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Artículo

El papel de la protección al final del desplazamiento

Roberta Cohen

INTRODUCCIÓN

La violencia irrumpió en Tayikistán en 1993 cuando decenas de miles de desplazados internos y refugiados comenzaron a retornar a sus hogares. En muchos poblados, los recién retornados encontraron sus hogares ocupados por otros o se convirtieron en víctimas de agresiones físicas incitadas por la animosidad étnica. Se reportó una gran cantidad de homicidios y desapariciones. La firma de un acuerdo de cese al fuego en 1994, no creó en sí mismo un ambiente seguro de retorno. Se necesitaba que la comunidad internacional y las autoridades locales intervinieran para lograr que los retornos fueron seguros y viables.

Gracias a ACNUR, se desarrolló un programa de monitoreo de derechos humanos diseñado para dar cuenta que de hecho, en el clima volátil de Tayikistan, el simplemente transportar a las personas de vuelta a sus hogares y distribuirles materiales para tener un techo, no sería suficiente para crear un ambiente seguro y prevenir un desplazamiento adicional. ACNUR distribuyó personal de campo en las áreas de retorno e interceder ante las autoridades cuando habían abusos o riesgos para la seguridad personal. Los oficiales de campo de ACNUR investigaron reclamos de homicidios, desapariciones, violaciones y acoso, ya que muchos de los retornados desconfiaban de las autoridades locales y, con frecuencia, reportaban primero tales crímenes a las oficinas de ACNUR. Luego acompañaron a las víctimas a las oficinas gubernamentales locales para garantizar que se les brindaba una audiencia completa y justa. El personal de ACNUR también intercedió con las autoridades para ayudar a los refugiados a reclamar sus hogares. Las autoridades locales se mostraron receptivas al papel de ACNUR y no se registraron incidentes de venganza contra su personal. Según una evaluación, la “presencia 24 horas al día” en las áreas de retorno y el papel “imparcial” de ACNUR, ejerció una “influencia estabilizadora”: se desalentaban nuevos brotes de violencia comunal y el número de casos de protección declinó.[1] Los desplazados internos y los refugiados se sentían más confiados de volver a su hogares y más seguros de permanecer una vez que se trasladaron de vuelta.

Lo que ocurrió en Tayikistán de 1993 a 1996 es ilustrativo en cuanto a la interrogante de cuándo dar por terminado el desplazamiento. El caso demuestra que, aún en paíeses donde los conflictos están formalmente concluidos, las continuas animosidades entre individuos o grupos, pueden poner en riesgo los procesos de retorno e impedir el fin al desplazamiento. De hecho, las tensiones sociales pueden intensifcarse en la fase post-conflicto, en especial si los desplazados retornan a encontrar sus hogares, tierra y propiedad personal apropiados por otros y sin un sistema judicial funcional establecido para resolver disputas. Además, en países donde se han perpetrado abusos severos a los derechos humanos y la ley humanitaria, podrían haber agravios no resueltos en aldeas y ciudades a lo largo del país, y el señalamiento de las personas que retornan.

Esta experiencia también muestra que los retornos seguros y exitosos, son más factibles cuando se asignan tareas de protección específicas y tareas de derechos humanos, a personal de campo posicionada en las diferentes áreas de retorno, quienes poseen las destrezas requeridas. Los oficiales de ACNUR dominaban el idioma farsi o ruso y tenían una extensa experiencia en cuanto a la antigua Unión Soviética. Algunos contaban con una entrenamiento en derecho, lo que daba autoridad a sus interacciones con los oficales locales, oficiales de seguridad pública y las cortes. Otros contaban con destrezas de negociación, lo que contribuyó a aliviar tensiones y reducir la amenaza de violencia contra los retornados. El equipo de ACNUR también desarrolló una buena relación de trabajo con la Misión Militar Observadora de la ONU en Tayikistán (UNMOT, por sus siglas en inglés). Finalmente, el equipo no sólo se marchó cuando concluyó su misión, sino que hizo arreglos para que la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE, por sus siglas en inglés) asumiera su papel de monitor de los derechos humanos, por cuyo medio se mantuvo la continuidad de la protección para la población.

Tales esfuerzos, por supuesto, no simpre son igualmente exitosos. En Ruanda, por ejemplo, en 1994-1995, 130 integrantes del equipo de derechos humanos fueron posicionados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés), para llevar una pequeña porción de seguridad a los retornados hutu y tutsi posterior al genocidio. Pero muchos eran inexpertos, no se les había brindado una capacitación adecuada, y hubo largos atrasos para enviarlos de la capital a las áreas de retorno. El mismo Alto Comisionado describió la operación como un “fracaso logístico.” Sin embargo, la OHCHR pudo revertir la situación en gran parte. Un miembro inexperto del equipo fue puesto a la cabeza, personal de derechos humanos fue posicionado a lo largo del país y se desarrollaron efectivas sociedades de trbajo con ACNUR y la Misión Militar de la ONU de Ruanda (UNAMIR, por sus siglas en inglés). Al final, la Operación en el Campo de los Derechos Humanos en Ruanda, pudo controlar con mayor efectividad, pudo controlar con mayor efectividad las condiciones en áreas de retorno, promover la causa de los desplazados con las autoridades locales y contribuir en general a la seguridad de las áreas de retorno.

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[1] ACNUR, “Informe sobre la Fase-Disminución de las operaciones de ACNUR en Tayikistán,” febrero de 1995 y “Tayikistán: un relato de lecciones aprendidas,” 15 de abril de 1996.

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