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Editorial

Exigir la verdad en Honduras

La destitución del ex Presidente de Honduras Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009 y sus turbulentas repercusiones, constituyen probablemente el episodio más importante en las relaciones interamericanas en el último año. Para muchos observadores, la elección del Presidente Porfirio Lobo, en una contienda libre y justa, en noviembre de 2009 produjo un final feliz para la crisis. Esto es discutible. Aunque indudablemente la elección de Lobo y el reconocimiento de su gobierno por parte de una gran cantidad de países importantes, en especial los Estados Unidos, fueron pasos decisivos para alejar a Honduras del abismo, el regreso a una situación política normal en este pequeño país requerirá mucho más. Particularmente, requiere un esfuerzo auténtico –encabezado por el Presidente Lobo– por fomentar la reconciliación nacional luego de la traumática situación de 2009.

El mapa de ruta fundamental para lograr esto se encuentra trazado en el Acuerdo San José/Tegucigalpa, que fue firmado por los negociadores designados por el ex Presidente Zelaya y su reemplazo interino, Roberto Micheletti. Implementar de buena fe este acuerdo es clave, no sólo para reintroducir en el sistema político a los grupos que se sintieron perjudicados por la interrupción del gobierno de Zelaya, sino también para normalizar las relaciones de Honduras con el resto del mundo.

El Presidente Lobo presenta un récord mixto en cuanto a la implementación del acuerdo. Hizo un esfuerzo loable por formar un gobierno de unidad nacional, y desempeñó un papel decisivo a la hora de insistir a favor de una amnistía controversial, pero necesaria, para delitos políticos. Sin embargo, otra cláusula clave del acuerdo, la instalación de una Comisión de la Verdad para examinar los acontecimientos previos y posteriores al 28 de junio, ha demostrado ser más problemática. La preocupación en ese sentido reside en la firme oposición proveniente de sectores muy influyentes de derecha, estrechamente vinculados a Micheletti, para permitir que la Comisión investigue los abusos a los derechos humanos que ocurrieron luego del 28 de junio. Estos abusos han sido documentados y denunciados, entre otras organizaciones, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aún en febrero de 2010, después la posesión del nuevo gobierno, la CIDH identificó al menos 50 casos de detención ilegal, 8 casos de tortura, 2 secuestros y 2 abusos sexuales perpetrados contra periodistas, líderes sindicales y miembros de grupos que apoyan al ex Presidente Zelaya. A pesar de su sincero respaldo hacia la Comisión, el Presidente Lobo no ha logrado disipar las dudas que recaen sobre su mandato.

No existe justificación alguna para dejar las violaciones a los Derechos Humanos fuera del ámbito de la Comisión de la Verdad. Ya es lo suficientemente grave que algunos de estos abusos puedan quedar impunes encubriéndolos bajo la figura de “abuso de autoridad”, contemplada por la amnistía que aprobó el Congreso de Honduras. Como mínimo, estas violaciones no deben ser ocultadas bajo un manto de silencio. La actual renuencia de influyentes políticos Hondureños a aceptar el mandato de la Comisión de la Verdad, es una desviación del espíritu y la letra del acuerdo San José/Tegucigalpa que debe ser rechazada por la comunidad internacional.

No cabe duda que en el momento en que EE. UU. decidió reconocer la elección de noviembre de 2009, renunció a gran parte de su poder para incitar a los políticos hondureños a tratar la cuestión de la reconciliación nacional. Sin embargo, sigue existiendo una palanca importante. El acuerdo de reserva que muy probablemente se negocie durante las próximas semanas entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Honduras, presenta una oportunidad interesante. De firmarse este acuerdo facilitaría el acceso de Honduras al crédito externo y el camino hacia su recuperación económica. Es conveniente que los EE. UU., así como también los estados miembros de la Unión Europea, utilicen sus influencias en el FMI para impedir cualquier acuerdo, hasta que se garantice a la Comisión de la Verdad un mandato sin ataduras para examinar los acontecimientos antes y después del 28 de junio, incluidos los abusos a los derechos humanos perpetrados luego de esa fecha. No debería realizarse ningún tipo de normalización de vínculos económicos hasta que las autoridades hondureñas garanticen explícitamente la cooperación absoluta del estado con el trabajo de la Comisión.

A largo plazo éste sería un aporte importante y oportuno, por parte de los EE. UU. y la comunidad internacional, a la salud política de Honduras. Proclamar el fin de la crisis sería sencillamente una injusticia contra el pueblo hondureño, y una invitación a futuros colapsos de la democracia y transgresiones a los derechos humanos.

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