¿Cuántos inmigrantes indocumentados hay en Estados Unidos? ¿Quiénes son?

Determinar la magnitud de la población indocumentada resulta difícil. Las estimaciones varían según la metodología que se utilice. Si bien los grupos antiinmigrantes sostienen que ha habido un aumento en el flujo de indocumentados, los cálculos indican que en un periodo más extenso se ha registrado una disminución. Un hecho que suele pasarse por alto es que muchos inmigrantes ilegales pagan impuestos sobre las ventas y a la nómina salarial.

Desde 2016 la inmigración indocumentada ha sido uno de los temas centrales del proceso electoral estadounidense y ha suscitado respuestas apasionadas de todos los sectores del espectro político. A continuación presentamos algunos de los hechos que deben conocer los votantes para dilucidar la retórica de esta cuestión.

Resulta difícil determinar el número de personas que están en el país en forma ilegal dado que, obviamente, no siempre desean revelar su condición jurídica a los encuestadores. El primer paso del estimador es recurrir a los datos de la Encuesta de Comunidades de Estados Unidos (ACS, por su sigla en inglés) que incluye más de dos millones de hogares por año. Si bien en la ACS se le pregunta a los encuestados su lugar de nacimiento y si son ciudadanos estadounidenses, no se les pide que indiquen si se encuentran en el país ilegalmente. De este modo se obtiene la cantidad total de personas “nacidas en el extranjero”.

El segundo paso es restar de ese total el número de residentes nacidos en el extranjero que se sabe con certeza que se encuentran legalmente en el país. Esta categoría incluye a los ciudadanos naturalizados, a los residentes permanentes (titulares de “tarjetas verdes”) y a quienes han sido admitidos como refugiados. El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) lleva registros detallados de los dos primeros grupos; el Departamento de Salud y Acción Social hace lo propio con el tercer grupo. Al restar el número de personas que se sabe a ciencia cierta que se encuentran legalmente en Estados Unidos del total de nacidos en el extranjero indicado en la ACS se logra estimar la cantidad de residentes indocumentados.

Naturalmente no todos los indocumentados responden encuestas, y con razón: no desean ser descubiertos. En consecuencia, la mayor parte de los cálculos parten del supuesto de que existe un “recuento incompleto”. El Pew Research Center se basa, en parte, en datos de encuestas y censos de México. Estima que dicho recuento incompleto es de entre un 5 y un 15 por ciento, lo cual se agrega a la cifra de inmigrantes indocumentados. El DSN opina que el recuento incompleto es del 10 por ciento, por lo que ajusta sus estimaciones en consecuencia.

La magnitud del recuento incompleto es una cuestión polémica. Quienes se oponen a la inmigración ilegal, como la Federación para la Reforma Inmigratoria en Estados Unidos (FAIR, por su sigla en inglés), alegan que el recuento incompleto es efectivamente mucho mayor. Sus estimaciones surgen de un análisis de otros datos, como el porcentaje de migrantes que no se presentó a sus audiencias de inmigración y de aquellos que permanecieron en el país tras el vencimiento de sus visas.

Las cifras correspondientes a los indocumentados varían según la metodología que se utilice para calcularlas. Existe también un rezago en las estimaciones debido a que pasa algún tiempo hasta que los datos se encuentran disponibles. La última estimación de la Oficina de Estadísticas de Inmigración del DSN se dio a conocer en 2018. Al 1 de enero de 2015 había 11.960.000 inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Las estimaciones más recientes del Pew Research Center datan de 2017 e indican que el total de inmigrantes no autorizados ascendía a 10.500.000 personas. En términos generales estas cifras representan una minoría de la población nacida en el extranjero, que en 2017 era de 44.500.000: un 45 por ciento eran ciudadanos naturalizados y un 27 por ciento residentes permanentes legales. 

Aunque los grupos antiinmigrantes alegan que se ha producido un aumento en el flujo de indocumentados, las estimaciones indican que si se toma un periodo más extenso se percibe una disminución: de 12.200.000 en 2005 a 10.500.000 en 2017, según cálculos del Pew Research Center. Si bien el DSN solo presenta cifras hasta 2015, estima que entre 2010 y 2015 la población de indocumentados aumentó en 70.000 personas por año, en comparación con el aumento anual de 470.000 personas registrado entre 2000 y 2007.

Por primera vez desde 1990 los inmigrantes mexicanos representan menos de la mitad de los indocumentados. Según el Pew Research Center, en 2017 aproximadamente 4.950.000 de los 10.500.000 indocumentados eran mexicanos, 1.900.000 centroamericanos y 1.450.000 asiáticos. Cerca de dos tercios de los indocumentados habían residido en Estados Unidos por un periodo de 10 años o más. En 2017 solamente un 20 por ciento de los inmigrantes adultos indocumentados había vivido en Estados Unidos durante 5 años o menos.

Como elemento de contraste a la retórica del presidente Trump en cuanto a la construcción de un muro en la frontera con México, desde 2010 el método de migración ilegal ha pasado de los cruces transfronterizos a la permanencia en el país tras el vencimiento de los visados: desde dicho año este último método de ingreso al país representa una porción mayor que el del cruce de la frontera internacional. En 2016 el Center for Migration Studies estimó que el 62 por ciento de los indocumentados se encontraba en Estados Unidos debido a que había excedido el plazo de sus visas, frente a un 38 por ciento que había cruzado la frontera en forma ilegal.

Otro elemento polémico es cuánto le cuesta al sistema la inmigración ilegal. Un hecho que suele pasarse por alto es que los inmigrantes indocumentados pagan impuestos. Los grupos de presión que se oponen a la inmigración tienden a hacer caso omiso de las sumas que los inmigrantes suelen contribuir en concepto de impuestos a las ventas y a la nómina salarial, aunque sí toman en cuenta los fondos que se dedican a la educación de los hijos estadounidenses de los inmigrantes. Si bien las cifras varían enormemente según la fuente consultada, los inmigrantes indocumentados no reúnen las condiciones para ser beneficiarios de la mayor parte de los programas federales de prestaciones, tales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. Al evaluar los costos de la inmigración ilegal el votante debe cerciorarse de que el argumento que se le presenta tiene en cuenta tanto las prestaciones utilizadas como los impuestos pagados.

El presidente Obama implementó el programa denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) a fin de permitir que un gran número de indocumentados que ingresó a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años pudiera trabajar en el país y aplazar toda medida relativa a sus causas inmigratorias durante un periodo renovable de dos años. Desde su puesta en práctica el DACA se ha aplicado a aproximadamente 800.000 inmigrantes; en la actualidad el programa cuenta con 690.000 beneficiarios. Según el Pew Research Center, el desfase se debe a que aproximadamente 70.000 personas no lograron la renovación de sus permisos u optaron por no hacerlo, en tanto que 40.000 lograron obtener la residencia permanente. Dado que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés) ya no acepta nuevas solicitudes de incorporación al programa, es improbable que se produzca un aumento en la cantidad de “soñadores”.

En el marco de la campaña para las elecciones de 2020 el presidente Trump continúa ejerciendo presión para la construcción de un muro en la frontera sur y para una intensificación de la aplicación de la ley en las zonas fronterizas y en el interior del país. Todos los candidatos del Partido Demócrata apoyan mecanismos para que los indocumentados obtengan la ciudadanía, lo cual exigiría que el Congreso promulgue legislación al efecto. Existen propuestas de más corto plazo que un nuevo presidente podría sancionar de oficio, como el programa formulado por Elizabeth Warren para restablecer el DACA y ampliar la acción diferida a fin de incluir otras categorías de inmigrantes además de los soñadores. Kamala Harris ha indicado que restablecería el DACA y que implementaría el DAPA, la normativa aplazada indefinidamente dirigida a proteger a los padres de los soñadores. Pete Buttigieg señaló que restauraría las prioridades de aplicación de la ley fijadas por el gobierno del presidente Obama. Varios candidatos demócratas han expresado que apoyan la derogación de la ley que tipifica como delito los cruces transfronterizos no autorizados.

Como hemos observado durante el gobierno de Trump, aunque no exista legislación en la materia el presidente puede hacer mucho para incidir en la situación de quienes procuran emigrar a Estados Unidos.