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Order from Chaos

La fuga del ‘Chapo’ es una campanada de alerta para México

Nota del editor: Después de la espectacular fuga de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán de una prisión de máxima seguridad de México, Vanda Felbab-Brown analiza las implicaciones políticas por el resto del mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Este artículo fue publicado originalmente por El Tiempo.

Es, sobre todo, un recordatorio de que, incluso en la frontera con EE. UU., la influencia de actores subnacionales, como las organizaciones criminales transnacionales, sigue siendo un problema persistente para los gobiernos. (Lea también: Primeras capturas de funcionarios por fuga del ‘Chapo’ Guzmán)

De hecho, lo más importante es si el gobierno mexicano aprovechará esta penosa crisis para concentrarse, y de una manera seria, en la lucha contra el crimen, la seguridad pública y el fortalecimiento del Estado de derecho.

En lugar de ello, y ese es el riesgo, Peña Nieto podría seguir escondiendo debajo de un tapete todos los problemas de seguridad del país y minimizando los daños cada vez que ocurre una crisis, mientras su política de seguridad se hunde en un pantano.

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La entrada de un túnel conectado a El Altiplano prisión federal y usado por “El Chapo” para escaparse, es visto en Almoloya de Juárez en las afueras de la ciudad de México.

Huevo en la cara

El gobierno de Peña Nieto resaltaba con frecuencia que la captura del ‘Chapo’ en el 2014 era el símbolo de su eficacia en la lucha contra los carteles de la droga y otros grupos criminales en México. Mal o bien, Guzmán –que estuvo prófugo desde que se escapó por primera vez en el 2001– eludió en repetidas ocasiones a las autoridades durante toda la administración anterior de Felipe Calderón.

Que la administración de Peña Nieto resaltara este hecho es irónico y a su vez revelador. Su gobierno asumió el poder criticando la política anticrimen de Calderón, basada en la captura o muerte de los principales capos con la idea de que así se acababa con los carteles.

A pesar de las limitaciones y efectos contraproducentes de esa estrategia, y pese a las promesas de cambiarla, el gobierno de Peña Nieto cayó de nuevo en ella. De hecho, este mismo enfoque ha sido el corazón de su propia política de lucha contra la delincuencia. (Lea también: ‘El Chapo’ podría seguir en México, aseguran funcionarios oficiales)

Dejar escapar a Guzmán es como un huevo en la cara para el gobierno de Peña Nieto. Particularmente, porque les aseguró a todos que el ‘Chapo’ nunca escaparía de nuevo. El día de su captura, Peña Nieto le dijo a Univisión que estaría pidiendo reportes diarios a su ministro del Interior para asegurarse de que el prisionero estuviera bien vigilado. Y el entonces el procurador general, Jesús Murillo Karam, se jactó al decir que “no existía” posibilidad alguna de una nueva fuga. Pero el ‘Chapo’ escapó, empleando los mismos métodos que inventó para el contrabando de drogas a los Estados Unidos y que usó para evadir a las autoridades en múltiples ocasiones: a través de un elaborado túnel.

A diferencia de la película Shawshank Redemption, el ‘Chapo’ no fue quien cavó el túnel sino su red de colaboradores y simpatizantes. Que las autoridades de El Altiplano, la prisión más segura de México, no anticiparan un escape vía túnel dada la historia del ‘Chapo’ es, en el mejor de los escenarios, prueba de laxitud, y en el peor sugiere complicidad. Ninguna de las dos sería extraña en México.

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Las autoridades Mexicanas detuvieron “El Chapo” en el 22 de Febrero de 2014 en un hotel en la zona turística de playa de Mazatlán.

Aun si Guzmán es recapturado con prontitud, su fuga ha potenciado su ya de por sí gran popularidad. De hecho, es hoy el más exitoso de los narcos mexicanos –tanto por su historial en eludir a las autoridades como por construir un imperio de la droga que sobrevivió a su captura. A diferencia de otros capos, tuvo visión para instaurar un sistema de sucesión para institucionalizar su empresa ilegal.

Y tras una década de carnicería que dio origen a nuevos grupos de narcos y vio también su desaparición –Los Zetas, la Familia Michoacana, Los Templarios–, el Cartel de Sinaloa del ‘Chapo’ Guzmán sigue siendo el vencedor, el más grande, el más poderoso y el más extendido de los grupos narcotraficantes de México (y también el más poderoso en Estados Unidos).

La reacción pública de EE. UU. a la noticia de la fuga ha sido mesurada. Pero, en privado, muchos funcionarios deben de estar furiosos. La clave para la captura del ‘Chapo’ fue la inteligencia que proporcionaron los estadounidenses y que tardó años en ser desarrollada. (Lea también: Hasta pájaros fueron empleados en el escape del ‘Chapo’)

Pero al momento su arresto, EE. UU. dejó que el nuevo gobierno mexicano se llevara todas las palmas y no insistió en su extradición. En lugar de ello, utilizó ese buen momento para revitalizar la cooperación de seguridad bilateral, que se había interrumpido cuando Peña Nieto asumió el cargo.

Independientemente de si el ‘Chapo’ es recapturado o qué tan rápido se logre, la pregunta más importante es si la administración de Peña Nieto despertará por el golpe y utilizará los tres años que le restan en el poder para implementar innovadoras políticas en la lucha contra la criminalidad.

Su energía y énfasis han estado puestos en importantes reformas políticas y económicas. Pero, a pesar de su retórica electoral, la delincuencia y la seguridad son de poco interés para el Gobierno federal. El esfuerzo por construir una gendarmería, por ejemplo, desvió la atención de perseverar en la reforma de la policía.

Aunque el aumento de fuerzas de autodefensa en Michoacán y Guerrero terminó generando la atención del Gobierno, muchas de las políticas propuestas para mitigar el problema se han aplicado de forma inadecuada, y en Guerrero han sido casi nulas.

Los programas de prevención de la violencia y la delincuencia, enfocados en los polígonos (áreas con una densidad de población de entre 60.000 y 100.000 habitantes donde hay alto índice delictivo), continúan siendo amorfos, mal definidos, carentes de financiación suficiente y mal monitoreados.

La seguridad pública se ha abandonado en zonas donde un cartel ha ganado la guerra (por lo general el de Sinaloa) –como Ciudad Juárez, Tijuana y Monterrey–, a pesar de que la paz se mantiene con la discreción de los narcos.

Más aún, una serie de crisis de seguridad y justicia –la masacre de los sospechosos del crimen en Tlatlaya, la desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes en Iguala y el llamado escándalo de la Casa Blanca, que involucra al presidente mexicano, su esposa y los bienes raíces– ha destruido la credibilidad restante que el Gobierno tenía en seguridad pública e imperio de la ley.

En las elecciones de mitaca de junio, los votantes recompensaron al Gobierno por su apatía hacia los asuntos de seguridad. O, más precisamente, el Gobierno y el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido capaces de superar la desilusión y la apatía de los votantes mexicanos alineándose con partidos antiestablecimiento que en realidad son controlados por el PRI. Ese resultado pudo haber enviado el mensaje a Los Pinos (sede de la presidencia mexicana) de que el partido puede navegar usando estas mismas políticas de seguridad durante el tiempo que le resta en el poder. Ojalá la fuga del ‘Chapo’ les demuestre que esto sería un error.

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