Reducción de la violencia urbana: lecciones desde Medellín, Colombia

El siguiente artículo pertenece a una serie de cuatro informes basados en el trabajo de campo de Vanda Felbab-Brown en distintas regiones de Colombia en enero de 2011. Aquí, visita las comunas de Medellín. Lea también su análisis sobre seguridad en Nariño; su viaje a la frontera de Colombia con Venezuela donde el contrabando está descontrolado; y su síntesis sobre la estrategia de seguridad nacional del gobierno de Santos.

Cuando uno camina por las calles de las comunas de Medellín, puede apreciar con sorpresa cuánto más desarrollados se encuentran estos vecindarios pobres y libres de delincuencia en comparación con las favelas de Río de Janeiro, los barrios de Ciudad Juárez o las barriadas de Johannesburgo. Las empinadas calles son anchas y están pavimentadas, y más del 90 por ciento de la población cuenta con servicios de electricidad, gas y agua. Aun asi y a pesar de la admirable distribución de bienes públicos y otros cambios loables en las políticas de Medellín producidos durante la última década, los casos de homicidios y otros hechos de violencia han vuelto a aumentar. En un clima en el que la delincuencia urbana omnipresente constituye cada vez más un fenómeno del siglo XXI y en el que las “tierras de nadie” urbanas representan importantes amenazas para la seguridad pública, Medellín es una fuente de lecciones útiles sobre la efectividad de las políticas urbanas y sus desafíos.

En 1991, en plena guerra de Pablo Escobar contra el estado colombiano, el cartel de Cali y el surgimiento de los comandos paramilitares, la tasa de homicidios de Medellín rebasaba todos los límites. Con 381 homicidios por cada 100.000 habitantes, era 40 veces superior al marcador de tasa “epidémica” de la ONU, que era de 10 por cada 100.000. Posteriormente, hasta alrededor del 2007, el nivel de violencia disminuyó, en parte debido a la muerte de Escobar y la toma del poder de los vecindarios pobres por parte del notorio narcotraficante y líder paramilitar Don Berna. En 2002, la milicia colombiana expulsó a las FARC-las fuerzas de guerrilla de la izquierda de Colombia- de la ciudad mediante la Operación Orión del presidente Álvaro Uribe. La operación también suprimió una de las fuentes de violencia: la lucha entre los comandos paramilitares de Don Berna y las FARC. La declaración posterior de Don Berna de un cese del fuego, como parte de la desmovilización de las fuerzas paramilitares de Colombia, redujo aun más los homicidios y los secuestros.

Durante ese período de aumento en los niveles de seguridad, los alcaldes de Medellín Sergio Fajardo y Alonso Salazar pusieron en marcha una serie de políticas admirables que estuvieron ampliamente financiadas por la rica ciudad y el gobierno de España. Construyeron el Metrocable yotras infraestructura para las comunas asi como la famosa biblioteca pública, la cual permite que la juventud maltratada y combativa de las comunas cuente con un espacio seguro para estudiar, ingresar a internet y participar en actividades extracurriculares. La comunidad en general tenía un lugar en el que podía organizarse, y en cual se podía nutrir la sociedad civil. La presencia policial aumentó en las comunas, y se emprendieron tareas para combatir la corrupción. A pesar de todos estos esfuerzos, los homicidios se encuentran en alza desde el 2007, y a partir del 2009 (cuando se obtuvieron los datos disponibles más recientes), llegan a 100 por cada 100.000, una tasa prácticamente seis veces superior a la de Bogotá.

Existen varios motivos que explican el aumento de la violencia y los obstaculos para la efectividad de las políticas urbanas de Colombia.

El motivo más importante es que la relativa paz de Medellín no se produjo fundamentalmente como consecuencia del cumplimiento de la ley, sino como resultado de los cambios de políticas adoptados por los delincuentes más famosos de Medellín. La decisión de Don Berna de mantener bajo el nivel de delincuencia violenta, su control absoluto sobre un millar de actividades ilicitas en Medellín, desde los secuestros hasta el robo de máquinas tragamonedas y cajeros automáticos, y su habilidad para hacer que las diversas pandillas de narcotraficantes divididas de Medellín respetaran sus decisiones redujeron la violencia mientras él asi lo quiso. Sin embargo, cuando lo extraditaron a los Estados Unidos en 2008, perdió su interés y su capacidad para hacer cumplir con el cese del fuego. La razón de gran parte del aumento de la violencia es la posterior intensificación de la división de las pandillas de delincuentes en el centro de Medellín y sus luchas por el control de los territorios y los actividades ilicitas, especialmente la de los dos nuevos capos máximos, Sebastian y Valenciano.

En segundo lugar, el aumento de la presencia policial en las comunas produjo poca confianza entre los habitantes. Después de todo, las pandillas de narcotraficantes aún superaban ampliamente en número a las fuerzas policiales , que a menudo patrullaban justo al lado de las mismas pandillas, lo cual despertaba sospechas de la existencia de corrupción y relaciones estrechas entre los delincuentes, los comandos paramilitares y las fuerzas policiales de la ciudad. La población de las comunas temía a los policías, pero no colaboraba con ellos.

Tercero, combatir la corrupción es extraordinariamente complicado, especialmente cuando domina a los organismos policiales. Para ello, se necesita un liderazgo sostenido que recompense y de prioridad a de prioridadla reducción de la corrupción, en lugar de sólo ocuparse de disminuir el nivel de homicidios, lo cual puede lograrse a través de pactos con las pandillas de criminales. Supervisión y monitoreo intensivo a nivel del control/estación policial también son necesarios. Por último, la justicia y los sistemas penitenciarios deben ser capaces de procesar, encarcelar y reformar efectivamente a los infractores de la ley.

Por ultimo, es importante extender el desarrollo económico a los espacios urbanos marginales. De ese modo, se fomenta la aceptación del estado por parte de la comunidad. Pero esos esfuerzos serían insuficientes si la autoridad y el control de la violencia continuaran en manos de los delincuentes. El desarrollo eficaz también depende de una gran concentración de recursos calle por calle. La dispersión de una clínica por aquí y un generador eléctrico por alla solo representará una dádiva política que no modificará la vida de la comunidad. Las pandillas de narcotraficantes incluso pueden beneficiarse políticamente de esas dádivas limitadas al presentarse ante la comunidad como los responsables de haber negociado el patrocinio del estado. Aun más importante y desafiante es que el renacer urbano requiere que a la comunidad se les proporcione una cantidad de trabajos legales lo suficientemente amplia, de modo que el empleo y el desarrollo social no continúen ligados a las economías ilegales.

La administración del presidente Juan Manuel Santos identificó la reducción del crimen urbano como una prioridad de seguridad clave. El Jefe de la Policía Nacional de Colombia, Oscar Naranjo, ha reveladoun plan policial bastante promotedor, el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que se basa en la prevención del delito, la policía comunitaria y la inteligencia local. Se trata de pasos importantes que pueden amplificar las políticas progresivas de los alcaldes de Medellín.

Pero Colombia también necesita reconsiderar como define el control estatal y qué más debe hacer para permitir que las comunidades históricamente olvidadas y marginadas se identifiquen con el estado y el comportamiento legal.