Embargo de las comunicaciones en Cuba: Dejemos que naveguen, no que floten

La Revolución Cubana ha cumplido cincuenta años discretamente. Una vez más, la economía está en una situación desesperada y el compromiso de Raúl Castro de liberalizar las reformas no está del todo claro. La obstinación ideológica sigue impidiendo que Cuba desarrolle su potencial como puntal económico regional. En efecto, a pesar del peso muerto de la mala administración socialista, los activos fundamentales de los que dispone Cuba para conseguir el éxito económico a largo plazo son numerosos y considerables. Incluyen una población educada y saludable, una ubicación geográfica insuperable, y unos índices de criminalidad muy bajos, un atractivo obvio en una de las regiones más violentas del planeta.

No obstante, existe un gran obstáculo económico al que se ha prestado muy poca atención. Cuba se está quedando sumamente rezagada respecto al resto de América Latina y el Caribe en lo referente a la utilización de la informática y las tecnologías de la comunicación. Según cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a finales del 2007 Cuba tenía menos de 2 abonados de teléfonos móviles por cada 100 habitantes, aproximadamente los mismos que Etiopía y Eritrea. Esto equivale a una quinceava parte de la tasa de Haití, la segunda más baja de la región. El número de líneas de teléfono fijas en Cuba estaba por debajo de la mitad de la media regional. Las cifras de penetración de Internet también son pésimas. Con 12 usuarios por cada 100 personas, Cuba sólo está ligeramente por encima de Haití y Belize, y muy por debajo de la media de América Latina, que está en 28 usuarios por cada 100 personas. Un informe del 2006 de la organización Reporteros sin fronteras incluyó a Cuba como uno de los países más atrasados en lo referente a utilización de Internet, clasificándolo como el peor de América Latina, y comparándolo con Uganda.

Probablemente nada de esto haya cambiado de un modo significativo en los últimos meses, después de que el gobierno cubano levantara las prohibiciones para la adquisición de teléfonos móviles y ordenadores, que siguen siendo prohibitivos para la gran mayoría de los cubanos. Un informático cubano entrevistado recientemente por Inter Press Service describió las capacidades informáticas del país de un modo bastante irónico: “en Cuba no se navega (por Internet), se flota”.

La principal responsabilidad de este lamentable estado de las cosas la tiene el régimen cubano, que siente un profundo temor ante la difusión de la informática. No obstante, no es que Estados Unidos esté precisamente ayudando. Una de las consecuencias más desafortunadas del embargo comercial de Estados Unidos sobre Cuba es que la prohibición del comercio y las inversiones reduce el acceso de los cubanos a una tecnología que podría facilitarles contactar con sus seres queridos, mejorar sus aptitudes, y ampliar sus conocimientos. Esta “prohibición de las comunicaciones” ha sido replanteada por sucesivas legislaciones, en particular la Ley Helms-Burton de 1996, que se amplió para incluir incluso los donativos de ordenadores y todo tipo de equipamiento electrónico.

Esto tiene consecuencias de gran alcance. A menudo se dice que a través del llamado “embargo de las comunicaciones” el gobierno estadounidense se ha convertido en un cómplice involuntario de la política del régimen cubano de represión de la libre circulación de ideas y del acceso de los cubanos a la información mundial. Lo que no resulta tan obvio es que la legislación actual está reforzando una barrera crítica para la reintegración de una Cuba libre (al menos eso esperamos) en la economía mundial. Es imposible que Cuba esté a la altura de su potencial en la economía global si los niveles actuales de diseminación informática no mejoran drásticamente a corto plazo. Incluso aunque el régimen comunista se derrumbara mañana mismo, ninguna fábrica de Intel, Motorola o Microsoft se trasladaría a Cuba en un futuro reciente. Quizás alguna maquiladora sí que lo haría.

Así pues, tal como aboga el eciente informe de la Comisión Asociación para las Américas, es hora de “liberalizar las regulaciones sobre las ventas de equipos de comunicación (a Cuba), incluyendo ordenadores, de acuerdo con lo estipulado en la Lista de Estados que Apoyan el Terrorismo dentro de la Ley de Administración de Exportaciones y la Ley de Ayuda Exterior”. Está en juego la futura viabilidad económica de una Cuba libre.