Revista de Migraciones Forzadas

Darfur a debate

INTRODUCCIÓN

Los enconados debates mantenidos por las comunidades humanitarias y de derechos humanos se centran en el número de víctimas de Darfur, el uso del término “genocidio”, la eficacia de las soluciones militares en comparación con las políticas y en analizar hasta qué punto la defensa de los derechos humanos puede debilitar los programas humanitarios sobre el terreno.

En una situación de emergencia es esencial conocer el alcance del desastre, el número de civiles que han perdido la vida y las causas de la muerte. Sin embargo, en la crisis de Darfur ha sido especialmente difícil afirmar con certeza el número de personas que han perecido y los motivos. El Gobierno de Sudán, habiendo participado directamente en la limpieza étnica, ha sido el principal obstáculo en la recopilación de estadísticas de mortalidad fiables. Mientras que se determinaron con precisión las bajas provocadas por el conflicto entre Israel y Hezbolá en 2006, lo que permitió que familias y comunidades lloraran por los fallecidos, el régimen de Omar Hassan al-Bashir se esfuerza, de forma sistemática, por encubrir el total de muertos en Darfur. El Gobierno de Sudán afirma que han muerto tan sólo 9.000 personas. Sin embargo, las Naciones Unidas declaran que han perdido la vida más de 200.000 personas, mientras que Amnistía Internacional cifra los muertos en 300.000 (95.000 asesinados y más de 200.000 fallecidos por el hambre y las enfermedades generadas por el conflicto) y Save Darfur Coalition, un grupo que abarca varias ONG,1 estima que son 400.000.

Esta amplia disparidad en las estadísticas ha generado intensas disputas sobre el modo en que se han elaborado, los periodos de tiempo utilizados y si se han incluido todas las causas de muerte (sólo los asesinatos o también el hambre y las enfermedades). Infravalorar deliberadamente las cifras puede contribuir a la desmovilización internacional pero, por otro lado, exagerar el número de víctimas para hacer sonar la alarma puede socavar la credibilidad y poner en duda todas las estadísticas. Asimismo, puede obstaculizar el diálogo constructivo y empujar al régimen sudanés a imponer mayores dificultades a la hora de distribuir la ayuda, ya que no distingue entre grupos de defensa de los derechos humanos y proveedores humanitarios.

El debate en torno a las estadísticas pone de relieve la ausencia tanto de un sistema de recopilación de información estandarizada, como de un organismo de autoridad internacional con la capacidad y responsabilidad para recabar y difundir datos de mortalidad y morbilidad en situaciones de emergencia. Sin un organismo de este tipo, los diferentes actores implicados, ya sean gobiernos, agencias de las Naciones Unidas, ONG o expertos, continuarán elaborando sus propios cálculos de mortalidad ad hoc en casos de emergencia, con lo cual nadie conocerá a ciencia cierta el alcance de la crisis.

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