. Su esposa trabajaba limpiando hoteles. Dado que nunca había tenido interacciones con agentes del orden estadounidenses se arriesgó a regresar a México para visitar a su madre, que se encontraba muy enferma. Fue detenido cuando intentaba reingresar subrepticiamente a Estados Unidos. Tras una terrible experiencia con el sistema judicial (que implicó estar esposado y con grilletes, además de una degradante estancia en un centro de detención en Estados Unidos) lo depositaron en Tijuana, en donde dialogamos poco después de su llegada a esa ciudad. Le aterraba la posibilidad de una separación permanente de su esposa y de sus dos hijos pequeños, de cinco y siete años. Sinaloa es un lugar pobre, en donde la vida es difícil. Se encuentra sometida a la fuerte influencia de los narco. Antonio no quería que sus seres queridos se sacrificaran para estar con él. Intentaba contener las lágrimas cuando me contaba lo mucho que echaba de menos a su familia. Le pregunté si su familia podría viajar a San Diego para conversar con él a través de las rejas del Friendship Park, pero me confió que no sabía cuánto tiempo podría quedarse en Tijuana. Temía volver a ser detenido, esta vez en México, ya que para complacer a las fuerzas del orden estadounidenses y presentar una imagen diligente en la lucha contra la delincuencia, la policía de Tijuana se habían formado el hábito de detener por infracciones mínimas a mexicanos y centroamericanos deportados desde el país del norte. Tras años de baños de sangre a manos de los cárteles, el desalojo de los deportados y de los inmigrantes, pobres y sin hogar, de las calles de Tijuana dio al centro de la ciudad una apariencia tranquila, limpia y de plena actividad. Los comercios mexicanos se mostraron contentos por la imagen ordenada del centro, Estados Unidos quedó satisfecho con la cooperación de su vecino del sur, volvieron los turistas, y los estudiantes universitarios retornaron con sus fiestas y sus borracheras en las cantinas y discotecas tijuanenses. Si aquellos como Antonio, víctimas inocuas de las políticas de deportación estadounidenses, tienen que pagar el precio de esos beneficios, pues que así sea.

Varios trabajadores agrícolas migratorios cosechan espinaca en Coachella, California. Getty Images

Perjuicios para la economía estadounidense que podría generar el muro

Si los inmigrantes no son los responsables del aumento significativo en la delincuencia en Estados Unidos y si en efecto es mucho menos probable que cometan ilícitos (en comparación con los nacidos en dicho país), ¿en qué queda la otra justificación que utiliza el presidente Trump para vilipendiar a los inmigrantes, legales o ilegales, y su decisión de construir un muro para excluirlos? ¿Acaso los inmigrantes se apropian de los empleos de los estadounidenses y son la causal de la disminución salarial?

Hay muy pocas pruebas para respaldar dichas alegaciones. Según un análisis integral elaborado por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) la inmigración no afecta de modo significativo los niveles generales de empleo de la mayoría de los trabajadores nacidos en Estados Unidos. La incidencia de la mano de obra inmigrante en los salarios de dichos trabajadores también es baja. Es cierto que los inmigrantes generan algunos efectos negativos en el empleo y en los sueldos de los estadounidenses nativos que no terminaron su educación secundaria, así como respecto de quienes inmigraran previamente, ya que estos tres grupos compiten por puestos de trabajo de baja calificación y los que llegaron al país más recientemente generalmente están dispuestos a trabajar por una remuneración menor de la de sus competidores. No obstante, es muy frecuente que, en gran medida, los trabajadores indocumentados se desempeñen en ocupaciones desagradables y pesadas que los nacidos en Estados Unidos no desean realizar. La agricultura, la construcción, la hotelería, la manufactura y el procesamiento de mariscos son algunos de los sectores con grandes cantidades de trabajadores indocumentados. Por ejemplo, dado que la industria de corte de pescado no logra contratar la cantidad suficiente de trabajadores legales, depende enormemente de los la fuerza laboral indocumentada. Las tareas de pelado, desespinado y corte de pescado son malolientes, sucias, monótonas y exigentes, además de realizarse en entornos fríos y viscosos. En poco tiempo muchos de los trabajadores son aquejados por la tendinitis. Puede ser una actividad peligrosa: son frecuentes los accidentes de amputación de dedos causados por cuchillos de desespinado y máquinas de corte de cabezas de pescado. Hay un importante riesgo de infecciones por cortes y por el contacto con el agua sanguinolenta que se usa para el lavado del pescado. En la última década han salido a la luz varios informes de que en Estados Unidos y en otros países los trabajadores de la industria del pescado y del procesamiento de mariscos (que en general en el extranjero también son indocumentados) se ven sometidos a condiciones de trabajo forzado y, en ocasiones, incluso son tratados como esclavos.

Aunque el sueldo era más alto que en cualquiera de los empleos que podía obtener en Honduras, el puesto en la planta de corte de pescado resultó duro para Marta Escoto, la mujer de 38 años que Robin Shulman nos presentó en un artículo publicado en 2007 en el Washington Post. Sin embargo, Marta lo soportaba por el bien de sus hijos. Una de sus hijas, de cuatro años de edad, era paralítica y tenía problemas gastrointestinales que le impedían nutrirse adecuadamente. Su temor a las redadas (que hace diez años azotaban a la industria del procesamiento de pescado de Massachusetts y que se debían a una ola anterior de fervor antiinmigratorio) la llevó a procurar otro empleo como costurera en una fábrica de dicho estado que producía uniformes para soldados estadounidenses. Pero allí también la alcanzó el infortunio. Al igual que sucedía en las procesadoras de mariscos, los oficiales de inmigración hicieron una redada en la fábrica de New Bedford en la que trabajaba. Aunque Marta no tenía antecedentes penales, fue detenida y colocada sin demoras en un avión que la llevó a un centro de detención en Texas. Sus hijos se quedaron solos en la guardería. A diferencia de otros inmigrantes que fueron víctimas de esa redada, Marta tuvo suerte: su hermana, que vivía en Massachusetts, pudo ir a buscar a los niños. Como consecuencia del importante clamor político que se expresó en Massachusetts tras las redadas, y de las fuertes declaraciones en contra de ellas efectuadas por los senadores John F. Kerry y Edward M. Kennedy, Marta fue liberada y pudo reunirse con sus dos hijos menores. No obstante, siguió sin tener documentos que le permitiesen trabajar y permanecer en el territorio estadounidense, por lo que nuevamente sería objeto de medidas de deportación.

Estimación de la población inmigrante indocumentada

por estado (2014)

• Menos de 10.000
• 25.000 – 95.000
• 100.000 – 130.000
• 180.000 – 450.000
• 500.000 – 2.350.000

Lo cierto es que los inmigrantes tienen un efecto positivo neto en la economía. Dado que la población de estadounidenses nativos se encuentra en disminución y está envejeciendo, el país necesita a los trabajadores que han emigrado a él. Los nacidos en el extranjero constituyen cerca del 16% de la fuerza laboral, en tanto que los inmigrantes y sus descendientes representan la amplia mayoría de la fuerza laboral en crecimiento del país, presente y futura. De producirse una reducción en la cantidad de inmigrantes (por deportaciones o mayores restricciones al ingreso) de forma tal que los nacidos en el extranjero representasen únicamente un 10% de la población, la cifra actual de 175 millones de estadounidenses en edad laboral se mantendría esencialmente sin cambios. Pero si la proporción de inmigrantes continúa en los niveles actuales, la cantidad de residentes en edad laboral aumentaría en cerca de 30 millones en los próximos 50 años. Estados Unidos necesita de esos trabajadores, no solo para cubrir empleos sino para incrementar la productividad, que ha sufrido una fuerte caída. Los precisa además debido al aumento sustancial en la cantidad de adultos mayores que utiliza las costosas prestaciones de Medicare (sistema de salud para jubilados y pensionados) y de Social Security (sistema previsional público), que se financian gracias a impuestos laborales. Hay hoy casi 44 millones de personas de más de 65 años que reciben los beneficios del sistema previsional público; se calcula que en 2050 esa cifra alcanzará los 86 millones. Incluso los trabajadores indocumentados realizan su aporte al sistema previsional público: en 2010 había al menos 1.800.000 personas que contaban con tarjetas falsas de Social Security para obtener empleos y, aunque no podía gozar de los beneficios del sistema, ese año contribuyeron USD 13.000 millones al fondo fiduciario de retiro, y solamente retiraron 1.000 millones de él.

Si los inmigrantes no son los que se apropian de los empleos de los estadounidenses ni causan una disminución significativa del nivel salarial, quizás esas situaciones se deban al TLCAN. Sal Moceri, empleado de 61 años de una planta de Ford en Michigan, está fervientemente convencido de que es así. Aunque aún conserva su puesto, ha sido visto de primera mano que varios compañeros y vecinos han perdido sus empleos. También le consta que hay nuevos trabajadores que acceden a recibir sueldos más bajos que él nunca aceptaría. Si bien dice ser un “demócrata de toda la vida”, votó por Trump en 2016 ante su promesa de renegociar o poner fin al TLCAN. En una entrevista con Heather Long para el programa CNNMoney, Moceri culpó al TLCAN de la pérdida de empleos y la disminución en los niveles salariales en su zona. Se mostró incrédulo ante los argumentos de los economistas que señalaban que la automatización, y no el TLCAN, era la causal de la desaparición de puestos de trabajo en el sector manufacturero estadounidense. Moceri adora la automatización y detesta el TLCAN.

A diferencia de lo alegado por Trump y de la apasionada convicción de Moceri, el TLCAN no ha causado la desaparición de un gran número de empleos estadounidenses. Es cierto que aunque en Estados Unidos el TLCAN obligó a muchos trabajadores a procurar otros tipos de puestos, la cantidad neta de empleos que se perdió es relativamente pequeña: se calcula que, de los 146.135.000 empleos presentes en la economía del país, han sido afectados entre 116.400 y 851.700. El hecho de que el comercio bilateral impulsado por el TLCAN ha tenido amplios efectos positivos en la economía contrarresta dichas pérdidas.

El acuerdo comercial eliminó los aranceles de más de la mitad de los bienes industriales que se exportan desde Estados Unidos a México que, antes del TLCAN, eran del 10% en promedio. Eliminó asimismo otras medidas proteccionistas, por ejemplo, al admitir la exportación de maíz desde Estados Unidos a México.

El TLCAN permite el desarrollo de líneas producción conjuntas entre los dos países, además de hacer posible que Estados Unidos importe a menores precios componentes que utiliza en su industria manufacturera. De no existir este tipo de cooperación se perderían muchos puestos de trabajo, incluidos los creados por los automóviles importados desde México. A título ilustrativo podemos señalar que en 2016 se importaron 1.600.000 automóviles desde México, aunque cerca del 40% del valor de sus componentes se produjo en Estados Unidos. Una salida del TLCAN pondría en peligro 31.000 empleos en la industria automotriz estadounidense. Ante la amenaza del colapso o de la renegociación del TLCAN México ha comenzado a explorar nuevas alianzas comerciales con Europa y China.

Una panorámica de la situación nos indica que México es el tercer socio comercial más importante de Estados Unidos, después de China y Canadá, además de ocupar el tercer lugar entre los mayores proveedores de importaciones estadounidenses. En 2013 aproximadamente un 79% del total exportado por México se destinó a su vecino inmediato del norte. Es cierto que aunque en 2016 Estados Unidos registró un déficit con México de 64.300 millones de dólares, las transacciones comerciales con su vecino del sur son bidireccionales. Estados Unidos exporta más a México que a cualquier otro país, con excepción de Canadá (el otro socio del TLCAN). Además, el medio billón de dólares en bienes y servicios que se comercializan anualmente entre México y Estados Unidos desde la promulgación del TLCAN hace 23 años se ha traducido en millones de puestos de trabajo en ambos países. Según un estudio del Woodrow Wilson Center, en la actualidad cerca de cinco millones de empleos estadounidenses dependen del comercio con México.

El comercio, la inversión, la producción conjunta y los viajes entre México y su vecino inmediato del norte representan una forma de vida para las comunidades de la frontera, incluidas las ubicadas en Estados Unidos. Su perturbación implica un importante costo económico para ambos países. Una sustancial debilitación económica en México exacerbaría la grave violencia delictiva, además de incentivar la inmigración a Estados Unidos impulsada por ella.

Vista de la cerca de la frontera entre Estados Unidos y  México desde el desierto de Sonora en la Reservación de los Tohono O’odham, en Arizona. Getty Images

Efectos del muro en materia comunitaria y ambiental

La edificación del muro de Trump, si se concreta, no representará la primera barrera de importancia construida en la zona limítrofe: ya existe una cerca de unos 1.126 kilómetros de extensión que Estados Unidos comenzó a instalar hace unos años, a pesar de las protestas que provinieron de ambos lados de la frontera.

Entre los que expresaron su descontento se encuentran 26 naciones de indígenas de Estados Unidos reconocidas por el gobierno federal que habitan en el territorio estadounidense, así como ocho pueblos indígenas de México. La frontera en la que se planea la construcción del muro atraviesa sus tierras tribales, además de separar a los integrantes de un grupo de sus parientes y de sus sitios sagrados y de henderlos de su entorno natural, esencial para su subsistencia y para su identidad cultural y religiosa. En reconocimiento de este problema en 1983 el Congreso de los Estados Unidos sancionó una ley que permite que una de las tribus de las naciones de indígenas estadounidenses se desplace libremente entre las fronteras dentro de los confines de sus tierras. No obstante, una vez construida la cerca y mediante la invocación de normas legales como la Ley Nacional de Preservación Histórica de 1966, la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas Indígenas Estadunidenses de 1990 y la Ley de Libertad Religiosa de los Indígenas Estadounidenses de 1994 el Congreso comprometió esa libertad de circulación e hizo más difícil que los indígenas visitaran a sus familiares y accedieran a sus sitios sagrados.

Queda claro que el muro de Trump profundizará el daño infligido a estas comunidades de indígenas estadounidenses, además de causar gran pesar e ira entre sus integrantes. “¿Dígame, si alguien viniera a su casa y edificara una pared en el comedor, que sentiría usted?” Es la pregunta que formuló Verlon Jose, vicepresidente a la nación Tohono O’odham, en una entrevista con Fernanda Santos, publicada en el New York Times en febrero de 2017. Con los brazos extendidos en señal de abrazo al circundante desierto de saguaros expresó: “Este es nuestro hogar”. Muchos de los integrantes de la tribu se resisten a la construcción del muro. Otros temen que si la muralla fronteriza es más débil en las tierras indígenas el tráfico de drogas se derivará allí, como sucedió anteriormente en el caso de la cerca, lo cual lesionaría y confinaría a la comunidad.

Como lo indicasen los indígenas estadounidenses, los biólogos especialistas en la conservación de la naturaleza, y el Servicio Federal de Pesquerías y Vida Silvestre, el muro generará importantes costos ambientales en zonas que presentan algunos de los más altos índices de biodiversidad en Norteamérica. Por ejemplo, la región de las “Islas del Cielo” (Sky Islands) que incluye el sudeste de Arizona, el sudoeste de Nuevo México y el noroeste de México, así denominada debido a las aisladas cordilleras cuyos picos se lanzan al firmamento con una altura de 3.048 metros, alberga una notable variedad de flora y fauna. La biodiversidad de la zona, tan preciosa como frágil, se debe a la inusual convergencia de cuatro regiones ecológicas de importancia: el extremo sur de las templadas Montañas Rocallosas; el oriente del Desierto de Sonora, de baja elevación; el norte de la Sierra Madre Occidental, de clima subtropical; y el límite occidental del desierto chihuahuense, de mayor elevación. Entre las especies en peligro de extinción que quedarían afectadas por el muro se encuentran el jaguar, la antilocapra americana sonoriensis, la rana leopardo chiricahua, el murciélago magueyero menor, el tecolote bajeño, el lobo mexicano, el perrito de la pradera de cola negra, el puma yagouaroundi, el ocelote y el bisonte americano. Otras especies afectadas serían la tortuga del desierto, el oso negro y el ciervo mulo, así como diversos tipos de serpientes. Incluso podría perjudicar a animales voladores, como el colibrí rufo, el gavilán de Swainson y el busardo gris, así como a los esenciales insectos polinizadores migratorios que atraviesan la frontera y que podrían perecer al entrar en contacto con las altísimas temperaturas emitidas por las luces de iluminación del muro.

En su conjunto hay más de cien especies animales amenazadas o en peligro de extinción en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, en las Islas del Cielo, en el parque nacional Big Bend (Texas) y en el valle del Río Grande. No obstante, al igual que en el caso de la dispensa de diversas normas legales de protección cultural en pro de la construcción de la cerca, el Departamento de Seguridad Interior hizo caso omiso de muchas leyes ambientales, como la de Especies en Peligro de Extinción de 1973, la del Tratado sobre Aves Migratorias de 1918, la de Políticas Ambientales Nacionales de 1970, la de Manejo de Zonas Costeras de 1972 y la de Agua Limpia de 1972. El gobierno de Trump pretende arrasar toda consideración ambiental restante.

La estrategia gubernamental pone en peligro años de cooperación binacional transfronteriza en materia ambiental, que ha servido para brindar protección a muchas especies silvestres y a la agricultura de ambos países. Tomemos el caso del gorgojo del algodón, un escarabajo volador que atraviesa la frontera entre las dos naciones y causa devastación en las plantaciones de algodón. A fines de la década de 1890 este coleóptero casi aniquiló la industria algodonera estadounidense. Desde entonces Estados Unidos y México han dedicado estas últimas décadas a intentar la erradicación de esta plaga, y estuvieron muy cerca de lograrlo. No obstante, es posible que el muro malogre de tal forma las iniciativas de cooperación binacional en materia ambiental y de seguridad que México decida sencillamente abandonar sus programas de erradicación. Esta situación no implicaría grandes perjuicios para México, ya que hay muy pocos cultivos de algodón en esa región de su frontera, aunque generaría un importante menoscabo para los agricultores estadounidenses.

Un malogramiento de las relaciones entre ambos países podría evitar la renegociación de los acuerdos de distribución de recursos hídricos que resultan fundamentales para el medioambiente, para la agricultura y para la seguridad alimentaria y de abastecimiento de agua. A título ilustrativo podemos señalar que el Tratado sobre Fronteras de 1970 dispone que los funcionarios de Estados Unidos y México deben llegar a un acuerdo si alguno de los dos países pretende construir una estructura que afecte el flujo o el caudal del Río Grande, ya que sus aguas son vitales para la agricultura y la ganadería de la zona fronteriza. La cerca se edificó a pesar de las objeciones mexicanas: durante la temporada de lluvias sus planchas de acero se llenan de desechos, lo que causa inundaciones que afectan a las ciudades y a las zonas previamente protegidas de ambos lados de la frontera, con un costo de millones de dólares en daños.

México no fue el único que se opuso a la construcción de la cerca. También expresaron su oposición agricultores y empresarios estadounidenses del valle del Río Grande, a lo largo de la frontera de Texas, ya que la cerca impedía su acceso a las aguas fluviales e intensificaba la gravedad de las inundaciones. Ahora se planea la construcción de un muro en las llanuras aluviales de Texas, en donde debido precisamente a ese tipo de problemas hídricos se había decidido no erigir una cerca.

Los sectores de la manufactura, la agricultura, la fracturación hidráulica y la producción energética, así como los ecosistemas de ambos lados de la frontera, dependen de una distribución eficaz y equitativa de los recursos hídricos de los ríos Grande y Colorado, ya que las dos zonas fronterizas son vulnerables a las faltantes de agua. En las últimas décadas los diversos acuerdos binacionales que rigen la utilización del agua han enfrentado varios desafíos: en ocasiones tanto México como Estados Unidos consideraron que eran la parte agraviada. No obstante, en términos generales y según criterios internacionales la cooperación entre los dos países respecto de los ríos Grande y Colorado ha sido excelente, además de sumamente beneficiosa para los dos socios de los distintos tratados. Sin embargo, este tipo de cooperación se encuentra en peligro.

en términos generales y según criterios internacionales la cooperación entre los dos países respecto de los ríos Grande y Colorado ha sido excelente, además de sumamente beneficiosa para los dos socios

Si a modo de represalia por la retórica y normativa del gobierno de Trump, de carácter vitriólico y antimexicano, México decidiera no cumplir las obligaciones que le imponen los acuerdos hídricos, los agricultores y residentes del lado estadounidense de la zona del Río Grande se hallarían ante la seria amenaza de pérdida de sus medios de vida. Tomemos el caso de Dale Murden, de Monte Alto, que es propietario de un campo de unas 8.000 hectáreas en el que cultiva caña de azúcar, toronjas, algodón, cítricos y cereales. Fue director estatal de la Oficina Agrícola de Texas (Texas Farm Bureau) y en enero de 2017 se lo designó “Rey Tejano de los Cítricos”. Dedicó su vida a la actividad agrícola en la región sur del estado, y la fuerza laboral a la que recurre es de extracción latina. Recuerda aún las devastadoras faltantes de agua de 2011 y 2013, cuando México no logró enviar a Estados Unidos su cuota hídrica del Río Conches debido a una grave sequía. El 30% de los campos de Murden se tornaron improductivos y muchos de los cultivos perecieron. En ese momento abrigaba la esperanza de que el Departamento de Estado de Estados Unidos persuadiese a México de que liberara alguna parte del recurso hídrico, aunque los agricultores mexicanos también sufrían enormes déficits de agua y situaciones devastadoras. La diplomacia estadounidense rindió sus frutos, sin duda gracias a las precipitaciones que reabastecieron a los tributarios del Río Grande. Sin esas lluvias México no habría logrado saldar la deuda hídrica que había acumulado. No obstante, de no haber existido una colaboración diplomática entre ambos países y una atmósfera de estrecha cooperación binacional, México no habría podido entregar el agua, incluso con el acaecimiento de las lluvias. Ese espíritu de colaboración positiva se tradujo en uno de los tratados sobre aguas más sensatos en cuanto al uso del recurso hídrico, sensibles al ambiente y progresivos del mundo: la versión del tratado hídrico de 1944 entre México y Estados Unidos relativo al Río Colorado se denominó “Minuta 319”. Con su singular característica de reconocer que el delta del Río Colorado es una zona usuaria de aguas, mediante esa actualización normativa Estados Unidos se compromete a enviar un “flujo-pulso” a dicho ecosistema que contribuirá a restaurar sus humedales, únicos en su género. Estados Unidos acordó destinar 18 millones de dólares a actividades de conservación hídrica en México. México, a su vez, entregó cerca de 153 millones de metros cúbicos de agua al lago Mead. Se produjo así una situación beneficiosa para todos: para los agricultores mexicanos y estadounidenses, y para los ecosistemas. Sin embargo, esa fue la era dorada de las relaciones entre ambos países. Una época previa al gobierno de Trump. Está negociándose una actualización del tratado. Reiteramos que se trata de un acuerdo fundamental y de una línea vital para los casi 40 millones de personas que viven a ambos lados de la frontera, que podrían ser víctimas de la estrategia desplegada por el gobierno de Trump para con México.

Sin embargo, nos encontramos en un momento en el que el mantenimiento de los vínculos de cooperación resulta esencial. Los índices de evaporación, cada vez mayores, causados por el cambio climático, la plaga de especies vegetales invasivas y la creciente demanda de agua en la zona de la frontera y en el interior de los territorios de Estados Unidos y México ejercerán más presión sobre el recurso hídrico e intensificarán la probabilidad de una escasez grave.