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Informe

Desplazados Internos Fuera de Los Campos y El Papel de Las Autoridades Locales en Colombia: Estudio Comparado en Bogotá D.C. y Cali

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Resumen Ejecutivo

El desplazamiento forzado en Colombia es el resultado de un conflicto armado prolongado que afecta principalmente a poblaciones rurales que huyen hacia las ciudades en búsqueda de seguridad y atención. La migración forzado ha ejercido inmensa presión demográfica y humanitaria sobre un grupo de ciudades que han visto incrementada su población en cortos lapsos de tiempo.

En Colombia no se organization campos de desplazados internos o de refugiados. Lo que ha existido son inmensas concentraciones de desplazados internos en zonas periféricas de las ciudades, caracterizadas por condiciones de extrema pobreza, precariedad en la vivienda y los servicios urbanos y delicadas condiciones de seguridad. Este estudio se ocupará de las relaciones entre los gobiernos locales y las comunidades de los desplazados en Bogotá, capital de Colombia y de la ciudad de Santiago de Cali, la tercera ciudad mas poblada del país ubicada a 400 km. al Sur occidente de la capital.

Colombia está reorganizada en un régimen unitario, centralizado, con mecanismos de descentralización administrativa en municipios y departamentos, donde además existe la elección popular de gobernadores y alcaldes, lo que les confiere algún grado de autonomía política. La relación conflictiva entre la nación y las unidades territoriales se transmite en la política de desplazados, donde se dispute la responsabilidad sobre su atención.

Desde 1997 hay un sistema institucional de atención a la población desplazada, con grandes problemas para su aplicación en los ámbitos locales. Entre 2009 y 2001 se emitieron normas para redistribuir las funciones entre la Nación y el territorio. La Corte Constitucional creó un certificado emitido por la Nación y el territorio, sobre el desempeño de las unidades territoriales en materia de atención a los desplazados internos.

Con la implementación de la política de justicia transicional que permite la desmovilización de los grupos armados, ha operado una lenta sustitución del sistema de atención a los desplazados internos por el sistema de atención a víctimas, que incluye a una gama más amplia de personas afectadas por el conflicto armado. Esta investigación se realiza en el contexto de esa transición institucional.

Bogotá es la ciudad que sufre la mayor presión demográfica por la permanente y creciente llegada de desplazados internos. Al igual que Cali, Bogtoá ha incorporado las políticas de atención a desplazados, y ahora las políticas de atención a víctimas, dentro de su Plan de Desarrollo. Sin embargo, la mayor disponibilidad de recursos y un compromiso político más profundo de gobiernos de izquierda en la capital, han convertido la atención a víctimas en uno de los ejes fundamentales de la política social de Bogotá.

El intenso debate sobre la distribución de competencias entre la Nación y los municipios derivó en asignar la responsabilidad por la atención humanitaria de emergencia a las autoridades locales, con cierto apoyo económico de la Nación. Posteriormente, las políticas de estabilización en salud, educación y vivienda, tendrían una participación mucho más fuerte de la Nación. Tanto en Bogotá como en Cali, la actuación de las entidades nacionales ha sufrido graves retrasos y suspensiones, lo que ha obligado a extender la actividad de las autoridades locales y a agotar los recursos disponibles. En ese escenario de difícil coordinación, quienes han recibido las consecuencias son las poblaciones desplazadas a las que se les han recortado sus derechos o han quedado bloqueadas en listas de espera de futuros recursos.

Se percibe que el nivel nacional no destina los suficientes recursos para garantizar el acceso a la vivienda entre la población desplazada, no tiene una política consistente de apoyo y fomento de los proyectos productivos y de vinculación laboral, ni ha definido los recursos para atender la reparación de las víctimas del desplazamiento. Tampoco está claro el panorama de la restitución de tierras y de los retornos para las víctimas del desplazamiento asentadas en Cali, todo lo cual oscurece el panorama para la administración local que dispone de pocos recursos para la estabilización socioeconómica de las víctimas, en tanto que el acceso definitivo a la vivienda, a las tierras y a la producción económica resultan fundamentales para la superación del desplazamiento.

Los cambios en las políticas nacionales han causado una mayor limitación de la respuesta nacional y local a las poblaciones desplazadas. Se espera que en el futuro, la completa implementación de las medidas pueda revertir esta tendencia.

En Bogotá y en Cali se han comenzado a realizar programas que apuntan a facilitar el retorno de poblaciones hacia sus lugares de origen, mediante la labor conjunta con la Nación y los municipios de expulsión. Estos programas puntuales pueden tener consecuencias interesantes en el futuro. Por ahora han estado limitados por la permanencia de las condiciones de inseguridad en los sitios de expulsión que impiden la sostenibilidad de los retornos.

Autores

C

Clara Atehortúa

Abogada, MA en Ciencias Políticas. Profesora y estudiante de doctoral de la Universidad del Rosario en Bogota D.C., Colombia.

J

Jorge Salcedo

Politólogo, investigador, asesor de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, estudiante doctoral de la Universidad del Rosario en Bogota D.C., Colombia.

R

Roberto Vidal

Profesor titular, Director del Grupo de Investigación Justicia Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogota D.C., Colombia.

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