¿Debe Venezuela buscar asistencia internacional? Vías para salir de la crisis económica y humanitaria

En medio de la crisis humanitaria, el Presidente Nicolás Maduro ha optado por invertir una fracción de los escasos recursos del país para adquirir tecnología de guerra, a fin de “fortalecer el equipamiento militar y el sistema de armas para defender a la patria”. Según esta ficción, Maduro se prepara para combatir a la “oligarquía del sector privado”, asociada y patrocinada por las “fuerzas oscuras del capitalismo mundial”. Más que una estrategia bélica, es muy probable que estos gastos sean apenas un subterfugio para garantizar el apoyo de las fuerzas armadas que sostienen el frágil equilibrio de Maduro, a expensas del sufrimiento de los venezolanos.

La profunda crisis que vive Venezuela era completamente prevenible. Es el resultado de casi dos décadas de políticas económicas desquiciadas, y de la destrucción del aparato productivo, que han quedado en evidencia a raíz de la caída en el precio de petróleo y el cierre de los mercados internacionales. Durante la bonanza petrolera de la década pasada el gobierno promovió un boom de consumo público y privado, que tuvo su fundamento en un aumento sin precedentes en las importaciones per cápita, que pasaron de $500 en 2003 a nada menos que

US $2000 en 2013 (en dólares constantes de 2015). Mientras tanto, la deuda externa del país se multiplicó por cinco, lo que agotó la capacidad de endeudamiento y ha terminado por aislar a Venezuela de los mercados financieros ahora cuando más lo necesita. La pobreza, bandera de la revolución bolivariana por años, ha aumentado nuevamente a niveles similares a los de 18 años atrás.

Desde que el control de cambio de moneda extranjera fue establecido a principio de la década de los 2000, las empresas venezolanas dependen únicamente de burócratas del gobierno para tener acceso a divisas extranjeras y así poder importar materias primas o productos finales. Como sucede a menudo con los controles de precios, surgió un mercado negro de dólares que se fue distanciando gradualmente de la tasa “oficial”. Durante todos estos años, obtener dólares oficiales y revenderlos en el mercado negro se convirtió en el negocio mas rentable del país.

Al caer los precios del petróleo en el mercado internacional, la capacidad del gobierno de otorgar divisas fue visiblemente restringida, provocando un incremento en la tasa del mercado negro a un nivel alrededor de 100 veces mayor al de la tasa oficial más baja. Sin suficientes ingresos por exportaciones de petróleo, el gobierno agotó poco a poco todas las fuentes disponibles para financiar su déficit: emisión de deuda externa, bonos en moneda local forzados al sector bancario, y finalmente la impresión de dinero. La monetización del déficit público, combinado con el recorte en la oferta debido a la caída masiva en las importaciones, ha conducido al país al borde de la hiperinflación. La caída en las importaciones, estimada entre 40% y 50% para 2016, no sólo ha colapsado la oferta de bienes finales sino que además ha paralizado a lo que queda de aparato productivo privado.

Tras años de expropiaciones, confiscaciones, y otras violaciones a la propiedad privada, que obedecían a la orientación política de otorgar al Estado el control de los medios de producción,  Venezuela se ha quedado sin ninguna posibilidad de sustituir con producción local la caída de importaciones. En medio de esta catástrofe, lo que queda de aparato productivo nacional ha paralizado sus operaciones por falta de insumos, mientras que las empresas multinacionales se han ido reubicando gradualmente en el extranjero. Este colapso se refleja en la contracción esperada del PIB de Venezuela en un 10 porciento este año y en la escasez de más del 80 porciento de los productos de primera necesidad. Las mercancías disponibles a precios inflados en el mercado negro están solo al alcance de muy pocos. Irónicamente, el caos afecta de forma desproporcionada precisamente a los más pobres, que durante todos estos años el gobierno se jactó de defender.

El país se enfrenta ahora a una crisis sin precedentes, nunca antes vivida por un país exportador de petróleo, con un rápido deterioro en el sistema de salud pública, escasez de alimentos y de productos de primera necesidad, la escasez de energía, y delincuencia generalizada. En el 2015 hubo cuatro veces más muertes violentas en Venezuela que en Afganistán.

Por encima de esta grave crisis económica, el país también vive una crisis de gobernabilidad. La oposición controla dos tercios de la Asamblea Nacional, pero su poder ha sido coartado y anulado por otros poderes públicos tales como el judicial y el electoral, controlados por Maduro. La oposición busca ahora promover la figura del referéndum revocatorio del Presidente – consagrado en la Constitución – como única salida pacífica al conflicto. El gobierno, a través del poder electoral, ha respondido interponiendo numerosas trabas.

Y es que después del 2016, revocar al presidente no resultará en nuevas elecciones, sino en el vicepresidente tomando posesión de la hasta el fin del actual mandato en 2019. Este último escenario no solucionaría la crisis económica, mucho menos la política.

¿Luz al final del túnel? Una hoja de ruta para resolver la crisis

La solución a la crisis pasa necesariamente por la salida de Nicolás Maduro. El próximo gobierno que tome posesión deberá implementar un plan de recuperación de la economía que atienda en todas sus dimensiones la crisis humanitarias que hoy arropa al país, mientras sienta las bases del crecimiento y la recuperación a mediano plazo. Este es un escenario posible, que pasa por la implementación de ciertas políticas enunciadas a continuación.

La primera y más urgente medida que Venezuela debe tomar es buscar acceso a toda fuente de financiamiento internacional disponible. Muy especialmente, Venezuela debe recurrir instituciones multilaterales, préstamos bilaterales, y organizaciones de cooperación internacional. Incidentalmente, estas han sido las únicas fuentes de financiamiento que no han sido agotadas, toda vez que exigen un cambio en la orientación de la política económica que la revolución ni puede ni está en capacidad de implementar. Para Maduro, el mero hecho de considerar estas fuentes de financiamiento implicaría reconocer el enorme fracaso, haber conducido a la quiebra a un país rico en recursos naturales durante la bonanza más prolongada de su historia.

Para atender la crisis humanitaria y reestablecer los inventarios de materia prima que le permitan funcionar al aparato productivo local, Venezuela necesita en lo inmediato recuperar sus importaciones. A los precios de hoy en día, esto acentuaría la brecha externa, por lo que se requiere de la participación de todas las fuentes posibles de financiamiento muy posiblemente acompañado con una reestructuración de la deuda.

En segundo lugar, Venezuela reestablecer gradualmente el equilibrio fiscal, y desregular los controles de cambio en moneda extranjera. El déficit presupuestario del gobierno, hoy en día alrededor de 20 porciento del PIB, debe ser reducido hasta alcanzar el nivel financiable sin necesidad de recurrir a la impresión de dinero. La estrategia fiscal debe incluir reducir los subsidios a la gasolina, y la eliminación de los subsidios a la electricidad, el agua y otros servicios públicos al sector industrial y comercial (cuyo costo es unas 170 veces menor a los estándares internacionales). De igual forma, debe reducirse al mínimo el gasto militar y otros gastos externos que impactan el déficit fiscal y de cuentas externas y que no tienen ningún beneficio para los sectores más pobres. Una vez que estas subvenciones injustificadas sean eliminadas, se debe establecer un subsidio directo a los productos básicos y medicinas para las familias en situación vulnerable. Además de esto, se debe restaurar la independencia del Banco Central de Venezuela e implementar un sistema eficaz de bandas basadas en una meta de inflación anual.

En tercer lugar, es necesario promover la inversión privada, tanto nacional como extranjera. El retroceso del Estado debe ser compensado con una mayor participación del sector privado en la economía, lo que a su vez requiere fortalecer los derechos de propiedad y las instituciones encargadas de resguardarlo, liberar al sector privado de una enorme cantidad de trabas y controles que generan costo sin generar producto, y reestablecer el acceso a importaciones sin restricciones. La implementación de un programa orientado a la diáspora, que incentive al talento venezolano en el extranjero a volver al país, es necesaria para recuperar el conocimiento perdido que requiere el país para recuperar la senda del crecimiento.

Por más difícil que resulte el proceso de implementación de este conjunto de reformas, no hay ninguna duda de que mejorarán las condiciones de vida del venezolano. La revolución bolivariana no ha dejado la barra muy alta.