La próxima ola de elecciones en América Latina pondrá a prueba la resiliencia de la democracia

América Latina se apresta a emprender una amplia serie de contiendas electorales de carácter fundamental que dirán mucho del estado de la democracia en la región. La mayoría de los indicios apuntan a una ola de cambio (a wave of change), como lo hemos visto recientemente en otros importantes procesos electorales en Europa y Estados Unidos. No obstante, es probable que dicho cambio sea ideológicamente heterodoxo, con líneas divisorias que se acercan más a lo viejo y a lo nuevo que a la derecha y la izquierda.

Esa fue la conclusión de un grupo de expertos de la región tras una reunión realizada a fines de septiembre, convocada por la Brookings Latin America Initiative con el objeto de analizar las tendencias políticas de diversos países que celebrarán elecciones nacionales en los próximos 18 meses, como Chile, Brasil, México, Colombia, Honduras y Venezuela. Existen varios factores estructurales que impulsan estas últimas predicciones: una débil recuperación económica tras el fin del auge de los productos básicos chinos, las expectativas frustradas de los integrantes de la clase media y de aquellos que acaban de incorporarse a ella, así como una situación de delincuencia y corrupción endémicas, para dar algunos ejemplos. Aparte de estos indicadores, en la mayoría de región percibimos una constante erosión del apoyo a la democracia representativa, lo que abre integralmente el campo electoral a recién llegados de diversas ideologías, buenas y malas. En Colombia, por ejemplo, hay 30 candidatos a la presidencia, 25 de los cuales son independientes de los partidos políticos establecidos. En México podría haber 85 candidatos independientes (Mexico potentially has 85 independents) a la presidencia.

Para entender las razones por las que este próximo ciclo podría ser especialmente tumultuoso e imprevisible debemos examinar las tendencias subyacentes relativas a la calidad de los sistemas políticos de la región. Hay una serie de indicadores alarmantes que sugieren que la ola democrática que vivió América Latina en las décadas de 1980 y 1990 está retrotrayéndose a un ritmo inquietante. Casi todos los componentes de la gobernanza democrática se hallan en un estado de tensión, como la participación de los votantes, el financiamiento político, los medios independientes, los frenos y contrapesos, el estado de derecho y las libertades civiles. El modelo tradicional de la política democrática está fracasando en todos sus aspectos, desde el financiamiento de las campañas hasta la relación con los medios, y no hay aún ninguna solución claramente establecida para resolver el problema.

Esto es particularmente cierto en Brasil, en donde los presidentes elegidos por las mayorías no pueden hacer que un congreso fracturado y conformado por 28 partidos políticos sancionen sus programas de gobierno sin recurrir al viejo sistema de sobornos a puertas cerradas. Si bien se han prohibido las donaciones políticas de las empresas debido a que se sacó a la luz un arraigado sistema de “pagar para poder jugar”, existen problemas más sistémicos (como la proliferación de pequeños partidos políticos) que exigen una profunda reforma legislativa y constitucional (require major legislative and constitutional reform). Por otro lado, el problema de la corrupción política en México ha dado lugar a llamamientos para que se ponga fin al financiamiento público de los partidos políticos que, según muchos especialistas, podría revertir las últimas dos décadas de reformas del pasado unipartidista de la “democracia perfecta” del país.

Varias encuestas recientes (recent surveys) han puesto de relieve la creciente frustración del público con la calidad de la democracia representativa. Resulta aún más inquietante que esta situación esté generando un profundo cinismo y falta de fe en los elementos básicos de la democracia liberal. El último sondeo realizado por AmericasBarometer en 29 países de la región indica que la ciudadanía se encuentra sumamente insatisfecha, no solamente con la calidad de su sistema político y democrático, sino también con la provisión de los servicios públicos básicos que son el cimiento de la satisfacción ciudadana con gobiernos liberales frente a los autoritarios. El porcentaje de apoyo a la democracia electoral se ha reducido de un 69 por ciento en 2012 a un 57,8 por ciento en 2016 y 2017, en tanto que el promedio de quienes creen que los altos niveles de delincuencia y de corrupción justificarían un golpe militar es de cerca del 37 por ciento. De modo similar, el apoyo a los autogolpes en los que los presidentes cierran legislaturas aumentó de un 13,8 por ciento en 2012 a un 20,5 por ciento en 2016 y 2017. Esto constituye otro de los indicadores de la tolerancia de la ciudadanía con gobiernos de mano dura a fin de que se aborde la ilegalidad, dada la prevalencia y la profunda percepción de la delincuencia y gran corrupción en determinados países de la región. Además, la confianza en los sistemas electorales y en los partidos políticos se encuentra en sus niveles más bajos o casi más bajos de la historia, lo que deja un amplio espacio para que reformistas y populistas ganen votos mediante campañas popularistas, concursos de personalidad y demagogia.

La confianza en los sistemas electorales y en los partidos políticos se encuentra en sus niveles más bajos o casi más bajos de la historia, lo que deja un amplio espacio para que reformistas y populistas ganen votos.

¿Acaso es posible que las jóvenes democracias latinoamericanas soporten estos vientos en contra? En este caso las señales son menos homogéneas. En la región hay algunos indicios de mejoras en el estado de derecho, que es notoriamente débil. En parte gracias a la difusión de los Panama Papers en 2015 y al escándalo de Odebrecht en Brasil, personalidades de alto nivel del ámbito político y empresarial de Perú a Ecuador y Brasil han sido acusadas formalmente o se encuentran en prisión, lo cual implica un quiebre en los decenios de impunidad por inconductas. Incluso antes de estos hechos los gobiernos latinoamericanos, con ayuda externa, comenzaron a introducir criterios más estrictos para mejorar la transparencia en el sector privado, modernizar los sistemas de auditoría y ampliar la competencia en materia de contratos públicos.

Un aspecto aún más importante es que los puntos de presión para el cambio (empoderamiento del poder judicial, independencia de los fiscales, periodismo de investigación, una sociedad civil activa y una ciudadanía movilizada) tienen un efecto real en la lucha contra la corrupción en la región, en particular en Guatemala, México y Perú. La combinación de los nuevos instrumentos (como los medios sociales) con las modalidades más tradicionales de protestas públicas tiene su influencia en el discurso democrático. Estas fuerzas también fortalecen los mecanismos democráticos a nivel local y nacional, además de propugnar los derechos humanos y canalizar otras demandas de los ciudadanos.

Otro rayo de esperanza es que, en comparación con las tendencias etnonacionalistas y xenofóbicas en el Norte Global, la población latinoamericana goza de una relativa homogeneidad. La migración y el terrorismo, dos factores clave que atisban a los movimientos de la ultraderecha en Europa y Estados Unidos, no son problemas de peso en la región. A diferencia de ello, la política de identidad refleja una lucha de clases de larga data en Latinoamérica en procura de una mayor igualdad, tan evidente en los partidos políticos tradicionales constituidos durante las olas anteriores de democratización de la región. No obstante, esta versión de la identidad basada en la clase está revistiendo características nuevas e imprevisibles debido a las perturbaciones causadas por la globalización, la digitalización y la automatización que afectan a la clase media emergente y a la establecida, a los sindicatos y a la juventud. En algunos países la democratización ha fortalecido la voz política de una mayor cantidad de minorías organizadas, tanto de la derecha como de la izquierda, incluso a las pertenecientes a grupos religiosos e indígenas. No obstante, una discriminación arraigada y altos niveles de pobreza y abstención siguen siendo importantes obstáculos para las comunidades desfavorecidas.

Estados Unidos es uno de los factores de división que sigue siendo importante en algunas de las contiendas electorales latinoamericanas. Existen también, aunque en menor grado, otros actores externos que se perciben como agentes de injerencia en los asuntos externos (Cuba, Rusia, China, Europa). Desde el punto de vista geopolítico la región continúa sumamente dividida: Venezuela es la principal prueba del compromiso de la región para con la democracia liberal (region’s commitment to liberal democracy) como la única forma legítima de gobierno. Los ofensivos ataques del presidente Trump (President Trump’s offensive attacks) a México, su poco visionario retiro del TLCAN y del Acuerdo de Asociación Transpacífico, así como su alejamiento de Cuba, podrían dar algún impulso a las tradicionales voces antiestadounidenses en la región, además de abrir la posibilidad de una mayor interferencia de las fuerzas antidemocráticas chinas y rusas. Tampoco ayuda que Trump acepte a dirigentes autoritarios y no liberales, como Duterte en las Filipinas y Al-Sissi en Egipto.

En resumen, no deberíamos sorprendernos si de la próxima serie de elecciones en la región surge alguna forma de populismo caudillista, así como ideologías heterodoxas, una debilitación del sistema de frenos y contrapesos y una gobernabilidad más disfuncional. Los dirigentes políticos luchan con las fuerzas de la globalización y la tecnología en una atmósfera volátil, al tiempo que procuran realizar planes para un futuro incierto. En palabras de Fernando Henrique Cardoso: “Del mundo del ayer solo vemos las ruinas. Del mundo emergente, únicamente las sombras”.