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Editorial

Calcular el éxito de la guerra contra las drogas: Criterios para evaluar los progresos realizados en la lucha de México de acabar con los narcotraficantes

El presidente Felipe Calderón, que acaba de finalizar con éxito su visita estatal a Estados Unidos, es el primer presidente mexicano que ha declarado una “guerra a las drogas”. En efecto, sus predecesores Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas utilizaron a la policía y al ejército federal mexicano para contener a los narcotraficantes en los estados más afectados por el tráfico de drogas, pero la diferencia es que Calderón se está enfrentando directamente a los capos de las drogas en su determinación por acabar con ellos, destruir los cárteles y limitar las ventas de drogas a la juventud mexicana.

Desde el comienzo de la administración Calderón en diciembre de 2008, hemos presenciado un aumento de los homicidios deliberados, los secuestros, los robos de coches y bienes y las extorsiones. Para los ciudadanos mexicanos, los costes de la “guerra contra las drogas” se han vuelto insoportablemente altos. Los homicidios suelen ocurrir principalmente entre cárteles y contra funcionarios públicos leales a cárteles opuestos. Sin embargo, los delitos contra la propiedad que sustentan a las agrupaciones locales han aumentado en estados alejados de la frontera septentrional, así como entre ciudadanos corrientes que van y vienen de sus trabajos.

El objetivo de Calderón es convertir la “guerra contra las drogas”, en la que el gobierno federal está dirigiendo actualmente todos sus recursos a destruir a los cárteles, en un problema de orden público que pueda ser contenido por la policía. Deberíamos considerar los criterios que utilizamos para evaluar el éxito de Calderón en la “guerra contra las drogas”. El progreso se puede medir siguiendo cuatro parámetros:

  1. Cantidad de homicidios intencionales. En la actualidad el estado septentrional de Chihuahua tiene el mayor índice de asesinatos de México, 143 por cada 100.000 ciudadanos. Esta cifra es comparable con los 320 de Medellín y los 124 de Cali, en Colombia, en plena guerra contra los narcotraficantes y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como media, 14 personas mueren cada día en Ciudad Juárez en crímenes relacionados con las drogas. Las autoridades policiales mexicanas afirman que el 80% de esas muertes ocurren como consecuencia de la violencia entre cárteles. El 7% se atribuyen a agresiones contra funcionarios públicos, pero es difícil determinar si estas muertes están relacionadas con su lealtad a un cártel u otro. El resto de las personas asesinadas son periodistas y ciudadanos inocentes atrapados en el fuego cruzado.
     
  2. Confianza en la policía, los tribunales y los políticos. El Latinobarómetro presenta unos niveles de confianza en estas instituciones públicas inferiores al 30% ya que los encuestados creen que los funcionarios reciben dinero de los cárteles o están tan asustados que se vuelven ineficaces. La impunidad ha debilitado la capacidad del estado para controlar la violencia u obtener el apoyo de los ciudadanos. Por ello es necesario realizar revisiones de antecedentes, polígrafos dos veces al año e inspecciones de las cuentas corrientes para garantizar que los funcionarios públicos no son corruptos. Los progresos en este campo pueden medirse a través de encuestas regulares a la opinión pública.
     
  3. Los beneficios de una prensa libre. Los periodistas, editores y propietarios de periódicos están aterrorizados y se ven obligados a escribir historias sobre esos horripilantes asesinatos. Sin embargo, la investigación de los sospechosos provoca amenazas a los periodistas individuales, sus colegas y sus familiares, y bombardeos en las instalaciones de los periódicos. Podemos evaluar el progreso en función de la capacidad de los periodistas mexicanos de volver al periodismo de investigación y de lo dispuestos que estén los editores a dar nombres en sus columnas de opinión. Se habrá progresado cuando los periodistas puedan identificar a los funcionarios públicos corruptos e investigar sus vínculos con los sindicatos del crimen.
     
  4. Capacidad del público para expresar sus críticas y las necesidades de la comunidad. Cuando los ciudadanos se retiran a sus mundos privados por miedo a la violencia y ya no hacen oír sus críticas, podemos considerar que los narcotraficantes y los sindicatos del crimen han vencido. A medida que aumenta la confianza en las instituciones estatales y en la prensa, los ciudadanos pueden recuperar su capacidad para protestar y expresar sus necesidades. Un incremento de la opinión pública no sólo demostrará valentía. También será señal de una disminución del miedo generalizado y de una mayor confianza en que las instituciones estatales puedan responder de un modo eficaz.
     
  5. La eliminación de los capos de las drogas. La desaparición de los capos de las drogas y la lucha entre sucesores con menos experiencia y más brutalidad por conseguir ocupar sus puestos indican una división en los cárteles de las drogas. La experiencia de Colombia nos demuestra que cuando los cárteles se rompen y su estructura cambia, aumenta la violencia. Además, dicha violencia se intensifica porque dichos sucesores demuestran su poder a través de despiadados actos terroristas contra los ciudadanos. México está actualmente inmerso en esta etapa de su “guerra contra las drogas”. Para muchos, la brutalidad indica que el gobierno federal está perdiendo en su lucha. Sin embargo, la guerra de Colombia en Medellín, Cali y Bogotá demostró que el estado penetra más fácilmente en organizaciones divididas. Parece contradictorio, pero el índice de asesinatos de México en el 2010 debería ser visto como un indicador de la fragmentación y la debilidad relativa de los cárteles.

La guerra en Colombia ha durado dieciséis años y aún no ha terminado. México la ha sufrido durante cuatro años y todavía le queda un largo camino por recorrer. Es necesario el consenso político y la determinación de continuar luchando antes de que el gobierno mexicano pueda demostrar a sus ciudadanos que lenta y regularmente la violencia va disminuyendo, incrementan las críticas por parte de la opinión pública y aumenta la confianza en las instituciones estatales.

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