Introducción
El presente informe refleja el trabajo común de un grupo único. La Mesa Redonda de Brookings-Duke sobre Políticas de Inmigración es la dispar unión de veinte individuos con experiencias y perspectivas diferentes: analistas de comités asesores, emprendedores políticos, líderes comunitarios, antiguos funcionarios gubernamentales, y académicos de varias disciplinas. La característica distintiva del grupo es que sus miembros consideran la inmigración desde perspectivas divergentes, incluso enfrentadas. De hecho, la variedad de puntos de vista representados en nuestra Mesa Redonda no tiene precedentes en las políticas recientes en materia de inmigración.
Los defensores de enfoques distintos en materia de inmigración suelen estar siempre como el perro y el gato y no se muestran suficientemente decididos a buscar un compromiso y crear políticas constructivas. Por nuestra parte, en todo este proceso nunca evitamos explorar nuestras diferencias, pero siempre lo hicimos con la vista puesta en dónde podríamos coincidir en cada propuesta política concreta. Así pues, nuestro proceso se basó en la deliberación. Durante diez meses celebramos una reunión de un fin de semana y seis de un día en las que examinamos y discutimos diversos aspectos de las políticas en materia de inmigración. No realizamos nuevas investigaciones, sino que exploramos y profundizamos en las implicaciones del extenso trabajo de otros grupos e individuos.[1]
Cuando la Mesa Redonda se reunió por primera vez en noviembre del 2008, nuestras diferencias de opinión fueron evidentes de inmediato. Algunos de nosotros estábamos claramente en sintonía con las oportunidades y las realidades de una economía global cada vez más interconectada, que implica necesariamente importantes movimientos de trabajadores alrededor del mundo. De la misma forma, algunos de nosotros estábamos claramente preocupados por los costes y las tensiones nacionales provocados por estas fuerzas globales.
En general, estas dos perspectivas suponían interpretaciones opuestas de la soberanía nacional y del estado de derecho. En concreto, en lo referente a la inmigración ilegal,[2] todos los integrantes del grupo compartían la misma preocupación de que se estaba cuestionando el estado derecho, pero tenían ideas distintas sobre la naturaleza del problema. Algunos nos identificábamos con aquellos americanos que se sienten indignados porque no se hace cumplir la ley, o incluso se desobedece abiertamente. Otros manteníamos que tal como están escritas, nuestras leyes de inmigración no son viables y deben conciliarse con las realidades sociales y económicas. Todos éramos profundamente conscientes de las miles de formas importantes de las que las políticas en materia de inmigración dan forma a nuestro destino nacional.
A pesar de estas profundas divisiones, durante muchos meses los participantes de la Mesa Redonda reunimos una serie de recomendaciones sobre formas de reducir de un modo considerable la inmigración ilegal, establecer principios para la legalización de los inmigrantes ilegales que ya están en el país, reequilibrar los actuales programas de visados, mejorar los programas para trabajadores temporales, y adaptar e integrar a los inmigrantes en la sociedad americana. También sugerimos algunas medidas a largo plazo para mejorar la administración de la inmigración futura, mediante la creación de una comisión permanente independiente en estos temas y la colaboración con el gobierno mexicano en algunos retos fundamentales relacionados con la inmigración.
Como el producto final de la Mesa Redonda es resultado de la colaboración de un grupo tan diverso, cada uno de los miembros, por sí solos, hubieran redactado un informe algo distinto. Nadie se siente cómodo con todas las recomendaciones. Los firmantes del presente documento no están de acuerdo necesariamente con todos los detalles del informe. En lo que sí coinciden es en que es un equilibrio razonable entre consideraciones, intereses y principios enfrentados, y en que es un avance importantísimo respecto al statu quo. Además, afirman que los compromisos a los que llegaron representan un modelo de diálogo y cooperación en este tema tan difícil y emotivo.
[1]
Entre ellos se incluyen informes de la Comisión de Estados Unidos para la Reforma de la Inmigración (la “Comisión Jordan”; múltiples informes, 1994-1997), la Grupo de Trabajo Independiente para el Futuro de América (2006), el Centro para el Progreso Americano (2007), el Instituto de Política Económica (2009), el Instituto de Política Migratoria (2009), y el Consejo para las Relaciones Exteriores (2009).
[2]
En este informe, utilizamos los términos “inmigración ilegal”, “indocumentados” y “no autorizados” como sinónimos y sin ningún tipo de sesgo. Nuestra intención es evitar los debates terminológicos y centrarnos en las cuestiones políticas fundamentales.
