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Editorial

Las discrepancias globales en la política de drogas

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La decisión de Indonesia de ejecutar a los traficantes de drogas extranjeros pese a las protestas de Brasil, Australia, Holanda y Nigeria, revela una vez más las enormes diferencias que existen en el mundo en materia de lucha contra las drogas. Aunque países como Uruguay, Colombia y México están presionando para que se reforme la política mundial en la materia antes del Periodo especial de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), China, gran parte de Asia y Rusia hacen oídos sordos a tales llamamientos y siguen prefiriendo las medidas enérgicas de represión y la estrategia punitiva seguida por el régimen internacional actual de lucha contra las drogas. Mientras tanto, las reformas de ámbito estatal y las nuevas ideas en materia de drogas hacen que Estados Unidos esté perdiendo interés en continuar siendo el poli malo del mundo.

Una de las principales razones de que se haya quebrado el consenso global en materia de drogas es que las repercusiones negativas del narcotráfico y la lucha contra las drogas se reparten de forma desigual. En América Latina, el narcotráfico está vinculado a un elevado volumen de violencia criminal, y es la única región del mundo en la que los índices de homicidios voluntarios están aumentando. En Asia, el volumen de drogas que se producen y se comercializan es tan alto como en América Latina, y el consumo seguramente es mayor. Sin embargo, el tráfico de drogas y el crimen organizado en Asia son tan poco violentos como en Europa, y las tasas de homicidios son bajas. La diferencia en el daño que sufren unas regiones y otras empuja a los ciudadanos y sus gobiernos a apoyar distintas estrategias de lucha contra las drogas.

Este momento de desacuerdo global nos ofrece una oportunidad importante para mejorar las políticas internacionales de drogas el año que viene, en UNGASS 2016. Las políticas que se siguen en esta materia tienen consecuencias muy complejas, porque tienen que ver con la corrupción, el desarrollo económico, la marginación social, la salud pública y los derechos humanos. Y aunque saber adaptar la lucha contra la droga a los distintos escenarios institucionales y culturales mejora su eficacia, la reforma de la política global sobre drogas debe aprovechar ciertas lecciones constantes y válidas para todo el mundo.

Las estrategias policiales deben centrarse ante todo en los criminales más violentos, y no en los consumidores. La policía necesita tener en cuenta las repercusiones que tiene en la violencia criminal su forma de elegir los objetivos. En particular, apuntar a los máximos jefes criminales puede tener el efecto involuntario de incrementar la violencia cuando se desatan guerras territoriales entre los subordinados. Por el contrario, perseguir a los mandos intermedios de las organizaciones criminales contribuye más a reducir la violencia relacionada con las drogas y debilitar el crimen organizado. En cambio, recurrir a la encarcelación masiva de consumidores y camellos no violentos y de poca categoría no ayuda mucho a eliminar las drogas. Más bien convierte las prisiones en caldos de cultivo para el crimen organizado y el terrorismo.

Los intentos de erradicar por la fuerza los cultivos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, como la amapola y la coca, sirven para alimentar el malestar político y la militancia en grupos violentos. Las medidas de este tipo funcionan mejor cuando se llevan a cabo en zonas con fuerte presencia del Estado y con formas alternativas de ganarse la vida a disposición de las poblaciones rurales. Las estrategias socioeconómicas para reducir la delincuencia asociada a las drogas y desarrollar otras formas de ganarse la vida deberían estar plenamente incorporadas a las campañas nacionales generales de desarrollo y abordar todas las bases estructurales de las economías ilícitas.

Estigmatizar y castigar a los drogadictos perjudica los esfuerzos para luchar contra la difusión del VIH/sida y otras enfermedades transmisibles. Las estrategias de salud pública, como los programas de intercambio de jeringuillas e inyecciones seguras, obtienen resultados mucho mejores que las medidas de castigo contra los consumidores. Las campañas de tratamiento deben dejar claro que la adicción es una enfermedad, y la prevención debe centrarse en las intervenciones desde edad muy temprana, abordar las conductas antisociales y dar prioridad a dotar a los jóvenes de seguridad en sí mismos y resistencia a las presiones. Por desgracia, la reducciones de la demanda y las políticas de salud públicas siguen estando mal dotadas.

Dadas las discrepancias mundiales, es poco probable que en UNGASS 2016 haya una revisión de los tratados actuales sobre lucha contra las drogas. Pero tampoco es necesario. Las recomendaciones mencionadas se pueden adoptar sin que haya que reformar ningún tratado. Sería un triunfo que de esa reunión saliera la decisión de aceptar cierta flexibilidad en la interpretación de los acuerdos y permitir experimentos. También es fundamental que UNGASS 2016 evite fijarse objetivos poco realistas; por ejemplo, no debe volver a proclamarse que hay que eliminar todo el consumo y el tráfico de drogas y acabar con el crimen organizado de aquí a 10 años, como se ha hecho en otras reuniones anteriores. El objetivo esencial tiene que ser sostener a los Estados para que hagan frente a los costes, perjuicios y amenazas derivados del consumo y el tráfico de drogas, pero de tal manera que no debilite la legitimidad del Estado sino que la refuerce, promueva los derechos humanos y consolide los lazos entre Estados y ciudadanos.

Este artículo fue publicado originalmente por 
El País
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