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Informe

México: Un grave caso de depresión

Durante una visita reciente a la Ciudad de México, los mexicanos se mostraron abatidos. Habitantes de distintos orígenes y con diferentes perspectivas políticas se lamentaban. Una tasa de desempleo con un nivel histórico del 6,2 por ciento, una caída del 9 por ciento en el índice de actividad económica, la reducción de recursos petrolíferos y una baja en el índice de Standard & Poor’s correspondiente a las inversiones mexicanas, han causado malestar tanto en la élite económica, como en vendedores ambulantes. El consumo de drogas y el crimen continúan siendo un problema. Aunque los asesinatos frecuentes y aterradores de alcaldes, oficiales de policía y periodistas se han concentrado en zonas geográficas específicas, en el resto del país, los secuestros, robos y extorsiones afectaron a los ciudadanos comunes más que la “Guerra contra las Drogas” del Presidente Calderón.

Subyacente a la preocupación generada por la recesión económica y la inseguridad pública, predominaba una sensación de impotencia: la debilidad de la presidencia, el poder perdurable de los partidos políticos sin nuevas ideas, y la continuidad de problemas inextricables que han plagado al estado mexicano durante 80 años. Todos estos problemas explican por qué los mexicanos se sienten atrapados en una rutina. ¿Cuál es la realidad detrás de esta percepción negativa? ¿Acaso los hechos subyacentes son tan deprimentes como el estado de ánimo general?

En primer lugar, la violencia continúa siendo un grave problema, con un saldo de más de 12.000 muertes vinculadas al tráfico de drogas desde que el Presidente Calderón asumió su cargo en diciembre de 2006. La cobertura diaria de noticias sobre muertes escabrosas sugiere que el homicidio es omnipresente, lo cual incrementa la falta de confianza en la capacidad del gobierno federal para controlar al narcotráfico. En diciembre, el asesinato de los familiares de un infante de marina en represalia por la captura y muerte del zar de las drogas Arturo Beltrán Leyva, es un alarmante ejemplo de la incapacidad del gobierno para proteger a sus propios funcionarios.

En su mayoría, la guerra contra las drogas del Presidente se ha concentrado en la frontera norte, Michoacán y Sinaloa. El resto del país tolera niveles de homicidio intencional menores a los de hace una década. Problemas que influyen negativamente en el bienestar de la población incluyen la generalización del secuestro y la extorsión, no de los ricos y famosos, sino de comerciantes y dueños de pequeños restaurantes locales. En 2008, la fiscalía general de la nación reportó 825 secuestros, una incremento del 30 por ciento en comparación a lo reportado en 2006, y más del doble del promedio de 2002 a 2005. Como consecuencia, según una encuesta reciente realizada por la asociación México Unido Contra la Delincuencia, 3 de cada 4 mexicanos perciben una mayor inseguridad en mayo de 2009 que la que habían observado 12 meses atrás. El 72 por ciento de los encuestados admitieron sentir temor de que ellos, o una persona cercana a ellos, pudieran ser secuestrados. Menos del 20 por ciento de la población cree que la guerra del Presidente Calderón contra los carteles de a droga está dando resultado. La sensación de inseguridad es real, y contribuye a la sensación de desesperanza en relación a la capacidad del gobierno de garantizar la seguridad de su pueblo.

El aumento en el nivel de corrupción entre funcionarios públicos es otro factor estrechamente ligado a la sensación de inseguridad. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (Transparency International’s Corruption Perceptions Index), de 180 países México ocupa el puesto 89 en cuanto al “grado de corrupción percibida en funcionarios públicos y políticos”, lo que representa una caída de 17 lugares respecto al año anterior (Los puestos superiores de este índice reflejan menos corrupción). México obtuvo una puntuación de 3,3 en una escala de 0 a 10, en la que 0 refleja el nivel más alto de corrupción. La razón de esta calificación obedece a que los ciudadanos consideran que el crimen, el tráfico de drogas, y la falta de transparencia, han afectado los niveles generales de confianza en los gobiernos federales, estatales y municipales. A nivel estatal, el grado de responsabilidad y mejora del poder judicial es mínimo.

En segundo lugar, el poder de monopolios públicos y privados como PEMEX (petróleo), CEMEX (cemento), TelMex (líneas de telefonía fija), y TelCel (telefonía celular), así como también determinados sindicatos de trabajadores, impiden, por medio de sus representantes legales, que los ciudadanos logren producir algún cambio. Durante la época del PRI, estos monopolios negociaban con el partido político para obtener ventajas comparativas y los acuerdos se hacían a puertas cerradas. Terminada la hegemonía del PRI, estas poderosas instituciones –sean privadas o públicas– ahora negocian con pleno conocimiento del público, lo que permite a los televidentes discernir la fuerza de los monopolios y la relativa debilidad de la presidencia. Sumado a esto, el Congreso debería ser un foro para debatir y definir los beneficios relativos a los monopolios, pero los aportes hechos a sus campañas por parte de esas instituciones públicas y privadas, los mantienen en deuda con las mismas. Los debates recientes del Congreso sobre si es acertado abrir el mercado mexicano de telecomunicaciones a inversionistas extranjeros pueden ser un indicio de que existe cierta voluntad de prever mayor competencia a futuro.

En tercer lugar, PEMEX (el monopolio petrolero) ha proporcionado el 40 por ciento del presupuesto federal anual, al transferir todas las ganancias de la compañía, vía impuestos, al gobierno federal. Como consecuencia, desde principios de los años 80, PEMEX ha sido privado de recursos para invertir en nuevas tecnologías y en yacimientos petrolíferos nuevos o más profundos. La producción de PEMEX ha dependido de Cantarell, el segundo yacimiento de petróleo más grande del mundo, pero éste se está agotando y su producción ha caído de 2,2 mil millones de barriles por día en 2001, a 588 mil barriles por día en Julio de 2009. Si Cantarell pierde 35 mil barriles al día cada mes, puede que llegue a cero para la Navidad de 2010.

En cuarto lugar, pese crecimiento promedio del 5 por ciento en el PBI desde la implementación del TLCAN en 1994, la pobreza y la desigualdad predominan. El acceso a la educación ha aumentado, la UNESCO informa que hoy en día un 72 por ciento de niñas y un 70 por ciento de niños asisten a escuelas secundarias. Esta es una mejora significativa en el transcurso de los últimos diez años. Aún así la calidad de la educación es pobre, el absentismo escolar es alto, y la ausencia de docentes es frecuente. Por lo tanto, las posibilidades de que las nuevas generaciones logren romper el ciclo de trabajos mal remunerados y de economía informal son limitadas. Los programas sociales que transfieren dinero con la condición de que los niños sean vacunados y asistan a clases han marcado una diferencia significativa para los campesinos rurales, pero la existencia de una clase marginada sigue siendo una responsabilidad de los líderes políticos y empresariales mexicanos.

El presupuesto para 2010 aprobado por el Congreso prevé un aumento del 17 por ciento en asistencia social, y un incremento del 2,5 por ciento para educación. Estos se financiarán mediante una nivelación del precio del petróleo con opciones de venta, y un precio de referencia de $57 por barril que se prevé que recaude $5,2 mil millones durante los próximos 12 meses. Los mercados parecen estar satisfechos con las perspectivas de un segundo año de nivelación del precio del petróleo.

La existencia de problemas estructurales subyacentes contribuyen a la actual depresión mexicana, pero muchos de estos problemas pueden también convertirse en la mecha que dispare la reforma. El cambio es posible. A pesar de tanto pesimismo, los fundamentos de la economía mexicana son fuertes. Los inversionistas se muestran demasiado negativos, y las últimas cifras indican que México salió de la recesión en el tercer trimestre de 2009, tras una contracción de un año. Los sectores industriales y manufactureros encabezaron este crecimiento. Según el Scotia Bank Group, a partir del cuarto trimestre de 2009 se espera que la economía crezca un 3,4 por ciento en 2010. La tasa de cambio relativamente débil (que cayó un 15 por ciento durante los últimos 12 meses), y las bajas tasas de interés, han suscitado la demanda de productos mexicanos.

El dominio de los antiguos sindicatos fue desafiado por los ciudadanos de la Ciudad de México en Noviembre, con su apoyo al presidente Calderón en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), una organización con un largo historial de corrupción, nepotismo y autoritarismo. El presidente logró cerrar Luz y Fuerza del Centro, una compañía eléctrica del estado que proveía electricidad a 25 millones de habitantes de la capital y estados vecinos. La marcha de protesta del SME en Noviembre fue mucho menos concurrida que la marcha de Octubre, lo que indica que el público consideraba que la indemnización ofrecida a los electricistas despedidos es razonable. Los ciudadanos mexicanos aceptaron la desaparición de una compañía de servicios públicos ineficiente.

Además, el Congreso mexicano abordó la reforma energética en 2008. Sin enmendar la constitución, el presidente buscaba una regulación minuciosa que aumentara las inversiones y la autonomía operativa de PEMEX. El Congreso también reformó los impuestos apuntando a los intereses empresariales, así como también a los empleados informales que componen aproximadamente el 40 por ciento de la población económicamente activa. El sistema de pensiones se convirtió en un sistema de cuentas privadas individuales financiado en su totalidad, lo que afectó a 3 millones de empleados federales. Pese a su naturaleza polémica, estas reformas se aprobaron como leyes.
El enfrentamiento contra un poderoso sindicato, sumado a las reformas parciales en las áreas de energía, fiscal y en el sistema de pensiones, demuestran que el Congreso mexicano y sus representantes tienen la voluntad de modernizarse. Enfrentados a múltiples y aparentemente inextricables problemas, los líderes mexicanos eventualmente son capaces de generar cambio. Paulo Leme, economista principal para Latinoamérica de Goldman Sachs, reconoció este hecho cuando en diciembre terminó una conferencia de inversionistas en mercados emergentes en Nueva York diciendo que México está “moviéndose hacia delante… están aplicando reformas”. Hay un largo camino por recorrer, pero las amenazas actuales en materia de seguridad, la disminución de recursos petrolíferos y la recesión económica han suministrado la pólvora que impulsará la modernización.

Los líderes de opinión descartan la capacidad del presidente de generar cambios más significativos en sus tres años restantes en el cargo, pero puede que los dirigentes del PRI quieran que las polémicas y la resistencia se desaten durante el gobierno de Calderón para después heredar los beneficios si ganan la elección presidencial en 2012. Detrás de la depresión, existe un reconocimiento general de las causas del pesimismo. Es hora de elaborar un plan estratégico para acabar con los interrogantes que aquejan a los mexicanos.

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