La violencia relacionada con el tráfico de drogas en México y lecciones de Colombia

Introducción: El contexto y los objetivos de la política antidrogas en México

La violencia relacionada con las drogas y la crisis de la seguridad en México han alcanzado niveles extraordinarios en los dos últimos años. Según los datos disponibles públicamente, 6.290 personas fallecieron en México a causa de la violencia relacionada con las drogas en 2008.1 En privado, algunos funcionarios mexicanos dan un número que asciende 9.000 muertes, pero incluso la cifra más baja es superior al número total de bajas en Irak en 2008, más que en Afganistán y seis veces más que la cifra media en una guerra civil, que es de aproximadamente 1.000 personas al año. Durante las primeras ocho semanas de 2009, más de 1.000 personas ya han sido asesinadas en México.2 En cuanto a la cantidad de víctimas, aunque no en el tipo de objetivos y medios, la violencia en México es incluso mayor que la violencia que asoló Colombia en los años ochenta y a principios de los noventa cuando Colombia atravesó una confrontación similar entre sus organizaciones de traficantes de drogas (DTO) y el estado.

Aunque la mayoría de los asesinados son personas involucradas en el tráfico de drogas, la violencia ha llegado a afectar tanto a las vidas de personas normales y corrientes que no se atreven a salir de sus casas por la noche (o incluso durante el día) por temor a verse atrapados en el fuego cruzado, como a las elites que se han convertido en objetivos para la extorsión.3 Los secuestros están considerablemente en ascenso. Aunque la mayoría de los secuestros están vinculados al tráfico de drogas (para intimidar y coaccionar a los miembros de las bandas y a los participantes involuntarios para garantizar que ofrecen los servicios prometidos), parece que también están aumentando los secuestros para conseguir un beneficio económico, por exiguos que sea, lo cual indica que nos encontramos dentro de una espiral de violencia y criminalidad. Asimismo, los robos a mano armada han aumentado de forma muy considerable, igual que los índices de asesinatos. Cada vez es más fácil cometer actos violentos ya que el estado se ve superado por las circunstancias, el efecto disuasorio de las penas por ley ha disminuido y social y culturalmente la violencia está cada vez más a la orden del día.

La sociedad civil se encuentra bajo una seria amenaza, y en México el número de periodistas asesinados es de los más elevados del mundo. La estructura policial y judicial se ha visto amenazado de modo similar, y los funcionarios públicos se enfrentan a la misma elección terrible a la que se tienen que enfrentar con frecuencia los funcionarios públicos en zonas con elevadas tasas de crimen y violencia: plata o plomo, es decir, aceptar un soborno o ser asesinado. Dado el elevado grado de corrupción existente en la estructura mexicana de orden público, dicha presión se vuelve mucho más intensa. En algunas zonas de México, la situación de la seguridad se ha deteriorado de forma tan significativa que existen evidencias anecdóticas de que los mexicanos de ingresos medios, no sólo las clases altas, están abandonando México para irse a Estados Unidos debido a la ausencia de seguridad en su propio país (a pesar de la crisis económica en los Estados Unidos y la resultante pérdida de oportunidades de empleo al norte de la frontera.4 Aunque la mayoría de la violencia está localizada en gran medida a lo largo de las rutas críticas del tráfico de drogas, pocas zonas de México son ahora inmunes a la violencia relacionada con las drogas.

Los costes económicos para México también han sido sustanciales. Los estados mexicanos afectados de forma más significativa por la violencia parecen haber empezado a experimentar una reducción de la actividad económica, por ejemplo en la disminución de las inversiones, el turismo y el aumento drástico en el coste de operaciones como el alquiler de protección, los rescates, y los costes de los guardaespaldas. No obstante, es en el terreno de la seguridad pública donde el tráfico de drogas es más pernicioso y donde la situación mexicana es más grave.

Parte de la violencia también se está extendiendo al otro lado de la frontera hasta los Estados Unidos. Las patrullas fronterizas cada vez deben enfrentarse más a menudo a traficantes de drogas armados. Es posible que hasta un 90% de las armas de fuego utilizadas por las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas5 hayan sido adquiridas en Estados Unidos. Los asesinatos y los secuestros de residentes de EE.UU. que se ven envueltos en el tráfico de drogas, o de sus familiares, han aumentado de forma espectacular. Lo mismo ocurre con los secuestros de inmigrantes ilegales que, en ocasiones, son raptados en masa por los coyotes (traficantes de personas) y son retenidos para obtener rescates mediante la extorsión a sus familiares residentes en Estados Unidos. Cada vez más, los coyotes obligan a los inmigrantes ilegales a transportar drogas (principalmente marihuana) como pago. Debido a su implicación en actos ilegales, es probable que ninguno de esos grupos denuncie muy a menudo los numerosos raptos y secuestros. Dichos crímenes están goteando cada vez más desde las comunidades fronterizas a los estados fronterizos de EE.UU. El número de secuestros en Phoenix, Arizona, por ejemplo, se triplicó de 48 en 2004 hasta 241 en 2008.6 Las guerras por los territorios de drogas entre las organizaciones de traficantes de drogas están empezando a ocurrir en las principales ciudades de EE.UU., como Dallas, Texas. De todos modos, la violencia y criminalidad en el lado estadounidense de la frontera sigue siendo relativamente baja, y están lejos de los niveles en México.

El debate político sobre cómo atajar el tráfico de drogas y la violencia en México con frecuencia combina tres cuestiones políticas bien diferenciadas. Tratar estos asuntos sugiere estrategias diferentes.

Las tres cuestiones políticas bien diferenciadas son:

  1. cómo desbaratar considerablemente el suministro de drogas a EE.UU., reducir el consumo de sustancias ilegales en EE.UU., y disminuir el tráfico global de drogas;
  2. cómo desviar el tráfico de drogas desde México; y
  3. cómo reducir la violencia en el mercado de las drogas de México y eliminar el crimen en México hasta niveles razonables.

Objetivo Uno: Reducir el consumo en EE.UU. y a nivel global. La clave para tener éxito y lograr el Objetivo Uno es, por supuesto, una reducción considerable de la demanda de drogas en EE.UU., Europa y cada vez más en cualquier otra parte del mundo. Más allá de los países consumidores de drogas que tradicionalmente han sido identificados como lugares de consumo, como los países de la Europa Occidental y los Estados Unidos, Irán y Pakistán llevan mucho tiempo siendo países de consumo significativo. Nuevos y grandes mercados de consumo han surgido en Rusia y Asia. En Latinoamérica, países que anteriormente habían sido solamente países de origen y tránsito, como Brasil, también se han convertido en mercados consumidores sólidos e importantes. El consumo en el propio México está aumentando en la actualidad: como el suministro de drogas se ha incrementado, éstas se han convertido en una forma de pago en el comercio ilegal, y no existen políticas de prevención y tratamiento. De hecho, del mismo modo que los países tradicionalmente consumidores del oeste y del norte, y quizás en mucha mayor medida, los nuevos países consumidores han abdicado con frecuencia de la responsabilidad de emprender unos enfoques sólidos de prevención, tratamiento y reducción de la demanda. Además, los nuevos mercados reciben una atención y unos recursos mínimos.

Objetivo Dos: Desviar el tráfico de drogas de México. El Objetivo Dos es sumamente difícil de lograr puesto que EE.UU. es un mercado de consumo dominante a nivel global y específicamente de sustancias ilícitas de Latinoamérica. Desde la perspectiva de las organizaciones traficantes de drogas, la frontera de México es demasiado estratégica como para abandonarla. Además, la frontera es extensa y sus terrenos desérticos, montañosos y fluviales son demasiado difíciles para permitir que la frontera se cierre a excepción de los pasos legales, incluso con el vallado fronterizo que está en construcción en la actualidad. Al mismo tiempo, la circulación de mercancías y personas por la frontera es demasiado elevada y económicamente importante para permitir la inspección de la mayoría de los vehículos en los pasos legales.

Siempre existe la posibilidad de reabrir la ruta del Caribe a través de la que la mayoría de las drogas eran canalizadas hacia Estados Unidos durante los años ochenta y a principios de los años noventa antes que EE.UU. emprendiese amplios esfuerzos de intercepción aérea y marítima en el Caribe. El uso en aumento de semisumergibles para transportar cocaína desde las costas de Colombia o desde las costas de América Central hasta Estados Unidos ya indica que las organizaciones traficantes de drogas vuelven a tener interés en la ruta del Caribe. Sin embargo, el nivel de seguridad policial existente en esa zona y, de forma más significativa, la proximidad de la frontera mexicana con Estados Unidos convierte a la ruta de México en una vía demasiado conveniente para que los traficantes la abandonen. Además, si tuviese lugar dicho desvío a través del Caribe, probablemente ocasionaría crecientes niveles de corrupción y violencia por toda la nueva ruta, trasladando los problemas de México a los estados más vulnerables de América Central y del Caribe.

Objetivo Tres: Reducir el nivel de violencia en México y eliminar el crimen hasta niveles razonables. Es posible que el estado mexicano tenga una mayor capacidad para influir en el desarrollo del Objetivo Tres. Asimismo, es en este campo en el que la actuación del estado mexicano es absolutamente crítica puesto que la consecución de la seguridad ciudadana es la función irreducible del estado.

Paradójicamente, las estrategias para lograr los objetivos dos y tres pueden resultar un tanto contradictorias, al menos a corto plazo. Un mercado ilícito muy violento, como en el México actual, es perjudicial no sólo para la economía legal, sino que también lo es para la ilegal. Las persistentes luchas entre las organizaciones de tráfico de drogas y la eterna confrontación violenta entre dichas organizaciones y el estado podrían provocar que dichas organizaciones buscasen una ruta más pacífica y con menos seguridad policial. No obstante, dicho resultado no mejoraría necesariamente la seguridad ciudadana en México. Por otro lado, una reducción global en la demanda es crítica no sólo para el Objetivo Uno, sino que también será de enorme ayuda para los Objetivos Dos y Tres. Claramente, la reducción en la demanda debe convertirse en el centro de la política antidroga de EE.UU. tanto dentro como fuera del país.

No obstante, en el resto del artículo, me concentraré principalmente en el Objetivo Tres (reducir la violencia en México) y en la estrategia directa para conseguirlo. En primer lugar describiré la economía ilegal de las drogas en el México actual. En segundo lugar, contrastaré la situación de México con la de Colombia y con el Plan Colombia, con el que se compara a México con frecuencia. Expondré que aunque los análisis de política pública centran las comparaciones y extraen lecciones del Plan Colombia, la mejor analogía para México es Colombia antes del Plan Colombia, a finales de los años ochenta y a principios de los noventa. En cuarto lugar, ofreceré una breve descripción de la respuesta mexicana y la Iniciativa Mérida. Concluiré ofreciendo algunas recomendaciones para una nueva estrategia en México.